Para sacar del mercado dos meses de stock y tonificar los precios, el Gobierno provincial anunció que comprará vinos, a la vez que implementará un subsidio de cinco centavos de dólar por litro para el transporte del vino hacia el puerto de Buenos Aires.
En esencia, lo que el Ejecutivo busca es ingresar a la actual vendimia con precios tonificados, estableciendo inclusive un piso de 2,70 pesos de contado y 3 pesos financiados, en cinco meses, a partir de marzo. La medida está destinada a pequeños productores de hasta 20 hectáreas que son quienes resultan más golpeados cuando los valores del vino no alcanzan para cubrir sus costos de producción.
La historia marca que la intervención del Estado en la industria del vino ha sido permanente. Cabe recordar las épocas en que, por superproducción, el Gobierno decidía la fijación de bloqueos, prorrateos y cupificaciones, mientras paralelamente usaba a la bodega estatal Giol para regular los precios. Y aún a pesar de que existía un consumo interno de casi 90 litros per cápita, la industria no lograba superar la crisis.
El primer gran cambio -favorable por cierto- se produjo cuando, durante la gestión de José Octavio Bordón, se dispuso la entrega de la bodega Giol a las cooperativas y paralelamente, también, por impulso del Gobierno en acuerdo con el sector privado, la industria salió a ganar mercados externos.
A partir de allí y durante dos décadas, el avance de la industria fue exponencial. Con reglas de juego claras, las exportaciones crecieron a razón de dos dígitos por año y de aquellos pocos miles de dólares se pasó a más de mil millones de dólares anuales por la salida de vinos al exterior. El avance permitió también alcanzar, en 10 años, los objetivos que el Plan Estratégico Vitivinícola se había fijado para dos décadas. Proliferaron fuertes inversiones, tanto en tecnología en bodegas como en fincas y se produjo una fuerte reconversión de viñedos hacia variedades finas.
Hubo años con inconvenientes para los productores, pero no eran la generalidad y en muchos de los casos los problemas alcanzaban a aquellos productores que contaban con variedades de menor valor enológico y con producciones similares a las de los varietales.
Sin embargo, en el último lustro los problemas se profundizaron como consecuencia de medidas equivocadas por parte de la conducción económica nacional que golpearon con fuerza sobre las economías regionales.
La vitivinicultura no quedó exenta de la situación. Las exportaciones dejaron de crecer, se mantuvieron primero en una meseta y ahora los números advierten sobre una fuerte caída. Y aunque en el global las exportaciones signifiquen menos del 25% del vino que se elabora anualmente, son las que marcan la tendencia sobre el precio del total de los caldos.
Con la decisión de comprar vino, el Gobierno intenta ahora ingresar con mayor tranquilidad a la vendimia, anticipándose a posibles reclamos de parte de los productores. Pero actúa obligado por las circunstancias, cuando, de haber escuchado en su momento a los propios actores de la industria, la situación pudo haberse anticipado de manera casi natural.
Desde hace meses que los sectores reclamaron mejores condiciones de exportación para “sacar” esos dos meses de despachos a través de la exportación de graneles y también hace meses que reclamaron por el costo del transporte, en razón de que sale más enviar una carga desde Mendoza al puerto que desde Buenos Aires a Europa. Si el Gobierno hubiese reclamado con la fuerza que corresponde ante las medidas nacionales que afectan a la región, quizás no hubiese hecho falta acudir a medidas extremas, tal cual intervenir en el mercado, como está sucediendo ahora.
