Falta una semana para que la Cámara de Diputados de la Nación discuta en el recinto la legalización del aborto. Sin embargo, Mendoza no logra aún ponerse de acuerdo si adhiere o no al protocolo para atender casos de abortos no punibles.
A tal punto es así que ya se acumulan tres proyectos en la Legislatura local. E incluso uno logró una primera sanción en Diputados, pero no tuvo más avances.
Ayer ingresó a la Cámara Baja -y seguramente hoy obtendrá estado parlamentario- una iniciativa del referente kirchnerista de Podemos Vivir Mejor, Lucas Ilardo.
La propuesta, con consenso en distintas fuerzas, se agrega al proyecto que en 2014 presentó la ex senadora del FIT, Noelia Barbeito. El texto de la líder del PTS avanzó en la Comisión de Género de la Cámara Alta, con despacho favorable unánime. Pero nada garantiza que pase los filtros de las comisiones de Salud y de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
De hecho la propia vicegobernadora, Laura Montero, lamentó las demoras. "El proyecto no avanza y no podemos hacernos más los distraídos con este tema", expresó.
Existe otro proyecto más antiguo aún. Es el que escribió en 2012 la entonces diputada radical Liliana Vietti. Su propuesta, "de mucho consenso" según recordó ella, logró sanción de la Cámara. "Lamentablemente en el Senado -escándalo mediante- no se aprobó y se archivó", indicó.
"En Diputados hubo una discusión con altura, más allá de las diferencias, pero en el Senado se vio lo peor de la sociedad", resaltó. "Y parte de ese triste papel lo tuvo la Iglesia", quiso dejar en claro Vietti, que de todos modos reconoció que "hoy los tiempos han cambiado" y ve factible que el proyecto avance. "Sobre todo por el entorno de la discusión de la legalización del aborto", añadió.
Antes de dejar su banca en 2015, Vietti volvió a presentar el proyecto. "Debe estar también en el archivo", dijo.
El proyecto de Vietti, de julio de 2012, fue el primero tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de marzo de ese año.
Ese dictamen habilitó a las provincias a adherir a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles, que el Gobierno nacional había elaborado en 2010.
Hacía referencia además al artículo 86 del Código Penal, que desde 1921 señala que en el país, el aborto es legal cuando se realiza "con el fin de evitar un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios, y cuando el embarazo proviene de una violación".
Agrega además los casos en que el embarazo "provenga de un atentado al pudor sobre mujer idiota o demente".
Desde 2012 hasta ahora, se han multiplicado de manera recurrente los pedidos para adherir al protocolo nacional.
La última solicitud se dio la semana pasada, como repercusión del caso de una nena de 11 años que su padrastro violó.
El hecho se conoció luego de que otro similar que se produjo en Salta, llevó al Gobierno del justicialista Juan Manuel Urtubey, a adherir a la guía.
Como en otras ocasiones, el pedido fue hecho por legisladores del FIT. Pero otras voces apoyan, como la de Montero. "He dicho que esta adhesión se puede sacar incluso por decreto del Gobierno", resaltó.
Más consenso
El proyecto que ayer presentó Ilardo no difiere mucho del de Barbeito ni del de Vietti.
En apenas tres artículos se incita a que Mendoza adhiera a la guía mencionada.
Y establece que la autoridad de aplicación y control será la Subsecretaría de Salud.
Lo que tiene de notable es que, además de la firma de Ilardo y sus pares de Podemos, aparecen integrantes de otras fuerzas, como Macarena
Escudero (FIT), Mario Vadillo (PI), y Patricia Galván, del peronismo. Aunque la más llamativa es la del presidente de la Cámara, Néstor Parés, indiscutido referente legislativo del gobernador Alfredo Cornejo.
“Su firma es muy importante desde lo simbólico y lo político”, destacó Ilardo.
Parés lo corroboró. “El apoyo es simbólico. Mi compromiso es trabajarlo y ver que lo sancionemos”, indicó.
Claves
Fallo de la Corte. En 2012, la Corte falló a favor de la adhesión de las provincias a la guía de atención integral al aborto no punible.
Seis años de discusión. Los proyectos se acumulan desde 2012 y si bien sus textos son casi iguales, las discusiones nunca permitieron avanzar hacia la aprobación plena.
Cuestión de Salud Pública. Quienes apoyan las distintas iniciativas rechazan las críticas "de conciencia" o "religiosas" por entender que es una cuestión que "debe resolver la Salud Pública".
Contexto. Los autores de los proyectos ven "favorable" el contexto de discusión en torno al aborto legal en el Congreso.
