La Cámara de Diputados, por iniciativa de la legisladora Marcela Fernández (UCR), distinguió a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por los compromisos asumidos para la erradicación del trabajo infantil.
Pero además, lo que es muy importante, se presentó un proyecto de protocolo para facilitar la denuncia del trabajo infantil.
Como se ha expresado más de una vez en estas columnas, en la Argentina el 10% de los infantes tiene o desarrolla un trabajo, lo que es a todas luces ilegal.
Ese es uno de los resultados de la más reciente Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (Eanna), que data de 2017.
El tema, por supuesto, también registra vigencia en Mendoza, donde se mantiene la participación de menores en tareas rurales, con menor proporción que en el pasado, pero sin poder ser erradicadas.
Por eso, la diputada citada ha presentado un proyecto de ley que pretende suprimir estas prácticas en nuestro territorio y ampliar los protocolos de actuación para casos de trabajo infantil.
El año pasado se registraron 54 situaciones de alto riesgo, de menores trabajando en Mendoza, y aunque a alguien puede parecerle escaso ese número de violaciones a los derechos de los niños, hay que llegar al nivel cero de ocupación infantil. Por eso legislativamente se pide que las estadísticas sean públicas, que puedan registrarse.
Existen mitos sociales o culturales que mal definen la ocupación laboral de los chicos, que sostienen que es mejor que trabajen un poco, así conocen oficios y forman su carácter y personalidad.
Algo falso de toda falsedad: los chicos deben ocupar su tiempo en las obligaciones del estudio y en jugar en sus momentos de ocio.
Es una práctica deleznable que sin embargo aún hoy no se puede frenar, a pesar de estar sancionada en la ley 26.390 Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (modifica las leyes 20.744, 22.248, 23.551, 25.013 y el decreto ley 326/56).
Los profesionales que estudian esta realidad advierten en las actuales circunstancias la falta de conciencia o de alarma por parte de la sociedad en su conjunto ante esta situación, basada en experiencias subjetivas sostenidas por errores conceptuales a los que nos hemos referido y que sostienen por ejemplo: “es mejor que un niño trabaje a que esté robando”, “es bueno que tenga dinero para sus gastos”, o “el trabajo desde chiquitos les fortalece el carácter, favorece la maduración”.
Pensar así promueve una connivencia indirecta del flagelo y se opone a la labor de concientización que realiza la Subsecretaría de Trabajo y Empleo mediante la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente (Copreti). Se ha podido de esta forma avanzar en materia de abordaje e intervención tanto del sector público como del sector privado.
Por eso la diputada Fernández insiste en disponer por ley el “Protocolo de actuación ante la detección de Trabajo infantil y la falta de protección del Trabajo Adolescente en Mendoza”.
En síntesis, la iniciativa, de concretarse, podría hacer más viable la denuncia de casos como los narrados al disponer de una fórmula de actuación en cada dependencia ante la denuncia comprobada de un hecho de labor infantil.
También le brindará a la provincia la posibilidad de contar con un protocolo de actuación con fuerza de ley.
