A tres semanas de la elección legislativa, ella parece haber sucedido hace mucho tiempo. Es que la cantidad de acontecimientos que tienen lugar generan dicha percepción.
El gobierno ganó la elección y una semana más tarde, el Presidente lanzó sus reformas: previsional, impositiva, laboral, electoral, judicial, etc.
Lo hizo ante 170 empresarios, sindicalistas, políticos, académicos, eclesiásticos y funcionarios, en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Seguidamente, realizó una "reunión de gabinete ampliado" para encuadrar a los principales funcionarios.
Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados privó del fuero parlamentario al ex ministro Julio De Vido, a partir de lo cual pudo ser detenido por orden judicial. Una semana después, fue detenido el ex vicepresidente Boudou, por orden del juez Lijo. Entre ambos hechos renunció la procuradora general de la Nación (Gils Carbó).
El Senado de la provincia de Buenos Aires rechazó que se sume al nuevo sistema de riesgos del trabajo. La CGT, por su parte, rechazó aspectos de la reforma laboral; expertos y políticos cuestionaron el voto electrónico propuesto por el gobierno. Entidades que representan a los jubilados criticaron la reforma previsional.
El Presidente realizó el viaje a los EEUU para promover inversiones y tras meses de dejarla acéfala, designó un empresario para la Embajada en Washington. Se reunió con los gobernadores, iniciando la negociación, con buena predisposición entre las partes.
En política hay un tiempo objetivo -el que transcurre en el almanaque- y otro subjetivo, el que aleja o acerca los hechos transcurridos en la percepción, y ello sucede cuando los acontecimientos son muy rápidos.
El gobierno está dispuesto a negociar y a ceder, pero su objetivo "innegociable" es la reforma previsional. Desde la elección, el mismo gobierno explicitó que su intención era acordar las reformas y no imponerlas.
Lo dijo el Presidente en su conferencia de prensa al día siguiente de la elección al decir "todos vamos a tener que ceder un poco" y lo ratificó una semana más tarde en el CCK. La semana pasada, el jefe de Gabinete (Peña), al informar al Senado, ratificó que la intención no era "imponer" sino "consensuar".
Por su parte el ministro de Hacienda dijo: "No somos los dueños de la verdad". La prioridad del gobierno está en la aprobación de la reforma previsional sin ceder en ella. La considera la más relevante para reducir el déficit en el largo plazo. En las demás reformas, está dispuesto a negociar, lógicamente, tratando de ceder lo menos posible y así lo está haciendo.
Al concepto del "reformismo acelerado" que se manejó dentro del gobierno después de la elección, el jefe de Gabinete agregó el de "reformismo permanente", que implica avanzar en todos los frentes simultáneamente, lo que lleva a diversas negociaciones en paralelo y la presentación de nuevas iniciativas sobre las ya planteadas.
También se ha ratificado que son los gobernadores y la CGT los límites políticos en esta negociación. A último momento -el fin de semana posterior a la elección- se cambió el concepto de la reforma laboral, que era evitar el Congreso. Se decidió reformar la Ley de Contrato de Trabajo, para permitir acuerdos que reduzcan el monto de la indemnización por despido y disminuir el contenido de convenios colectivos.
No parece probable la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner. El Senado tiene la doctrina que no se puede quitar el fuero a un senador si no tiene condena firme -para que ella la tenga hacen falta años- y el ministro de Justicia ha dicho que no ve causa para que se pida su desafuero.
La CGT, que reúne a los gremios más importantes que están identificados con el peronismo, rechazó la reforma, pero sin cerrar la puerta a una negociación ni convocar medidas de fuerza, como sí ha dispuesto llevar adelante el sindicalismo combativo nucleado en las dos CTA.
Los gobernadores, por su parte, plantearon diversos reparos a la reforma impositiva, siendo el del aumento de impuestos al vino, encabezado por un gobernador oficialista (el de Mendoza) el de mayor impacto y el gobierno nacional cedió.
Ahora esperará al 10 de diciembre, cuando entre en funciones el nuevo Congreso, con la incorporación de los legisladores electos el 22 de octubre.
En el campo empresario surgieron diversos reclamos frente a las propuestas del gobierno, pero la entidad que reúne a las grandes empresas (AEA) lo respaldó. El Presidente en su comitiva a Nueva York, incorporó gobernadores opositores importantes (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) y también legisladores, para mostrar ante inversores que los acuerdos son posibles.
Pero es en la Justicia donde el Ejecutivo ha logrado más avances y se ha movido con mayor velocidad. Hace cuatro décadas -desde el final del último gobierno militar- que la Justicia en Argentina -sobre todo en el fuero federal, donde se sustancian las causas de mayor contenido político- se mueve de acuerdo al contexto político.
La regla es que acompaña a los gobiernos, cuando se inician y mientras están fuertes, y comienzan a cuestionarlos cuando se debilitan y se van. Es así como los mismos jueces que postergaban y absolvían al kirchnerismo hasta 2015, ahora operan en línea con el Ejecutivo. Sin un triunfo claro del gobierno en la elección, difícilmente estarían presos De Vido y Boudou ni hubiera renunciado la procuradora.
El Colegio de Abogados pidió la remoción de los jueces Rafecas y Lijo y dos días después el último detiene a Boudou, en un operativo de corte espectacular que llevó al mismo Presidente a ordenar se investigue quién había filtrado fotos humillantes de su detención. Pero al mismo tiempo, tanto el titular de la Corte Suprema (Lorenzetti) como el único juez federal que enfrentó al kirchnerismo (Bonadio) respondieron a las críticas del ministro de Justicia (Garavano) a la "lentitud" de la Justicia.
El oficialismo pretende reformar la Justicia, pero para ello necesita en última instancia dos tercios del Senado, lo que está lejos de tener en el bienio 2018-2019. El rechazo en el Congreso del proyecto de ley para reformar el Ministerio Fiscal, anticipa que no es fácil avanzar en este campo. Pero las causas de corrupción contra el kirchnerismo seguirán avanzando rápidamente en los próximos días, no siendo probable la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner.
El Senado tiene la doctrina que no se puede quitar el fuero a un senador si no tiene condena firme -para que ella la tenga hacen falta años- y el ministro de Justicia ha dicho que no ve causa para que se pida su desafuero.
En conclusión: la elección hoy ya parece lejos en el tiempo, cuando el gobierno se aboca plenamente a una negociación que retoma su estilo de 2016, cuando acordando con la oposición logró la sanción de ochenta y cuatro leyes en el Congreso, que hasta el 10 de diciembre será el mismo que entonces.
