A pesar de las diferencias que ambos mantuvieron e hicieron públicas, hay algo que une al actual gobernador Alfredo Cornejo y a su antecesor, Francisco Pérez. Es que los dos tomaron la decisión -como una política de Estado- de no hacer uso de la potestad que tienen los gobernadores de otorgar indultos o reducción de penas a condenados.
Pérez fue el primer mandatario provincial que se negó a otorgar este beneficio que data de tiempos monárquicos, a pesar de los cientos de pedidos que llegaron hasta su despacho entre 2011 y 2015. En esa misma línea se mantuvo Cornejo, que cerrará su mandato sin rebajas ni indultos.
El tema vuelve a estar en boga a partir de un proyecto de Ley presentado esta semana por la diputada radical María José Sanz, con el que se pretende prohibir los indultos, conmutaciones o rebajas de penas a condenados por corrupción o femicidios. Incluso el ex legislador justicialista Daniel Cassia propuso modificar la Constitución provincial para derogar esta atribución.
La tradición indica que esta "absolución" se da en los días previos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con lo que las expectativas de los condenados y sus defensores se incrementan en esta época.
Si bien en las sucesivas gestiones los beneficios otorgados por los mandatarios fueron disminuyendo, fue Pérez el que marcó el punto de inflexión y negó por completo este beneficio. En el mismo tono lo hizo Cornejo.
A manera de repaso de las últimas gestiones provinciales, el ex gobernador Arturo Lafalla firmó 186 decretos entre indultos y conmutaciones de penas. Roberto Iglesias otorgó 194. Julio Cobos, 131 y Celso Jaque 30 (todos en 2008), marcando así la tendencia hacia el desuso de la práctica: ya van 11 años sin indultos en la provincia.
"El gobernador Cornejo no indultó y no indultará, ni conmutará la pena a ningún condenado. Ello bajo el concepto de que las penas que impone la Justicia, luego de un juicio que garantice el debido derecho de defensa, están para ser cumplidas", sostuvo el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.
El indulto, que es el perdón o la conmutación de pena (la rebaja), está previsto en el artículo 128 inciso 5 de la Constitución Provincial y quedó vigente desde la época colonial.
La posición marcada en la última década ha desalentado las presentaciones. Durante los últimos cuatro años han llegado al Ejecutivo provincial unos 120 pedidos por año, según informaron desde el área que dirige D'Agostino.
Casos resonantes
La última decisión de indultar presos la tomó Celso Jaque durante 2008. El ex mandatario fue cuestionado ya que benefició a condenados por delitos graves, como asesinato, robo agravado con reincidencias en algunas casos, secuestros extorsivos y falsificación de documentos.
Pero previo a su gestión, fueron quizás más criticados los ex gobernadores Iglesias y Cobos. En 2003, el primero incumplió su promesa -que también fue promesa de campaña de su sucesor- de indultar a Claudia Sosa y en su lugar le rebajó la pena a la mitad.
Esta mujer había sido condenada a 15 años por matar a su esposo, aunque en el juicio salieron a la luz los malos tratos, tormentos y vejaciones a las que era sometida por su marido, un policía.
Si bien la conmutación fue histórica porque se benefició a una persona víctima de la violencia de género (en una época cuando casi no se hablaba de ello) reduciéndole la pena al 50%, diversas organizaciones cuestionaron en ese entonces el incumplimiento de lo prometido.
Ésta fue una de las últimas medidas de Iglesias antes de ceder el gobierno a Cobos. En ese momento, el abogado de Sosa, Pablo Salinas, destacaba a medios periodísticos que el beneficio "fue el resultado del trabajo de organizaciones de mujeres y de derechos humanos, y también de los medios que dieron a conocer los vejámenes y violaciones que sufrió Claudia e hicieron que la sociedad se comprometiera con el caso". En ese momento, hubo manifestaciones de agrupaciones como Las Juanas, que reclamaban la libertad de la mujer.
La Suprema Corte y el Procurador General se habían pronunciado en contra por el temor a una reacción policial, por lo que Iglesias terminó accediendo a la conmutación, que fue una de las más beneficiosas según registros históricos.
Posteriormente, Cobos concedió uno de los beneficios más escandalosos. En el decreto 2752 del 27 de diciembre de 2004 permitió la reducción de la pena a Miguel Samuel Tello Rodríguez.
El hombre había sido condenado en 1992 a reclusión perpetua por homicidio calificado, violación calificada reiterada y robo calificado, junto a otros cómplices. El caso se conoció como "el crimen y violación del Parque".
El 13 de noviembre de 1999, Aldo Mario Escudero y María Lourdes tomaban un helado en una casilla rodante en el Parque San Martín cuando fueron atacados por cinco delincuentes. A él lo golpearon en la cabeza y luego le dieron al menos 20 puntazos con un gancho de carnicero. A ella la violaron en manada y reiteradas veces. Pudo liberarse cuando hirió con un cuchillo de cocina a uno de los atacantes en la pierna. Esta herida fue la que permitió que los atraparan porque mientras ella era atendida en el Lagomaggiore, escuchó que el atacante herido también estaba ahí.
Luego de recuperar la libertad, Tello Rodríguez volvió a caer preso. Fue en 2013 y por abusar sexualmente de tres niños en Godoy Cruz.
Prohibirlos para los corruptos y femicidas
La diputada María José Sanz (UCR) presentó un proyecto de Ley para prohibir los indultos a condenados por corrupción y femicidio. "No podemos correr el riego de naturalizar estas dos cuestiones", explicó.
Amplió: No puede ir presa una persona por delito de corrupción por fraude contra el Estado y después asumir un gobernador de su mismo color político, por decirlo de alguna manera, y liberarlo, porque nos robó a todos", explicó.
