El decreto que retrasó los pagos de las Lecaps y Letes a las personas jurídicas trajo un problema no contemplado y que obligó al Gobierno a entablar una negociación con más de un tercio de los gobernadores del país. Hay diez provincias -Mendoza entre ellas- algunas gobernadas por Cambiemos, otras por el PJ que tienen buena parte de sus fondos invertidas en esos instrumentos, que les generan un rendimiento que les permitía protegerse de la inflación.
Ahora, como las provincias son inversores institucionales y no "personas humanas", quedaron presas de la medida que escalonó los pagos, con lo cual recibirán un 15% en la fecha del vencimiento de esa letra, un 25% tres meses después de ese día, y un 60% en seis meses. Mendoza, entre otras provincias invirtieron en letras por un pedido expreso de la Casa Rosada, por lo que surge un agujero financiero que se suma a la pérdida de coparticipación que tendrán por la eliminación del IVA a los alimentos y la suba del mínimo no imponible de Ganancias.
La lista es larga. La más perjudicada con esta medida es Buenos Aires, que tiene atrapados 500 millones de dólares en esas letras. Después la sigue San Juan, con US$ 234 millones y luego viene Mendoza con US$ 205 millones; enseguida se encadenan la Capital Federal (US$ 123 millones), Río Negro (US$ 83 millones), Salta (US$ 35 millones), Formosa (US$ 20 millones), Santa Fe (US$ 20 millones), Catamarca (US$ 15 millones) y La Rioja (US$ 13 millones).
Las administraciones provinciales suelen usar esa clase de inversiones respaldadas por el Gobierno nacional para dos cuestiones: solventar erogaciones importantes y ya estipuladas en el Presupuesto, como los aguinaldos de los empleados provinciales. Otra es para hacer frente a sus propios pagos de deuda en dólares.
Por eso, ayer, entre los ministros de economía de las provincias afectadas primaba más la preocupación sobre lo que podría pasar en los próximos meses con los pagos de los salarios provinciales y no tanto con los sueldos que tendrán que pagar desde el lunes, cuyos depósitos, en gran medida, fueron hechos ayer mismo.
Aunque prefirieron no brindar comunicación oficial, funcionarios de la Casa Rosada aseguraron que el Ministerio de Hacienda está trabajando para buscar una solución a este problema, que podría surgir con la reglamentación del Decreto publicado el jueves.
