Este 22 de agosto se conmemora el vigésimo quinto aniversario de la Reforma Constitucional de 1994.
Nos es imprescindible dimensionar la coyuntura no solo social sino también política del momento en que se gestaba la última reforma de nuestra Constitución.
Se evidenciaba un recupero -lento pero preciso - de las instituciones y con ello del Estado democrático en toda América latina.
Desde la vuelta a la democracia, la Argentina planteó como una necesidad imperiosa, atenuar el presidencialismo ya que se lo vinculaba con los quiebres institucionales, fruto de la excesiva concentración y rigidez del poder, lo que evitaba procesar adecuadamente los cambios en la ciudadanía.
Es por ello que se invoca como idea fuerza la “atenuación del presidencialismo” mediante la incorporación de ciertos institutos propios de un régimen Parlamentario, aunque posteriormente en la práctica política no tuvieron los resultados esperados.
Las importantes reformas constitucionales introducidas en 1994 alcanzaron a cuarenta y tres artículos, entre los modificados y los nuevos, a los que se agregan diecisiete cláusulas transitorias, algunas de las cuales serán aplicables hasta el siglo venidero.
Un cambio constitucional que seguramente excedió las expectativas que se tenían originariamente.
Para Alfonsín, era imprescindible lograr el consenso con el justicialismo, y por tal motivo avanzó con el denominado Pacto de Olivos.
El acuerdo nació de las conversaciones entre el presidente en ejercicio y su antecesor, en las que ambos trataron de canalizar sus intereses: Menem quería continuar en el gobierno y Alfonsín, viendo que no podía impedir esa continuidad, buscaba poner freno a ese poder y a la vez garantizar la posición de la UCR en un marco bipartidista.
En este contexto, la reforma del 94 significó el comienzo de un proceso de modernización en Argentina.
En materia de derechos, la incorporación de tratados internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional, logró repercusiones e impacto formidable tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, el derecho al ambiente sano y de los consumidores y usuarios con la figura del amparo colectivo a modo de tutela y la creación del Defensor del Pueblo; la incorporación de la acción de amparo individual y de habeas corpus y temas tan centrales que tienen repercusiones 25 años después como por ejemplo el habeas data (en épocas de auge en torno a la digitalización y su relación con las venideras elecciones, como lo es la venta de datos personales) o el reconocimiento de derechos de los pueblos originarios, la introducción de “acciones positivas” para asegurar la igualdad de género en el ámbito de los partidos y en materia electoral, aparecen como logros incuestionables de la reforma.
El propósito de fortalecer el Congreso se tradujo en la extensión del período de sesiones ordinarias del 1 de marzo al 30 a noviembre; la consagración de la Auditoría General de la Nación como órgano de asesoramiento y con “dependencia técnica” del Congreso; la incorporación del Jefe de Gabinete con responsabilidad política ante el mismo como una forma de atenuar el poder del Presidente en materia de administración.
En igual sentido puede mencionarse la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en la práctica implicó “suspender” la jefatura que sobre la Capital Federal ejercía el Ejecutivo.
Se destaca asimismo la creación del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento para mejorar y transparentar el procedimiento de designación y remoción de los jueces inferiores; la inclusión de un tercer senador por la minoría y la regulación de los DNU para la “agilización del trámite de discusión y sanción de leyes” (lo que previó la creación de una comisión bicameral para su consideración), así como de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, las condiciones para dictar la intervención federal y el establecimiento de mayorías especiales para la sanción de leyes que modifiquen los regímenes electorales y de partidos políticos
Acordamos que la reelección presidencial -tema crucial de la reforma- logró acortarse el período de cada mandato de seis a cuatro años con posibilidad a una reelección, fue claramente, una fortaleza al sistema presidencial, demostrando mecanismos necesarios para acordar políticas.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, entendemos que es importante destacar en relación a la reforma, en días como los que transitamos de exacerbación social, que nadie cuestiona su legitimidad ni que la misma correspondió a un partido político en especial.
La Argentina continúa padeciendo un sistema presidencialista imperial: “Todo lo puede”, para bien o para mal, se necesita de acuerdo sustanciales, y es imposible pensar en un futuro de progreso, de desarrollo y de inclusión, si no logramos conformar mayorías sólidas.
