El problema de las remuneraciones de los jubilados es de gravedad extrema por cuanto afecta a millones de personas de edad avanzada. Debe ser solucionado. Arranca -según nos confiara personal del Área Legal de Anses- por una orden emitida hace años mediante la cual se efectuaban y siguen haciendo, la primera liquidación de haberes con montos menores a los que corresponden (por ello pierden los juicios). Los pagos posteriores seguirán ese destino.
Las llamadas leyes de movilidad social 24.241 y 26.417 toman índices que se aplican 6 meses más tarde. El jubilado debe soportar la inflación del período, e índices inferiores a los de la inflación real.
La fórmula “a” dispone que la movilidad se calculará como el promedio de la variación de los recursos tributarios (exceptuando aportes eventuales del Tesoro a la Anses) y el mayor de dos índices salariales: el general de salarios elaborado por el Indec, o el Ripte (Remuneraciones Imponibles Promedios de los Trabajadores Estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social.
El sistema generó una pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones de los jubilados de 70% en los últimos años. Ha motivado importante cantidad de juicios, porque fueron llevados a situaciones de pobreza o miseria.
Conforme a esas leyes vigentes del anterior gobierno, el presidente Mauricio Macri anunció un aumento de 15,35% a partir de marzo, con lo cual el haber mínimo llegará a $ 4.975. Ese monto es muy inferior al costo de la canasta familiar básica, estimado en $ 9.340.
Esta política en materia previsional que trazara el gobierno de Kirchner debe ser revisada. El tema será motivo de análisis en el Congreso cuando se reabran las sesiones.
Deben considerarse diferentes situaciones. Los jubilados que aportaron toda su vida; que a su vez se dividen entre los que tienen sentencia definitiva, los que están en juicio desde hace años (administrativo y/o judicial), y los que no han demandado. Por otro lado, los que nunca hicieron aportes, sean amas de casa, de privilegio, extranjeros y otros. Deben tener tratos diferentes porque sus situaciones son distintas.
Durante la campaña electoral prometieron, incluso por escrito, reformarlo y pagar a los jubilados que aportaron el 82% móvil sobre el ingreso actual de un activo en la misma función, y mejorar la situación de quienes no tienen aportes. Fue un compromiso para conseguir votos de los 6.500.000 adultos mayores.
El 82% está justificado sin necesidad que lo prometan. El derecho a una jubilación digna y móvil está consagrado en la Constitución Nacional. Ha sido ratificado por unánimes fallos de la Corte Suprema de Justicia, en los casos Sánchez, Badaro I, Badaro II, Eliff, Betancourt, Lohle y otros. Incluso en Cánepa, condena al Anses al pago de daño moral por la demora en abonar los reajustes. En Eliff, la Corte sostiene que al jubilado hay que preservarle un nivel de vida similar al que tenía cuando dejara de trabajar.
Nada autoriza someterlo a ingresos indignos, miserables, agravados por un deficiente servicio de salud suministrado por PAMI, ilegalmente intervenido desde hace 16 años.
Comparados con los países desarrollados se siente vergüenza.
Luxemburgo, Noruega, Suecia, Austria, Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza y Francia abonan las mejores jubilaciones en Europa. En España, el jubilado percibe promedio 1.400 euros, $ 21.000. Grecia es donde cobran menos, 800 euros, $ 12.000.
Los casos precedentes oscilan en el 77% de lo que percibe un trabajador en actividad. Somos un país más caro con jubilaciones que no llegan al 25% de las europeas. ¡Y Cristina decía que estamos mejor que en Alemania! La ex presidente nos llamaba “buitres y caranchos” por demandar por nuestros derechos. Comparaba nuestras jubilaciones con países subdesarrollados, donde los precios son más bajos, porque no padecen la inflación que tenemos nosotros. Ellos, con ingresos menores, tienen mejor poder adquisitivo.
Considerando el dólar a $ 15 (para redondear), los $ 4.200 actuales equivalen a U$S 279 por mes. Con el aumento a $ 4.975 serán U$S 320. Es inferior a la que perciben jubilados en Chile donde según Los Andes “El sistema de pensiones chileno condena a la pobreza a jubilados”. Pero cobran U$S 360 por mes, $ 5.400.
No somos material descartable; ni la jubilación es una dádiva del gobierno de turno. Es la retribución compensatoria de los aportes realizados durante 30 o más años. Son derechos adquiridos.
La ley 26.425 crea el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que unifica el régimen previsional. Sancionada en noviembre del 2008 tiende a dar “cumplimiento del mandato previsto por el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.” (Art. 1º). Se elimina el régimen de capitalización.
El Artículo 8º dispone: “La totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino.” Esto es, para jubilaciones.
Agrega que el “activo del fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social”. Mejorar los fondos previsionales mediante el incremento de la economía.
En ninguna parte la ley permite pagar subsidios, asignaciones familiares, planes sociales, jubilaciones de privilegio, falsas y a extranjeros, regalos como las notebooks, fútbol y automovilismo para todos, préstamos a baja tasa a empresas amigas, e incluso extranjeras, planes para viviendas como Procrear, proautos, etc. No nos oponemos a ellos, pero sostenemos que los recursos deben ser de partidas específicas del presupuesto, no salir de los fondos para las jubilaciones.
Se castiga a los adultos mayores al final de sus vidas. Está en juego la vida de muchos de ellos. Existe el dinero y las alternativas de solución que fueran propuestas para lograr un verdadero cambio.
