Política
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hace 4 horas
La Corte Suprema rechazó la pretensión de la diputada y gestora de Cambiemos, Elisa Carrió, de conocer las declaraciones juradas de los jueces, y advirtió que la publicidad de esa información clave debe tener en cuenta "la debida reserva y protección que deben tener los datos personales allí consignados, también de raigambre constitucional".
Sin embargo Horacio Rosatti entregó voluntariamente su declaración jurada.
El nuevo ministro del alto tribunal declaró $ 1,1 millones a fines 2015. Tiene ocho propiedades, un auto y dinero en efectivo.
El juez declaró la mitad de cinco departamentos destinados a alquiler, una casa y una cochera en la ciudad de Santa Fe, su lugar de residencia por años. También informó la mitad de un departamento de 45 m2 en la ciudad de Buenos Aires y una propiedad de 61 m2 en Uruguay (no detalla en qué ciudad), que valuó en $ 144.000. Su único auto es un Peugeot 308, modelo 2013, que cotizó en $ 289.000.
El no a Carrió
Por unanimidad, la Corte subrayó que las declaraciones juradas patrimoniales de sus magistrados y funcionarios pueden consultarse "exclusivamente" a través de la página de Internet del Tribunal, previa identificación y justificación de quien solicite esa información.
Aunque "el Tribunal, en el ejercicio de las facultades que le son propias, podrá adoptar las medidas que estime más convenientes en orden a afianzar el principio de transparencia que inspiran las normas en cuestión, cabe señalar que la regulación de la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos, debe armonizar distintos aspectos que no se agotan en la publicidad de las declaraciones juradas y el alto objetivo institucional perseguido (...), sino que requiere la imprescindible conciliación de dichos propósitos con la debida reserva y protección que deben tener los datos personales allí consignados, también de raigambre constitucional", sostuvo.
Junto a su colega Fernando Sánchez, Carrió había reclamado el 13 de mayo pasado que hicieran públicas sus declaraciones juradas; luego consideraron insuficientes las respuestas del tribunal y a fines de agosto volvieron a insistir en su reclamo por entender que la falta de información sobre "la realidad patrimonial de los funcionarios" resultaba violatorio de los parámetros fijados por la ley de ética en el ejercicio de la función pública".
