¿Estamos frente a la primera rebelión del gobernador Francisco "Paco" Pérez ante la Casa Rosada? Esto es lo que se preguntan incluso en el entorno del propio mandatario, quien la semana que pasó se decidió a jugar fuerte para defender los intereses de la Provincia de cara a la negociación que hoy se inicia formalmente en la Quinta Presidencial de Olivos entre los Estados hidrocarburíferos, la Nación e YPF. Pérez, consciente de la poderosa influencia del CEO de YPF Miguel Galuccio en la presidenta Cristina Kirchner, tejió silenciosamente una alianza con el resto de los gobernadores petroleros para resistir un posible avance nacional sobre la participación de las provincias, a través de sus empresas de Energía, en el millonario negocio de los hidrocarburos.
"Paco quiere llevar riqueza a Mendoza, eso significa impedir que se lleven todo con el argumento de facilitar la atracción de inversiones. Las provincias no son las culpables de que nadie quiera invertir en Argentina, habría que revisar primero detenidamente la política macroeconómica", dijo un asesor del Gobernador. Pero lo más novedoso fue la muestra de beligerancia inusitada que dio Pérez cuando decidió hace cinco días revertir la mitad de un área estratégica como Chachahuén tanto a YPF (la petrolera estatal tiene el 70% de la participación en la concesión) como a sus socios minoritarios en esos acres: los empresarios locales de medios José Luis Manzano y Daniel Vila, por un lado, y Omar Álvarez, por otro, que tienen el 20 y el 10%, respectivamente del área, y con quienes el mandatario tiene una relación compleja por la superposición de intereses que se produce entre los diversos negocios de los empresarios (medios, petróleo, electricidad, obras pública, juego, etcétera) vinculados, todos ellos, al Estado.
El Gobernador se sentará hoy en la mesa de discusión de Olivos sabiendo que la Nación tiene mucho más poder que las provincias en el Congreso si lo que se busca es impulsar una nueva ley de hidrocarburos que aliente inversiones para los yacimientos de combustibles no convencionales, de shale oil y de shale gas, la cual podría colar en su articulado desventajas para las arcas de las provincias productoras. Cebado por el malestar que le generó el desplante de Galuccio cuando decidió que YPF no se presente a la licitación a la que llamó Emesa, Pérez resolvió la semana pasada, a la vez que hacía declaraciones componedoras, pegar donde más dolía: Chachahuén.
"Somos conscientes de que no ha sido culpa de YPF que no se haya invertido como estaba previsto porque (la petrolera estatizada) entró en 2012 y Vila-Manzano tuvieron previamente la concesión frenada tres años, además YPF ha puesto algo de dinero, pero estamos muy lejos de los objetivos", explicó un funcionario de "Paco". Lo cierto es que la notificación que YPF recibió el miércoles pasado, con la orden de revertir el 50% de Chachahuén, buscó ser de parte del Gobierno provincial más que nada un aviso de que el Ministerio de Energía está dispuesto a avanzar sobre otras áreas donde YPF está aún más atrasada en sus planes de inversión.
Si se empezó por Chachahuén, explican en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, es porque es un área importante y porque también se buscó aleccionar a Vila-Manzano y a Álvarez, quienes deberán ponerse de acuerdo con YPF y elegir qué mitad del área devuelven a la Provincia y cómo seguir adelante con la inversión comprometida de 92 millones de dólares, de los cuales sólo se ejecutaron 12 millones, puestos exclusivamente por YPF. La puja de Pérez con los empresarios mediáticos tiene como telón de fondo la nueva licitación de áreas petroleras, a la que sí se presentaron a través de diferentes firmas y UTE, a diferencia de YPF. El Gobierno provincial no quiere más "avivadas", dicen sus funcionarios, y pretende impedir negocios inmobiliarios como la transferencia de concesiones durante años que sólo dilatan la puesta en vigor del proceso de exploración, como sucedió con Chachahuén y otras áreas concesionadas en 2008 y adjudicadas a Vila-Manzano.
En este contexto, y ante el desplante de YPF y la incómoda negociación que se abre hoy en Olivos, Pérez necesita mostrarse fuerte, por eso ya decidió adelantar la apertura del sobre B con la oferta económica una semana: se hará el 18 en lugar del 25. Quiere enseñar que la licitación, pese al "no" de Galuccio y la intención de algunos actores mendocinos de hacer otro tipo de negocios en lugar de buscar y extraer crudo, sigue viento en popa y que no está dispuesto a reducir el rol de Emesa en el negocio petrolero, como pretende el CEO de YPF y se insinúa también en el borrador de la nueva ley de "shales" que impulsará la Casa Rosada. Dicho borrador lo hizo circular el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, entre los gobernadores y plantea la necesidad de promover una serie de ventajas para quienes quieran poner sus dólares en inversiones de riesgo como la exploración y explotación de yacimientos de shale.
Se esbozan beneficios tales como plazos de concesión más largos, que las provincias cobren regalías no superiores al 12% (o que incluso las bajen), se limite la participación de las empresas provinciales de Energía -como Emesa- en el negocio al punto de hacer "desaparecer" del mapa el acarreo que tanto rechaza Galuccio y que llevó a YPF a no participar de la licitación a la que llamó Mendoza, y el giro de utilidades una vez que se consiga el autoabastecimiento energético. Pérez busca llegar lo mejor parado posible a una mesa de negociación compleja. Además de cuestionar a YPF por intentar "vaciarle" la licitación a Emesa, donde tenía prácticamente ganadas cuatro de las ocho áreas, y de revertirle la mitad de Chachahuén y de amenazar con extender el proceso a otras concesiones sub-exploradas, el Gobernador pondrá sobre la mesa una deuda de entre 400 y 500 millones de pesos que YPF ha generado con el fisco mendocino por el pago irregular de Ingresos Brutos.
Esta acreencia de la compañía petrolera se repite en otras provincias ya que Galuccio es partidario de no tributar más de 2% de Ingresos Brutos y los estados provinciales, necesitados de recursos, subieron las alícuotas en los últimos años. Mendoza puso 6% en el presupuesto 2013, Neuquén tiene un 3,5% y la Legislatura de Santa Cruz acaba de subir de 2 a 3%. Desde la Nación se buscó tranquilizar a los gobernadores petroleros de que no se avasallará la potestad que tienen las provincias, como dueñas de sus recursos naturales, de licitar áreas y administrarlas. Pero los mandatarios desconfían y, quizás leyendo el declive del kirchnerismo nacional, decidieron jugar fuerte en la opinión pública de sus distritos con un discurso provincialista, defensor de sus recursos. Funcionarios de Chubut, Neuquén y Mendoza se inscribieron en esta corriente mientras los mandatarios articulan una posición única.
La idea es mostrarse flexible en cuanto a la necesidad de atraer inversiones para el shale pero impedir que se quiera borrar de un plumazo la participación de las empresas de energía provinciales, a través de las cuáles los Estados sub-nacionales se quedan con una porción de la renta petrolera. En el caso específico de Pérez, el mendocino espera conseguir algo que está insinuado en el borrador que hizo circular Zannini: los mismos beneficios que tendrán quienes inviertan en la exploración de combustibles no convencionales, como los que están en Vaca Muerta, se apliquen para zonas de petróleo y gas convencionales denominadas "de riesgo", como las que están en buena parte de Malargüe, donde es más costoso extraer hidrocarburos por la falta de logística y de infraestructura. En este marco deben leerse las palabras que Pérez lanzó el mismo día que decidió sacarle la mitad de Chachahuén a YPF: "Si a mí me dicen que van a pagar un gasoducto, entonces se puede negociar el acarreo área por área, no hay que hacer un reduccionismo en este tema".
