Ocurrió el domingo 5 de octubre de 1975 en plena siesta formoseña, durante la presidencia de Isabel Perón, que se reponía en las sierras de Córdoba de sus crónicos problemas de salud; ocupaba su lugar el senador Ítalo Luder, que intentaba sacar a flote a un gobierno que naufragaba en medio de una tormenta de violencia política, inflación y denuncias de corrupción.
Unos setenta combatientes participaron en forma directa en esta operación, que tuvo cinco etapas, algunas de ellas simultáneas.
En primer lugar, un pelotón secuestró el Vuelo 706 de Aerolíneas Argentinas, con ciento dos pasajeros y seis tripulantes, que se dirigía a Corrientes pero fue desviado a Formosa, a 1.190 kilómetros de Buenos Aires.
Mientras tanto, otro pelotón copaba el aeropuerto internacional "El Pucú", en la entrada de la capital formoseña. Hubo allí un policía muerto.
Al mismo tiempo, una columna encabezada por el número 4 de Montoneros a nivel nacional, Raúl Yaguer, atacaba el Regimiento de Infantería de Monte 29, el segundo en poder de fuego de todo el país.
Los montoneros estaban convencidos de que los soldados de guardia, que cumplían con el servicio militar obligatorio, entregarían las armas, pero no fue así: en media hora de combate encarnizado, hubo veinticuatro muertos, doce de cada lado, entre ellos diez conscriptos o "colimbas", todos formoseños y peronistas.
También murió el soldado que abrió las puertas del cuartel, Roberto Mayol, un santafesino que estudiaba abogacía y era "oficial segundo" de Montoneros.
Los guerrilleros que lograron sobrevivir escaparon en un par de vehículos, llegaron al aeropuerto y se fugaron en el moderno Boeing 737-200 de Aerolíneas y en un Cessna 182 de cuatro plazas que sirvió para confundir en el aire a los perseguidores.
El avión aterrizó a 700 kilómetros de Formosa, en una pista preparada para la ocasión en una estancia cerca de Rafaela, la "Perla del Oeste" santafesino. El Cessna bajó en un arrozal en las afueras de Corrientes.
Luego del ataque, cuando los guerrilleros ya habían huido, patrullas militares salieron del cuartel y mataron a tres vecinos -entre ellos, un estudiante secundario de 15 años- que no habían tenido nada que ver con el intento de copamiento.
Yaguer, un ingeniero químico santafesino metódico y cáustico, era "oficial superior" del Ejército Montonero y se ocupaba de las llamadas "operaciones especiales". Los tres primeros en la jerarquía, Mario Firmenich, Roberto Perdía y Roberto Quieto, aprobaron el copamiento.
Fue el primer ataque de Montoneros a un cuartel militar; el inicio de la lucha directa contra las Fuerzas Armadas, que pasó a ser su enemigo principal en la lucha por la revolución socialista y la liberación nacional; por eso el nombre de la operación, Primicia.
Impacto político
Operación Primicia no fue sólo una acción que parece salida de un guión cinematográfico: conmovió al gobierno, al peronismo y a los militares, y provocó que el general Jorge Videla y el almirante Emilio Massera -ya eran los jefes del Ejército y la Marina, respectivamente- fijaran la fecha para el golpe del 24 de marzo de 1976.
Luego del ataque, Isabel decidió acortar su licencia médica y volver a la presidencia; los militares y parte del peronismo y del sindicalismo presionaron a Luder para que se quedara en la Casa Rosada y completara el mandato constitucional, hasta las elecciones del año próximo, pero el senador no aceptó, con este argumento: "Yo no voy a ser el traidor de la señora de Perón".
Videla y Massera decidieron entonces dar el golpe, pero no pudieron convencer al jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Héctor Fautario: eso ocurrió en un tenso almuerzo en el Delta, a bordo de un yate de la Armada, el viernes 17 de octubre de 1975. Igual siguieron adelante y a fines de aquel año lograron desplazar a Fautario impulsando una rebelión entre los aviadores que desembocó en su reemplazo por el brigadier Orlando Agosti. Videla, Massera y Agosti, los nombres de la primera junta militar.
Operación Primicia impactó en la opinión pública, en especial por la muerte de los diez colimbas de 21 años que defendieron el cuartel; tanto que La Opinión, el diario de Jacobo Timerman, considerado de centroizquierda, afirmó en tapa: "El país está en guerra; todo el país, a lo largo y a lo ancho de su territorio".
El gobierno peronista reaccionó con tres decretos que ordenaron a las Fuerzas Armadas la ejecución de "las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".
Oro y bronce
El kirchnerismo y las organizaciones de derechos humanos consideran que los muertos en el cuartel de Formosa tienen un valor distinto. Aparece allí un doble estándar: por un lado, los conscriptos sólo son recordados en Formosa y en 2010, cuando fue publicado mi libro Operación Primicia, sus padres debían arreglarse con una pensión mensual de 842 pesos; era el sueldo básico de cabo, rango al que fueron ascendidos sus hijos.
Por el otro, la mayoría de los guerrilleros muertos durante el combate en el regimiento figura en los renovados anexos del Nunca Más; es decir, en los listados de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) actualizados por el gobierno de Néstor Kirchner, y en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado que se levanta en la Costanera porteña, y sus parientes ya cobraron una indemnización del Estado que en marzo de 2010 ascendía a 620.919 pesos (cien veces el sueldo más alto de la administración pública nacional).
Los conscriptos muertos formaban parte de un grupo desafortunado compuesto por los "soldados del domingo por la tarde", es decir los más pobres, los que no tenían dinero para visitar a sus familias en el interior de la provincia y acostumbraban a cambiar sus francos por algunos pesos, como Hermindo Luna, un "criollo" de Las Lomitas, y los más generosos, como Edmundo Sosa, un muchacho sin padre que, primero, había postergado su baja para que saliera en su lugar un compañero que era más pobre que él y tenía dos hijos que alimentar, y, luego, aquel domingo 5 de octubre, le había cedido su franco a otro colega para que fuera a Clorinda a ganarse unos pesos en el acarreo de bolsas de harina de contrabando a Paraguay.
Un cálculo simple indicaba que la madre de Sosa, por ejemplo, debía cobrar esa pensión de 842 pesos todos los meses durante 61 años y medio de su vida para llegar a la suma ya percibida por los parientes de cada uno de los guerrilleros.
Esas indemnizaciones son investigadas ahora por el juez federal Claudio Bonadio, que ya allanó dos veces la secretaría de Derechos Humanos para incautar los legajos cuestionados.
En el plano legislativo, tres años atrás, el diputado formoseño Ricardo Buryaile, del radicalismo, presentó un proyecto de ley para que los parientes de los soldados fueran indemnizados con el mismo dinero que ya cobraron los herederos de los guerrilleros. Pero, luego de muchas idas y vueltas, el proyecto no fue aprobado por la oposición de los diputados kirchneristas.
A cuarenta años del ataque, los parientes de los soldados muertos siguen sobreviviendo en la pobreza, olvidados en Formosa.
