El escribano Carlos Le Donne, en su columna de Análisis publicada en el diario Los Andes del día 13, se hace esta pregunta. Argumenta que los trabajadores debemos hacer reclamos (no huelgas) para mejorar la administración y la capacidad de los servidores. También sostiene que nuestros dirigentes gremiales no han aprendido nada y que se alimentan del paro, sin comprender el daño que ocasiona.
Luego hace un exhaustivo y fundamentado análisis del crecimiento desproporcionado de la planta estatal. Califica al paro como causante de la ruptura de la paz social y por último invita a todos a poner el hombro y a no pedir lo que no se puede dar.
Como militante gremial e integrante de la planta estatal, en mi calidad de docente, me veo en la obligación de dar una respuesta a esta pregunta. Si bien podríamos estar de acuerdo en que la huelga no es la única manera de protestar, es inaceptable calificar a la huelga como un instrumento para provocar daño y causante de la ruptura de la paz social, ya que ése es el argumento de quienes quieren criminalizar la protesta social.
Cuando este señor describe detalladamente el crecimiento de la planta estatal, casualmente omite dar detalles de la evolución o más bien involución de un sector clave de la planta estatal que justamente nos incluye a nosotros, los docentes.
Clave, no solamente por su función estratégica en la política de Estado y consagrada en la Ley Nacional de Educación que califica al servicio que presta nada menos que como un bien social, sino también por su peso en el Presupuesto provincial a la hora de fijar sus remuneraciones.
Si desglosa el análisis, incluyendo al sector de educación, este señor se encontrará con trabajadores que para realizar sus tareas trabajan entre 44 y 88 horas semanales, cuyas remuneraciones netas por hora de trabajo van desde $ 25 la hora hasta $ 46 la hora, que se necesitaría incrementar un 63% el valor de su hora de trabajo para alcanzar lo que percibe un empleado de Casa de Gobierno sin título universitario o terciario, un 220% para alcanzar lo que percibe un trabajador del Poder Judicial sin título y un 444% para alcanzar lo que percibe un trabajador del Poder Judicial con título, que es la condición que se exige al docente para estar frente a un curso, esto es, tener el título habilitante.
Es difícil creer que este sector estatal esté sobredimensionado en cuanto a cantidad de trabajadores y mucho más difícil aún pretender que este sector esté en condiciones de poner el hombro, al menos desde el punto de vista económico, cediendo en sus justos reclamos de recomposición salarial, ya que de eso se trata y no de incremento como falsamente se promueve desde los medios y que busca, no sólo escapar del fantasma de estar por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, esto es, escapar de salarios de pobreza, sino de ponerse en un pie de igualdad con lo que perciben otros agentes estatales con el mismo nivel de capacitación que se exige al docente.
Señor escribano, como dije al comienzo de mi nota, podemos estar o no de acuerdo en que la huelga sea o no el instrumento más adecuado a la hora de llevar adelante nuestros reclamos salariales, pero nunca estaremos de acuerdo en calificar a la huelga como instrumento de ruptura de la paz social o causante de daño alguno.
Los docentes, los que ganamos $ 25 la hora neta de trabajo, estamos hartos de que nos acusen de tomar de rehenes a los niños cada vez que hacemos paro, sobre todo cuando esas acusaciones provienen de sectores que no padecen las penurias económicas que nosotros padecemos.
Profesor Alejandro de Villafañe - Delegado Escolar Permanente. Escuela Ricardo Videla Luján de Cuyo - DNI 14.015.958
