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Insólito robo en una heladería de Las Heras: un cliente entró al baño y se llevó el inodoro
hace 2 horas
La complejización de las relaciones sociales hace tiempo que se refleja dentro de las escuelas. La realidad marcó la necesidad de delinear un protocolo de acción que establezca los pasos más adecuados a la hora de afrontar casos de violencia escolar y abuso sexual que surjan dentro de los establecimientos.
La iniciativa que hace tiempo viene gestando el gobierno escolar en conjunto con el Consejo Provincial de Educación (integrado por representantes de partidos políticos, universidades, gremios docentes, asociaciones de colegios privados y legisladores) será finalmente mostrada a los supervisores de las escuelas este jueves para luego atravesar un camino de evaluación de los docentes de todos los niveles con el objetivo de que puedan hacer sus aportes.
El último caso de abuso sexual en una escuela de Las Heras, donde una maestra fue denunciada por "tocar las partes íntimas" a niños de jardín (según denunciaron los padres), aceleró el mecanismo para poner a disposición de los colegios el "Protocolo de procedimiento para situaciones emergentes en el ámbito escolar".
Luego de exponerlo ante los supervisores, la Dirección General de Escuelas (DGE) enviará el material a cada una de las escuelas de la provincia el viernes para que docentes y directivos puedan ir leyendo el protocolo que será analizado y debatido en el marco de la “Jornada de Reflexión Institucional” que se realizará el próximo 28 de agosto. En ese encuentro participarán profesores y alumnos de las secundarias y maestros de escuelas de nivel inicial y primario.
"Es importante la participación de todos los actores. Se trata de una resolución que va a determinar cuáles son los casos más tipificados de violencia que puedan surgir para determinar cuál es el procedimiento que tiene que hacer cada establecimiento para intervenir en la resolución del caso, en la investigación o en la sanción", detalló la directora general de escuelas, María Inés Abrile de Vollmer durante una presentación en el Bustelo.
La funcionara detalló que el protocolo abarcará situaciones como las agresiones entre alumnos, de docentes a padres y de padres a docentes, de abuso sexual dentro de las escuelas y también en la familia, la ciberviolencia, casos de consumo de drogas, portación de armas, trabajo infantil y trata de personas, entre otros.
En este contexto es que en julio la Dirección General de Escuelas también envió al Poder Ejecutivo un proyecto de ley para modificar el Código de Faltas y que se considere como tal la agresión tanto física como verbal a un docente o directivo escolar. Así surgió como respuesta a un pedido constante de los maestros de la provincia, que ven amenazada su tarea educativa por distintos hechos de violencia.
La iniciativa propone como pena 30 días de arresto o una multa de $ 3.000 para el agresor, según lo determine el juez. Además, pretende que se sancione al padre que no retira a sus hijos a tiempo con la misma pena.
