La terrible epidemia de cólera que en diciembre de 1886 se desató en Mendoza tuvo que ver con intereses político-económicos en pugna e ignorancia, y mediando discutido planteo constitucional, la decisión del gobierno nacional desencadenó uno de los flagelos más graves vividos por los mendocinos después del fatal terremoto de 1861.
El problema comenzó con las primeras defunciones a bordo de un barco anclado en el puerto de Buenos Aires, noticia que la prensa porteña fue transmitiendo de manera incompleta y cautelosa para evitar la alarma, asimismo los casos eran atribuidos sin precisión al cólera, colerinas, o gastroenteritis. En Mendoza se decía que al brote lo justificaba la vida malsana de los bonaerenses, por el aire y los alimentos que consumían, entre otros motivos, y como contraste el periódico "El Ferrocarril" argumentaba: "En Mendoza estamos casi exentos de esa epidemia. El aire es más puro y más fino; las casas y habitaciones de ella son más ventiladas, los alimentos no son tan adulterados...". En esta errada y simple creencia jugaba la experiencia de la anterior epidemia de 1867, fecha en que los extensos caminos habían frenado la contaminación y si hubo algunos casos locales habían sido esporádicos. En cambio en 1886, la velocidad del movimiento comunicacional era otro, pues la reciente llegada del ferrocarril había acortado las distancias temporales, especialmente con Buenos Aires.
El 9 de noviembre de 1886, con la convicción de la proximidad del mal, diario Los Andes aconsejaba a los poderes públicos un cordón sanitario con el objeto de detener a quienes prácticamente huían de las zonas infectadas hacia la cordillera, y con sagacidad anticipaba: "Las consecuencias pueden ser fatales para este pueblo, si la autoridad se doblega ante la influencia de los que están interesados en que el cordón no se establezca".
Las autoridades mendocinas dudaban sobre las medidas a tomar ante un panorama confuso dado la escasez de datos, por estar dividida la opinión de los médicos locales y nacionales, más la posición negacionista sobre la gravedad del flagelo sostenida por el doctor Eduardo Wilde, médico y ministro del Interior. Se sumaba también, la acusación a los bolsistas de especular con el cólera para hacer subir o bajar el oro. Pese a las vacilaciones, desde el 9 de noviembre se sabía que Córdoba había interrumpido sus comunicaciones con Rosario y Buenos Aires, igualmente habían cerrado su entrada a buques de estos lugares los puertos de Brasil, Montevideo, Concordia y Victoria, en tanto que San Luis también detenía la circulación en la estación central, toda vez que los trenes arribaran de territorios infectados por el cólera. En este contexto, el gobernador Rufino Ortega dio los primeros pasos dirigiéndose al gobierno puntano y expresándole su confianza en que ese "gobierno mantendrá siempre estricta incomunicación con Buenos Aires y Rosario, en tal convicción -acotaba- se ha ordenado cordones sanitarios en los límites de la Provincia". Contaba en esta tarea con la eficiente colaboración sanitaria del intendente de Capital Luis C. Lagomaggiore, quien además administraba en alto nivel el hospital San Antonio.
Desde Buenos Aires, sus autoridades pugnaban por evitar las barreras que cerraban las fronteras internas deteniendo el tráfico comercial, y también el traslado de quienes buscaban alejarse del litoral, motivo por el cual se procedió a negar la grave situación.
En primer lugar, se acusó al pánico provincial ser la causa de la anormalidad producida, y el diputado bonaerense Lucio V. Mansilla desde el Congreso castigó aquellas medidas de cierre fronterizo, a la par que denunciaba: "Es sabido señor presidente que la ley del miedo no sólo es injusta, sino absurda, estúpida y llega a ser cobarde e inhumana. Algunas provincias bajo la impresión de este flagelo ideal y fantástico, se clausuran, establecen cordones sanitarios...". Acto seguido, pasó a dar su interpretación política y a dejar planteada la discusión constitucional sobre las facultades delegadas a la nación o reservadas por las provincias. Con este objeto inquiría: "¿Es o no un derecho de los gobernantes de provincia, de las municipalidades, el tomar estas medidas por sí y ante sí, sin que lo haga el poder que debe tener la dirección suprema de todo lo que se relaciona con la salud pública?". Retórica que descontaba su posición en favor de las atribuciones del gobierno central.
Entre tanto en Mendoza, el ambiente se caldeaba y la oposición presionaba, las medidas necesarias eran solicitadas por diferentes instituciones, en tanto que el Cuerpo Médico reunido en la Casa de Gobierno y apoyado por la prensa local, dio un comunicado considerando que era indispensable aislar la provincia. En este primer momento, el ministro del Interior aceptó las decisiones locales y convalidó una cuarentena de siete días. En consecuencia, se comenzó a acondicionar un hospital preventivo en Desaguadero. Pero, dos días después, cuando se estaba en plena actividad operativa llegó una contradictoria nota del mismo ministro, que tomó por sorpresa ocasionando perplejidad e ira. Este comunicado, en oposición al anterior y en defensa de la libre circulación en la república, ordenaba al gobernador "que en la provincia de su mando ningún tren sea detenido por pretexto alguno en su tránsito, ni obligados los pasajeros que conduzca a bajar o detenerse en su estación o sitio que no fuere su destino pudiendo en cada localidad que los trenes arriben hacerse objeto a los pasajeros, la correspondencia, encomiendas y cargas de las medidas sanitarias que su estado requiera...". Esto significaba que en Desaguadero no se podía detener a todos los pasajeros del tren, sino sólo a los que allí tenían su punto de llegada final, mientras que los que deseaban seguir a otras zonas se les debía permitir continuar.
En cable del 23 de noviembre y en abierta resistencia, Ortega le respondió: "Establecer observación en cada una de las estaciones de la Provincia sería impracticable e inconducente, puesto que toda la policía de ésta sería insuficiente para vigilar que los pasajeros penetraran juntamente a ellas, pudiendo uno desprenderse del tren antes de su llegada a la estación, e inconducente porque el personal de la estación estaría en contacto con los viajeros".
Sin obedecer, el gobernador siguió organizando el lazareto y afianzado en su derecho constitucional le telegrafió al ministro Wilde informándole: "Este gobierno en ejercicio de las facultades privativas de la provincia no delegadas al Gobierno General y autorizado por una ley especial de la Legislatura de esta Provincia ha establecido una cuarentena de siete días para los pasajeros, sin impedirles el tránsito ni la facultad, de modo alguno, al comercio. Creo -continuaba- que en el terreno de facultades constitucionales, no puede negarse a los Estados la de proveer a su existencia y conservación, ni reconocer al Ejecutivo Nacional la de impedir su ejercicio. Usted lo ha creído también así cuando manifestó en su telegrama del diez y ocho del corriente que podían establecerse cuarentenas...".
Y acorde con su decisión, de inmediato ordenó: "En el tren que se espera deben venir senadores y diputados nacionales, quienes deben ser sometidos a la cuarentena como todos los demás pasajeros, pues no hay preferencia para nadie". Por cierto, la excepción era el uso de la fuerza, de ahí que también indicó: "Si el tren de pasajeros que debe llegar hoy a ese punto quiere pasar, usted lo impedirá terminantemente, oponiéndole que siga adelante con los pasajeros. Solo en caso que ese tren traiga fuerza para seguir adelante su marcha, usted entonces protestará y dejará pasar el tren...".
La última indicación tendría su razón pues la réplica del ministro Wilde no demoró, ya que decidió actuar, pero no por vía del entendimiento. El 29 de noviembre, en telegrama al teniente coronel Taboada, jefe de las fuerzas acantonadas en Mendoza, le ordenó: "Dispondrá usted que con la fuerza del Batallón de su mando se preste los auxilios necesarios al Director del Ferrocarril a fin de mantener la circulación de los trenes que corren de Río Cuarto a San Juan impidiendo que nadie ponga obstáculos a su libre tránsito, haciendo respetar esta orden por la fuerza si fuera necesario, a cuyo efecto puede establecer retenes a lo largo de la vía, acantonados en las estaciones o embarcándolos en los mismos trenes".
Con esta decisión, una cuasi intervención militar, el 30 de noviembre se levantó la cuarentena y el tren ingresó con sus pasajeros. El 8 de diciembre apareció en una finca de El Plumerillo el primer caso mortal de cólera y de ahí su imparable multiplicación. Un testigo presencial, el dr. Lucio Funes, recordaba los cuadros calamitosos: "No había cuadra en que no flameasen varias banderas rojas en las puertas de calle, como anuncio de peligro de contagio". Sólo se sentía -dicen otros- el trajinar de carretas trasportando cadáveres. El cálculo estadístico de 4.000 muertos en el territorio de la provincia, lo trae el dr. Emilio Coni una década después, en ocasión de haber sido contratado por el gobierno de Mendoza para hacer estudios de higienización.
Como colofón las palabras del ministro Wilde quien, enterado de lo sucedido, en cable a Rufino Ortega expresaba: "Deploro la aparición del cólera: nadie tiene culpa en eso sino la Divina Providencia...".
Cinismo político, intereses económicos por encima de la salud de la población, avasallamiento a la provincia, los comentario huelgan ante la magnitud de la catástrofe, desde entonces los resguarda un capítulo trágico de la memoria social.
