La historia se repite. Nuestros dirigentes gremiales parecen no haber aprendido nada de la evolución de las cosas y de la humanidad. Se han quedado inmersos en los viejos esquemas de los años 40/50/60/80.
Parece que se alimentan del paro, sin entrar a comprender el daño que se ocasiona, sobre todo al interés general y en especial al prestigio de la administración central, descentralizada, provincial, municipal, y a toda la sociedad en conjunto que, con esfuerzo, viene pagando sus impuestos para mantener un enorme Estado, que no se relaciona con la calidad de los servicios que presta.
Hagamos reclamos (no huelgas) para mejorar la administración y capacidad de los servidores.
Creo que debemos usar otros mecanismos de acción para que se hagan escuchar, trabajar con responsabilidad y ejemplaridad, sin ser cómplices de las deformaciones de la administración.
Basta analizar como ejemplo la cantidad de empleados que se han incorporado a la función pública en sus distintas ramas, desde 2003 a 2015, sin que se reclamara por esas irregularidades ni por el vaciamiento financiero del inmenso aparato estadual.
El nuevo gobierno asumió en diciembre de 2015, con un fuertísimo incremento en la planta de efectivos estatales, no sólo a nivel de la Nación sino también de las provincias y municipios.
Para no comparar con décadas anteriores ni con países vecinos con realidades muy distintas, la economista Nuria Susmel, de FIEL, tomó como referentes modelos para calcular el excedente de personal a las provincias de Córdoba y Santa Fe que, con 17,2 empleados públicos por cada 100 habitantes ocupados y 3,7 empleados públicos por cada 100 habitantes en general, tienen la mejor proporción del país.
Al extrapolar este ratio a nivel nacional, el exceso total de empleados públicos asciende a un estimado de al menos 719.925, un 23,5% del total.
La provincia con más excedentes es Tierra del Fuego (73%), seguida por Catamarca (65,2%), Neuquén (62%) y Santa Cruz (61,7%).
Este cálculo es conservador ya que no incluye al plantel de las empresas que fueron estatizadas como Aerolíneas Argentinas, AYSA o los ferrocarriles de transporte interurbano, que ampliaron sus servicios y prestaciones desde que volvieron al Estado, también con la correspondiente incorporación de personal, en algunos casos justificado y en otros, no tanto.
En las firmas reestatizadas la cantidad de empleados pasó de 28.400 en 2003 a 104.600 en 2014, según cifras oficiales.
La generosidad en las contrataciones públicas se nota más en los distritos provinciales donde, según el cálculo de FIEL, sobran 496.511 personas.
El exceso en los empleados que dependen de la Nación es de 96.046 y 127.368 en los municipios. La suma da un excedente alarmante de al menos 719.925 empleados públicos.
Estamos marcando, con la ayuda de profesionales responsables, que se ha creado un Estado grande, en relación a la calidad de los servicios que presta, debiendo en consecuencia esos empleados cuidar el Estado y no amenazar con el paro. Además de no resolver los problemas, los empeoran.
Busquemos lo mejor que tenemos los argentinos para salir con dedicación, esfuerzo e inteligencia, del grave problema ocasionado por una administración carente de valores.
La ruptura de la paz social con un paro tiene un solo justificativo: oponerse al delito inmerso en los propios gobiernos. Debemos entender que la irresponsabilidad de muchos funcionarios alimentaron la discrecionalidad tomando como botín de guerra, como propio, el Estado.
Pongamos el hombro, no pidamos lo que no se puede dar. Trabajemos con responsabilidad, amor y dedicación para cumplir con el precepto de eliminar la pobreza y mejorar los servicios públicos, educación, salud y seguridad.
Todos debemos estar inmersos en políticas que desarrollen armoniosamente el país. No pongamos palos en la ruedas que nos retrasen. Con seguridad todos juntos lo podremos hacer mejor y más rápido.
Hay muchas cosas para mejorar. Concentrémonos en eso. Se debe cambiar el concepto que a la víctima hay que abandonarla como si no tuviera derechos.
