El decreto 220 de 2014 congelaba el ingreso del gobernador Francisco Pérez y, de esa manera, el incremento salarial que le hubiera correspondido por la paritaria 2014 nunca lo alcanzó. Pero ese decreto, firmado el 5 de febrero del año pasado, tenía fecha de vencimiento: el 31 de diciembre de 2014. Es decir que con el sueldo de enero de 2015 Pérez cobrará un aumento de su emolumento equivalente al 30,5% que firmaron los gremios estatales para la Administración central.
El sueldo del gobernador es el equivalente al doble de una clase 13, la más alta del escalafón de los agentes públicos, más antigüedad y título. Es difícil calcular cómo inciden los adicionales en el monto final, por lo que a ciencia cierta, nadie sabe cuánto cobrará en el primer sueldo de 2015, algo que sólo saben los que liquidan el haber; lo que sí está confirmado es que de los 42 mil pesos brutos que cobraba (monto al que deben deducírsele el impuesto a las Ganancias y los aportes a OSEP, jubilatorios y partidarios), a fin de mes cobrará cerca de 55 mil pesos, incluso algunos arriesgan que llegará a 58 mil pesos en bruto, es decir sin los descuentos.
Tal vez el incremento sea incómodo de explicar en un contexto económico complicado para la mayoría de los mendocinos y con cuentas públicas “en rojo” casi permanente, a pesar de que el sueldo de los funcionarios no es un jugoso ingreso comparado con algunos del sector privado. Pero también es difícil de entender cuando los gremios estatales se aprestan a iniciar la discusión paritaria.
Más aún, es difícil de explicar cuando se está debatiendo el financiamiento de las campañas electorales que se vienen, financiamiento que el propio gobernador Pérez retacea argumentando la falta de recursos para enfrentar otras realidades más acuciantes.
Es que el impacto de este incremento en las debilitadas cuentas públicas excede a lo que cobraría Pérez a partir de este mes. El salario del gobernador es la punta de una deformada escala salarial estatal. Si bien hay salarios más altos que el del mandatario (como el de algunos profesionales médicos o magistrados) hay muchos cargos que están enganchados al salario de Pérez: ministros, subsecretarios, directores, asesores (todos los que se conocen como clases “fuera de nivel” del escalafón estatal), como así también los legisladores.
El subsecretario Legal y Técnico, Gustavo Tobares, decía que no se puede evaluar la oportunidad política del incremento salarial porque no fue una decisión tomada ahora sino que es una situación que se desprende de un decreto firmado hace casi un año y que el salario del gobernador Pérez, así como de los funcionarios enganchados a ese monto, no ha sido actualizado desde que se firmó la paritaria 2013.
Efectivamente, el decreto 220/14 fue firmado el 5 de febrero del año pasado y fue publicado en el Boletín Oficial dos días después de la firma. En el artículo 1 de esa norma se disponía el congelamiento del ingreso de Pérez y el del vicegobernador Carlos Ciurca, hasta el 31 de diciembre de 2014. Vencido el plazo de aplicación de ese decreto, el gobernador puede acceder un incremento salarial. Como el gobernador cobra el doble de la clase más alta del escalafón estatal, entonces los aumentos están atados a la paritaria acordada con los gremios estatales el año pasado: 30,5%.
La fijación del salario del gobernador equiparada al escalafón de los estatales es una medida de Julio Cobos, quien instituyó que los mandatarios cobraran el doble de una clase 13 por vía del decreto 1.350 de 2004.
Casi 10 años después, fue Francisco Pérez quien introdujo dos ítems adicionales en su salario: antigüedad y título. En realidad Pérez lo remitió a la Legislatura en la ley 8.530 de Presupuesto 2013 y el pago de esos ítems (2% por año de antigüedad y 30% por título) fue aprobado por los legisladores de ambas Cámaras. La disposición estaba incluida en el artículo 64 de esa norma.
La escala salarial está determinada en la ley 5.811; el vicegobernador cobra el 98% del gobernador, los legisladores el 95%; los ministros y la titular de la Dirección General de Escuelas el 94%.
Hacia abajo van los subsecretarios (90%), directores (entre el 80% y el 50%), los secretarios privados de los ministros (53%) y los asesores de gabinete (49%). Todos estos cargos corresponden a lo que se llaman “clases fuera de nivel” del escalafón estatal.
