El debate sobre la nueva ley de Abastecimiento que propicia el kirchnerismo entró en la recta final. La media sanción que consiguió el proyecto la semana pasada en el Senado ya fue girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera darle un tratamiento exprés esta semana. Hoy, un plenario de comisiones sacará dictamen y el miércoles el expediente llegará al recinto.
“Aspiramos a tener los mismos números que para la ley de Pago Soberano”, confió a este diario un legislador de la mesa chica del Frente para la Victoria en relación a la votación que se dió el miércoles pasado y que obtuvo 134 sufragios positivos contra 99 negativos.
Aunque hay especulaciones de que algunos diputados aliados y opositores que avalaron el “pago soberano” de la deuda podrían votar en contra de la modificación de la ley de Abastecimiento de 1974. En el oficialismo creen que los votos negativos en ningún caso superarán a los positivos y por ello se muestran confiados.
En vistas de que el kirchnerismo tiene todas las chances de ganar también la pulseada por la ley que le da amplias facultades a la Secretaría de Comercio para intervenir en todos los momentos de la cadena de producción, distribución y comercialización de un bien, la oposición escuchó a las principales cámaras empresarias del país, a juristas y a asociaciones de consumidores en una reunión organizada por la UCR y comandada por la presidenta de la Comisión de Defensa de Usuarios y Consumidores, la cordobesa Patricia de Ferrari.
“Todavía tenemos siete días para impedir que la ley se apruebe”, lanzó el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Rubén Ferrero. Lo escuchaban los diputados radicales Mario Negri, Patricia Giménez, Francisco Torroba, Gustavo Valdez y Ricardo Buryaile.
Este último legislador, que proviene del ruralismo, aseguró: “Esta ley es peor que la resolución 125 porque acá no hay un intento de apropiación solamente de la renta sino de la libertad de comerciar”. También estuvo escuchando a las cámaras empresarias la delasotista Blanca Rossi (Unión por Córdoba).
Una lluvia de pedidos de los empresarios para que la ley no sea aprobada el próximo miércoles recayó en los legisladores opositores, que les recordaron que es el oficialismo quien controla la Cámara.
Por eso, las espadas de la UCR les pidieron a los hombres de negocios que agudicen su capacidad de lobby. “Ustedes tienen relación con los gobernadores de sus provincias, llámenlos”, les dijo De Ferrari y el titular de la CRA, Ferrero, se mostró convencido de que ese es el camino a seguir en los próximos días.
“El miércoles vengan a la sesión, no nos dejen solos porque será muy difícil”, agregó la cobista Giménez.
“Esta ley no defiende al consumidor, como nos quiere hacer creer el Gobierno, sino que lo perjudica. Lo que favorece a un consumidor es que haya más bienes y servicios y la competencia entre los productos y para esto es necesaria una mayor inversión. Pero esta ley va en contra de todo eso”, dijo Miguel Campos de IDEA.
La delasotista Rossi le dio la razón: “El consumidor tiene que poder controlar él mismo los precios eligiendo qué le conviene a su bolsillo. Pero cuando el Estado se metió a intervenir todo, como hace más de 30 años, no se conseguía ni azúcar”.
“En el mundo empresario hay una unanimidad de opiniones en contra de esta norma. Cuando en la Argentina se aplicaron medidas de estas características hubo desabastecimiento de bienes y servicios y pérdida de empleos e ingresos para los sectores más vulnerables”, sostuvo Jaime Campos, de AEA.
“Esta ley le da la suma del poder público a la Secretaría de Comercio para hacer lo que quiera con una empresa, pero el Gobierno no podrá, así todo, obligarnos a invertir”, agregó Carlos Bernárdez, de la cámara que agrupa a los productores de yerba mate.
A su turno, el titular de la Sociedad Rural, Miguel Etchevehere sentenció: “Las consecuencias de las intervenciones que vivió del campo son un ejemplo que no tenemos que perder de vista si queremos erradicar para siempre este tipo de herramientas que desincentivan la producción”.
