La decisión de los países del Mercosur, de emplazar a Venezuela para que se adapte a las normas del bloque y una carta enviada por el papa Francisco impulsando el diálogo político en ese país, generan un corte en los caminos que el presidente Nicolás Maduro está buscando para continuar en el poder.
Ahora se trata de una cuestión de tiempos, porque si el cuestionado presidente logra superar el año en curso para la realización del plebiscito revocatorio, puede asegurar la continuidad de la gestión para él o para un hombre de la “revolución bolivariana” por tres años más.
Cabe señalar que la Constitución de Venezuela, modificada durante la gestión del líder de la “revolución”, Hugo Chávez, contempla la realización de un denominado plebiscito revocatorio, en el que el pueblo puede decidir si está de acuerdo con que el presidente continúe al frente de la gestión.
La misma carta indica que si el referéndum se realiza antes de que el mandatario cumpla la mitad de su mandato, debe dejar de inmediato el cargo, el que quedará interinamente en manos de la Asamblea Nacional para que ésta llame de inmediato a nuevas elecciones.
Maduro cumple la mitad de su mandato en enero del año que viene, razón por la cual -para que se cumpla el requisito antes mencionado- el referéndum se tendría que hacer este año. Si se llegara a hacer el año próximo y Maduro pierde, lo mismo deberá dejar su función, pero el país quedará en manos del vicepresidente y no se contempla un llamado inmediato a elecciones.
Todo lleva a indicar que el presidente está jugando a esta última posibilidad. Puso trabas primero a la reunión de firmas que la oposición necesita para impulsar el plebiscito y ahora, apoyado por una Justicia obsecuente, vuelve a hacer lo mismo.
Sin embargo, en los últimos días han comenzado a pesar las presiones internacionales. Los planteos que habían realizado políticos de nivel, (Macri también se sumó al pedido) no habían dado los resultados esperados, pero ahora el peso es mucho más importante con la decisión de los cuatro países integrantes del Mercosur de exigir que Venezuela adecue su normativa a las reglas del grupo si quiere permanecer en sus filas y, en caso de no hacerlo, podría resultar suspendida. Sucede que Venezuela, desde que se sumó al grupo en 2013, sólo adecuó menos del 30% de la normativa de su país en lo relativo a comercio, política de energía, infraestructura, política de derechos humanos y defensa, entre otros aspectos.
Para poder cumplir con lo exigido por el resto, debería aprobar al menos 300 leyes y 40 tratados internacionales, una situación muy complicada si tenemos en cuenta las diferencias existentes en el seno del Congreso.
También tiene un peso importante la carta enviada por el papa Francisco, en la que plantea la necesidad de un diálogo entre el gobierno y la oposición. Maduro adelantó que aceptaba la propuesta, mientras la oposición insistió con que el objetivo del diálogo debe ser el de despejar el camino a un revocatorio del mandato presidencial este año. Ya hubo dos reuniones privadas, sin la presencia de mediadores internacionales.
Es de esperar que la presión internacional se profundice, a fin de lograr que los venezolanos puedan decidir democráticamente sobre la continuidad de un régimen que no puede superar una crisis política, social y económica profunda que ha llevado a Maduro a extender, por dos meses, el decreto de Estado de excepción y emergencia económica y que ha sido rechazado por la Asamblea Nacional, con mayoría opositora.
