Más de 40 proyectos de ley fueron presentados en los últimos dos años en la Cámara de Diputados de la Nación para ayudar a combatir la violencia contra las mujeres.
Muchos de ellos plantean soluciones a algunos de los reclamos que el miércoles en las calles de todo el país exigieron a viva voz las y los organizadores de la marcha “Ni una menos”, es decir que son iniciativas que ya tienen forma de expedientes legislativos. Sin embargo, pese a la enorme presión social que hay sobre el Congreso, la gran mayoría de estos proyectos están lejos de ser aprobados.
Todos los partidos políticos han presentado proyectos, la mayoría de ellos firmados por legisladoras. La primera iniciativa de este año la presentó el GEN a través de Virginia Linares, quien solicitó la declaración de la “Emergencia Nacional” para que el Gobierno pueda tomar medidas urgentes en términos presupuestarios.
El radicalismo y el PRO también tienen propuestas en este sentido pero el oficialismo se negó a tratarlas la semana pasada en una sesión especial que solicitó todo el arco opositor.
Lo que se le reprocha al Poder Ejecutivo, desde los bloques no oficialistas y desde la organización de la marcha, es que nunca implementó el Plan Nacional de Prevención y Erradicación, uno de los puntos centrales de la ley de lucha contra la violencia de género que el Congreso sancionó en 2009. De hecho, actualmente tiene asignadas partidas insignificantes (sólo $ 50 millones en el presupuesto 2015).
Los diputados también solicitan cambios en las leyes laborales. Por ejemplo, la diputada radical Patricia Giménez (Mendoza) propuso modificar la Ley de Contratos de Trabajo para otorgarles a las mujeres víctimas de la violencia doméstica licencias de cinco días, una vez que radique la denuncia. En el mismo sentido, la kirchnerista Stella Maris Leverberg realizó una propuesta similar.
El gremialista de la CTA Víctor De Gennaro fue más lejos y planteó todo un régimen laboral especial para los casos de violencia machista. Desde el Partido Obrero, Pablo López y Néstor Pitrola también presentaron un régimen de derechos laborales para las mujeres que sufren violencia doméstica.
Hay iniciativas más puntuales, pero que suman mucho.
Victoria Donda (Libres del Sur) y Diana Conti (kirchnerismo) propusieron, cada una por su cuenta, incorporar el piropo callejero como violencia contra la mujer a la ley de 2009. Donda incluso dispone en su proyecto multas para el hombre que en el espacio público denigre a una mujer, que llegan hasta los $ 7.000.
Desde el kirchnerismo, Dulce Granados también pide corregir el Código Penal para suspender el juicio a prueba en casos de violencia de género, iniciativa que también plantearon el PRO, a través de Gladys González, y el radicalismo, por idea de Mario Negri.
Los diputados postularon también regímenes para determinar la actuación policial, ya que una de las principales quejas es que en las comisarías no se les da importancia a las denuncias de las mujeres. Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino) e Ivana Bianchi (Compromiso Federal) tienen proyectos en este sentido. En tanto, la kirchnerista Gladys Soto planteó un régimen para la atención de casos de violencia en hospitales públicos y privados.
La creación de casas refugios fue propuesta por Linares, del GEN, por Silvia Risko, del Frente para la Victoria, y por Nicolás del Caño (Partido de los Trabajadores Socialistas). El trotskista mendocino incluso planteó la construcción de complejos habitacionales para las mujeres que deben salir de sus hogares para escapar de la violencia intrafamiliar, a realizarse gracias a un impuesto a los grandes holdings inmobiliarios.
La reeducación obligatoria de los golpeadores fue mocionada por la “estrella” de La Cámpora en el Congreso, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien presentó un proyecto que dispone que los jueces deberán dictar esa medida a 24 horas de realizada la denuncia.
La macrista Gladys González también tiene proyecto en este sentido y sumó otra iniciativa por la que se crea un programa de reinserción laboral para las víctimas de la violencia de género, a fin de darles herramientas a las mujeres para independizarse económicamente y alejarlas de los maridos golpeadores que amenazan sus vidas.
Desde la oposición, la ya mencionada Patricia Giménez (UCR) propuso recientemente cambios en las currículas de los tres niveles educativos para que los alumnos aprendan a luchar contra la violencia machista.
Una diputada pide tobilleras electrónicas para golpeadores
El proyecto que más polémica promete traer, cuando la Cámara Baja se digne a tratarlo, es de Blanca Rossi (Unión por Córdoba), que le da respuesta a una de las exigencias de la marcha “Ni una menos”: el control electrónico de los hombres que golpean y amenazan a las mujeres.
La legisladora postula que los jueces “dispondrán el empleo de rastreo y control electrónico tales como pulseras, tobilleras y similares, que se aplicarán con carácter preventivo a quienes desarrollen conductas que puedan devenir en peligrosas para la mujer y su entorno familiar”.
También desde el peronismo disidente, Berta Arenas (Compromiso Federal) planteó incorporar al Código Penal un nuevo delito: las lesiones dolosas contra las mujeres en contexto intrafamiliar y de género, con penas no excarcelables para los violentos.
“Criminalizar conductas está lejos de ser el camino ideal, pero a vida de las víctimas, su integridad física y psíquica deben y merecen ser garantizadas por el Estado”, dice en los fundamentos la diputada puntana.
