El Poder Judicial tiene problemas. Ha circulado en los correos electrónicos de magistrados y funcionarios de la Justicia una "recomendación" en la que se indica la necesidad restringir el gasto, debido a que "se ha llegado a un estado crítico de la situación presupuestaria y financiera".
Así pues, oficialmente se indica que, sacando el gasto salarial, ya se ha consumido el 95% del total del presupuesto destinado a “bienes y servicios”, o sea desde comprar una silla o papel.
Extraoficialmente, hay rumores que señalan que si bien las partidas de salarios votadas en el presupuesto 2014 ascienden a 1.300 millones de pesos, el gasto estimado para todo este año llega a 1.500 millones. Por lo tanto tampoco alcanza el dinero para pagar a los judiciales.
Los Andes se comunicó con la administradora general del Poder Judicial, Mónica González. Ella explicó que la situación se ha desencadenado por la falta de un presupuesto votado por la Legislatura, que obligó a utilizar condicionadamente las partidas reconducidas de la pauta de gastos de 2013.
Muy prudente, González dijo que ante esta situación se viene aplicando “un plan de contingencias para prescindir de algunos gastos” desde el inicio del ejercicio 2014 pero que, sin contar la partida de personal, ya se ha gastado el 95% del presupuesto y aún falta algo más de cuatro meses para terminar el año, por lo que se hace necesario restringir el gasto.
En un correo electrónico al que accedió este diario y remitido por la Dirección de Contabilidad y Finanzas a todas las oficinas de la Justicia, se indica que “esta Dirección está impedida, a la fecha, de imputar y abonar bienes y/o servicios no contemplados en las contrataciones en curso, por lo que se solicita no incurrir en gastos mientras persistan estas restricciones. Caso contrario, el personal que incurra en la erogación, podrá tener que responder por la misma”.
Hasta acá la información oficial. En los pasillos de tribunales se indica que la situación no es la mejor, que se han recortado viáticos, combustible y hasta papel. También se ha desistido de gastos en capacitación o becas.
De acuerdo al sitio web del Ministerio de Hacienda, el gasto aprobado al Poder Judicial para este año llega a 1.432 millones de pesos.
De ese monto, 1.354 corresponden a personal; 5 millones para bienes, 45 millones para servicios. Para bienes de capital se votaron en la Legislatura 26,9 millones.
Los números son elocuentes. El 95% del gasto es para salarios y sólo quedan 78 millones para otros gastos de la Justicia. De esos 78 millones ya estarían gastados el 95%. Es decir, sólo quedarían 4 millones de pesos para lo que queda del año.
Pero además se abre otro interrogante. De acuerdo a las versiones extraoficiales, la Justicia ya habría gastado cerca de 900 millones en salarios y harían falta 1.500 para terminar el año en curso.
Eso implica que faltarían cerca de 150 millones de pesos para pagar sueldos y aguinaldos al 31 de diciembre.
De acuerdo al presupuesto publicado por Hacienda, en la Justicia hay 4.941 empleados de planta y 5 trabajadores temporarios.
Los cargos de planta se llevan algo más de 1.353 millones, mientras que los 5 temporarios casi un millón. A esto hay que sumarle 3,5 millones en locaciones de servicios.
Esos 150 millones serán déficit que seguramente deberá afrontar la Provincia con sus recursos o con préstamos. La pregunta es: si ese gasto, no previsto en la pauta votada hace un mes, podrá ser cubierto con mayor recaudación o será motivo de otra disputa entre oficialismo y oposición por autorizaciones a tomar nueva deuda pública provincial.
