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hace 4 horas
El restablecimiento del protocolo de aborto no punible generó otra vez un debate en las redes sociales, debido a que la diputada santafesina Amalia Granata cuestionó al ministro de Salud, Ginés González García, pero confundió la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) con el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
"Señor @ginesggarcia ya se debatió en el congreso y NO se aprobó usted quiere atentar contra la democracia y los tratados que protegen al niño por nacer NO SE LO VAMOS PERMITIR", tuiteó la mediática, al referirse al anuncio del gobierno de Alberto Fernández para poner en vigencia el protocolo que Mauricio Macri derogó.
Ante el tuit, los usuarios criticaron a la diputada debido a que confundió la ILE (la oficializada este viernes) con la IVE (proyecto de ley rechazado por el Senado en agosto de 2018).
Lo cierto es que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se refiere al conocido como protocolo de aborto no punible, que existe desde 1921 en Argentina. Sin embargo, un caso que sentó precedente sobre este tema fue el conocido fallo "FAL".
Se trata de un caso judicial surgido en Chubut, donde una joven fue violada por su padrastro cuando tenía 15 años y su madre recurrió a la Justicia para que su hija pudiera realizarse el aborto en un hospital público. Su reclamo fue rechazado en primera y segunda instancia de la Justicia de Chubut y cuando la joven cursaba la semana 20 de embarazo intervino el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial, que encuadró el caso como uno de los supuestos de aborto no punible del artículo 86 del Código Penal de la Nación y permitió la realización del aborto.
Según el artículo 88 del Código Penal se establecen penas de uno a cuatro años para la mujer que se provoque su propio aborto o consintiera que otro se lo realice. Pero el artículo 86 aclara los casos de ILE: no es delito si existe un peligro para la vida o la salud de la madre o si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer "idiota o demente".
Respecto a la objeción de conciencia es individual, la ejercen las personas y no las instituciones, según el protocolo actualizado por el nuevo gobierno.
En el caso de Mendoza, hay un protocolo propio, con puntos similares al de la Nación. El principal dato es que se han realizado más de 50 abortos no punibles en la provincia de Mendoza durante 2018.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es totalmente diferente. Como sucedió el año pasado, se debatió el proyecto de ley en la Cámara de Diputados (aprobación) y en el Senado (rechazo). El ministro González García señaló que la legalización del aborto exige un trámite parlamentario, un tiempo distinto. Pero que hay 30 muertes evitables por año y más de 50 mil internaciones muchas de las cuales son evitables.
Este año, la "marea verde" volvió a presentar el proyecto de ley de legalización del aborto con el objetivo de que la problemática sea considerada de salud pública y tenga cobertura estatal.
En otros puntos se destaca que se garantiza la IVE hasta las 14 semanas de gestación, de manera segura en todos los hospitales públicos.
La iniciativa plantea que la práctica del aborto sea incluida en el Plan Médico Obligatorio (PMO) para que se garantice su gratuidad en hospitales y centros de salud públicos y con una cobertura total para los que poseen obra social, mutual o prepaga.
Otra modificación respecto del texto de 2018 es que toda mujer u "otras identidades con capacidad de gestar" tienen derecho a acceder a la IVE.
En países como Canadá, Estados Unidos, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Australia, China, Rusia, Uruguay, entre varios más, el aborto es legal.
Las cifras del aborto en Argentina
Según el Ministerio de Salud, en la Argentina, la muerte por embarazo terminado en aborto está entre las primeras causas de muerte materna. En el 2017, las muertes por embarazos terminados en abortos representaron el 14,85% del total de muertes maternas. Sólo en 2017 murieron 30 mujeres a causa de embarazos terminados en aborto.
Se estima que en nuestro país se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año –dado que esta práctica es mayormente clandestina–, no se dispone de datos precisos.
La única información oficial disponible al respecto es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos.
Según datos disponibles de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, en el año 2015 se registraron 45.968 egresos hospitalarios por aborto. De ellos, 7.694 (16.7%) fueron egresos de adolescentes de 19 años y menos, mientras que el 26% fueron de mujeres entre 20 y 24 años.
