“Mañana a las cuatro de la mañana lo van a meter preso porque se viene el golpe”, adelantó sin anestesia el jefe de policía, Julio César Santuccione, al interventor en Mendoza, Pedro León Lucero, designado por la Presidenta María Estela Martínez de Perón tan sólo cinco meses antes.
Era el 23 de marzo de 1976 en la Casa de Gobierno de Mendoza.
“Van a ir personalmente a su casa: el comandante Maradona de la Octava Brigada y el jefe de la guarnición aérea Castro y lo van a invitar muy cortésmente a que los acompañe hasta el Liceo Militar (General Espejo)”, agregó Santuccione, minimizando el hecho.
Así lo testimonia el propio Lucero en el documental 'A la sombra del Aconcagua' que dirigió el periodista Rodrigo Sepúlveda para el Canal Encuentro.
“¡Voy a cumplir con mi deber!”, le aseguró por teléfono Lucero al periodista de Los Andes, Rafael Morán (luego detenido también) a la una de la madrugada del día 24. La segunda edición del diario esperaba en la imprenta y en ese momento el domicilio del interventor comenzaba a ser rodeado para su detención.
Sucedió que 'el deber a cumplir' del que habló Lucero no era el de defender el cargo que investía y que -aún como interventor federal- le había sido conferido desde un poder presidencial democrático, sino el de acatar una orden castrense entre militares, 'cortesía' mediante de ser escoltado.
Tanto el interventor detenido (un general de Ejército en retiro), como el jefe de policía que le anticipó su detención (vicecomodoro de Aeronáutica) y los encargados de detenerlo (un general de Infantería y un brigadier de Fuerza Aérea) eran parte de las fuerzas armadas que derrocaron el poder constitucional.
El golpe de Estado más cruento (y quizá más anunciado) de la historia argentina se formalizó en Buenos Aires con el cambio forzado de destino del vuelo del helicóptero presidencial. En Mendoza esa formalidad se degradó aún más, para ser una 'transferencia de mando' similar a la de un cambio de guardia en un cuartel.
Las consecuencias
Acto seguido, los ministros de la Suprema Corte de Justicia cesaron en sus funciones, los jueces fueron declarados 'en comisión', se organizaron 'consejos de guerra' y siete centros clandestinos de detención. La 'justicia' militar pisoteó a la civil; la Legislatura fue disuelta; los presos políticos se aproximaron al millar; los detenidos desaparecidos a los doscientos y el exilio creció por cientos. El terrorismo de Estado, los grupos parapoliciales, las listas negras, la pena de muerte (con y sin proceso) y la censura, se enseñorearon en la provincia.
Lucero había sucedido a los interventores Antonio Cafiero (por entonces embajador en Bélgica) y Luis María Rodríguez. Eran las épocas del Rodrigazo con su 160 por ciento de devaluación, dólar desdoblado y combustibles que triplicaron su precio de un día para el otro.
Las crónicas dicen que Lucero fue secretario de Juan Domingo Perón cuando en los 40 -antes de su primer presidencia- vivió en la calle Agustín Álvarez de Mendoza. También señalan que uno de los secretarios que lo acompañó en su carrera militar fue Jorge Rafael Videla.
“Estuvo muy bien puesto el término 'aniquilar'. A la subversión había que aniquilarla”, llegó a decir Lucero. Fue interventor de Mendoza por cinco meses. A poco de asumir a fines de 1975 los docentes iniciaron un paro por tiempo indeterminado. Para 'resolver' el tema dispuso adelantar el fin de las clases al 27 de noviembre.
El interventor militar que lo sucedió fue el coronel Támer Yapur, segundo comandante de la Octava Brigada de Infantería de Montaña.
Pero el cambio de interventor no significó el de la Jefatura de Policía: allí continuó Santuccione con Yapur (y luego con su sucesor Jorge Sixto Fernández) como antes lo había sido con Cafiero, Rodríguez y Lucero.
Hace cuarenta años, Yapur comenzó su intervención (de sólo un mes) firmando los decretos 96 y 177 de 'depuración de la administración pública provincial'. Con ellos expulsó a decenas de 'subversivos' públicos.
Mientras, el Consejo Federal Estable de Guerra condenó a nueve años de reclusión al ex vicegobernador Carlos Mendoza "por tenencia de armas y explosivos" y mantuvo detenido al ex gobernador Alberto Martínez Baca por "delito económico patrimonial" hasta su exilio en México.
Tan sólo tres años antes, Martínez Baca y Mendoza habían sido elegidos, en la segunda vuelta, con el 71 por ciento de los votos, muy lejos del 29 por ciento de la fórmula demócrata Vicchi-Ardigó.
Pero la encarnizada lucha entre la izquierda y la derecha del peronismo había dejado una provincia intervenida y sin gobernador. Martínez Baca fue suspendido por un juicio político aprobado por el PD y el peronismo tradicional, frente al rechazo de 'La Tendencia', el ala izquierda del PJ, y el faltazo de la UCR.
Por entonces el cruce de atentados en una interna violenta había llegado a provocar la explosión de una bomba en el propio despacho del gobernador.
Ese 24 de marzo de 1976 en muchos mendocinos el golpe (al decir de Elba Morales, del Medh) “se vivió como una fatalidad del destino argentino”.
