En un momento cuando el precio de nuestras materias primas se valorizó internacionalmente tanto como no ocurría desde hace un siglo, el gobierno nacional conducido por Cristina Fernández de Kirchner decidió aumentar significativamente las retenciones que se cobraban al campo por las exportaciones de sus productos. Eso produjo la inesperada e inmediata reacción de los productores agrarios mediante paros y cortes de ruta que sembraron gran conmoción nacional en 2008.
Todo comenzó como un aparente debate técnico y por la convicción gubernamental de que eran tantas las ganancias para todos debido al alto costo internacional de la soja y otros productos agrarios que unos puntos, más o menos, a nivel impositivo, no generarían reacción alguna.
Pero sorpresivamente todo cobró una sobresaliente dimensión política pues apenas los productores se negaron a aportar más impuestos, el gobierno decidió convertir el rechazo en un conflicto ideológico a vida o muerte entre lo que se suponía el “campo popular” representado por el oficialismo y el “campo oligárquico” representado por los empresarios agrarios, intentando reproducir luchas de viejas épocas como las del primer peronismo.
Lo que el kirchnerismo no analizó con el suficiente detenimiento es que los productores agrícolas del siglo XXI eran muy distintos a los de mediados del siglo XX cuando el campo aún se encontraba concentrado en pocas manos, lo que entre otras cosas motivó el éxodo de tantos obreros rurales hacia la ciudad.
Ahora el campo se había diversificado y desconcentrado. Su producción contaba con mejoras técnicas y científicas de altísima cualificación por lo que ya no eran materias primas sin más y los productores ya no eran “oligarcas” sino una multitud de familias de clase media con sus hijos egresados universitarios en especializaciones productivas que introducían toda la modernidad en la agricultura tradicional. Por eso el gobierno fue incapaz de entender que en el conflicto no sólo la Sociedad Rural sino también la Federación Agraria, representante de los pequeños productores, se le aliaban en contra.
Ya enteramente ofuscado el kirchnerismo decidió avanzar a todo o nada, con la intención solapada de nacionalizar el comercio exterior, lo cual tensó aún más la cuerda con los representantes del sector.
En ese clima de amplias movilizaciones y de profundo debate conceptual, todo se jugaba en la aprobación legislativa de la resolución 125/08 que aumentaba las retenciones, ya que como decreto se había tornado insostenible.
El oficialismo se animó a mandarla al Congreso porque creía contar con los números su ficientes para aprobarla y así subordinar al campo. Pero ocurrió que varias deserciones hicieron empatar los números hasta que, finalmente, la votación -en julio de 2008- del vicepresidente Julio Cobos, desempatando a favor del campo, impidió que la resolución se tornara ley y, de ese modo, de acuerdo al clima político generado, ello se transformó en una enorme derrota para el gobierno.
A partir de allí nada sería igual. El gobierno doblaría la apuesta considerando al campo como su enemigo principal por largo tiempo. La oportunidad histórica de que el Estado y el sector económico más productivo y más innovador en esos años de “vacas gordas” (por el alto valor internacional de sus productos), se aliaran para potenciar al crecimiento argentino, se perdió en medio de esa absurda guerra económica.
Sin embargo, aunque hoy la situación internacional no es la misma, todavía están dadas la mayoría de las condiciones para que el país pueda dar un salto de calidad internacional. Esto se logra fomentando las potencialidades del nuevo campo argentino para que aquel inútil conflicto quede en el olvido y podamos ser capaces de desarrollarnos internamente. También trascender internacionalmente a partir de nuestras ventajas comparativas que están en el campo, y de nuestras ventajas competitivas que están en la tecnificación, la diversificación y la modernización permanente de dicho sector agrario.
