Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
El miércoles la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto del Ejecutivo por el cual se derogan las leyes de Pago Soberano (los pagos debían hacerse en la Argentina) y la Ley Cerrojo (impedía nuevas negociaciones con quienes no habían ingresado a los canjes originales). El mismo proyecto autoriza al Ejecutivo a tomar deuda para pagar al contado a los holdouts.
Más allá de los debates, hay que reconocer que este no es el mejor arreglo, sino el único posible, porque el gobierno de Cristina Kirchner de Kirchner se encargó de cerrar todas las posibilidades de una negociación favorable.
Al negarse a negociar previamente y apostar a una sentencia favorable, cerró toda posibilidad de conseguir mejores condiciones.
Una vez que salió la sentencia en contra y la misma fue ratificada por la Corte Suprema de Estados Unidos, el gobierno de Cristina se dedicó a fustigar al juez Griesa. Es verdad que consiguió apoyo moral de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, lo cierto es que esos apoyos no son vinculantes y no obligan al juez, cuyo fallo es discutible, pero legal.
Los desplantes ante el juez generaron un agravante a la situación del país, y fue la declaración de desacato, que es muy grave en la Justicia norteamericana. Por eso este arreglo que comienza a aprobarse no era el mejor, sino el único. Además, el juez había establecido que cualquier arreglo debía contemplar el pago del 100% del capital, por lo cual solo cabía la posibilidad de negociar sobre los intereses. Este fue el estrecho margen que Cristina y Kicillof dejaron para negociar.
Por ahora el arreglo está a mitad de camino.
Resta que el Senado apruebe sin modificaciones el proyecto y que el sector de finanzas instrumente los bonos a efectos de que se pueda hacer efectivo el pago a los acreedores antes del 14 de abril. Al menos el juez Griesa ya estableció que nadie podrá trabar esos pagos ni establecer nuevos embargos.
En una semana se sabrá la verdad.
