Luis Fermosel - la.fermosel@gmail.com
"Éramos pocos y… " señalaba días pasados un bodeguero al hacer alusión a un nuevo problema que podría agregarse a los ya conocidos en la industria y que han generado una fuerte caída en el consumo. Hacía referencia a las versiones que corren, cada vez con mayor intensidad y que hacen alusión a la posibilidad de que en un futuro a mediano plazo -posiblemente después de las elecciones- se apruebe una modificación en la ley de impuestos internos y se establezca un gravamen a las bebidas alcohólicas que podría incluir al vino.
Los aspectos señalados se convirtieron en el centro de la conversación, en razón de que puede afectar un aspecto clave en la industria, como es el consumo. En ese esquema recuerdan que los números indican que por diferentes factores la gente está tomando menos vino. En primer lugar destacan la situación económica, que genera que la gente destine sus ingresos especialmente a los productos de primerísima necesidad -carne, leche, pan- relegando a las bebidas. En segundo lugar destacan que en la actividad vitivinícola se ha dado una situación especial como es el hecho de que ha sufrido los efectos del alza importante en los insumos, a lo que deben agregarse dos cosechas muy bajas, que han generado un alza en los valores de la uva. Así entonces, el precio final del producto ha alcanzado aumentos de hasta el 90 por ciento, en algunos casos, en los últimos dos años, situación que también ha influido sobre las exportaciones, afectadas en la competitividad.
Poniendo esos aspectos en una balanza, el bodeguero consultado señalaba que "estamos trabajando al mínimo de rentabilidad para poder mantener al menos el mercado, a la espera de que la situación cambie en el futuro". Por ese mismo motivo también se refirió a las graves circunstancias que podrían plantearse si se aplica algún tipo de impuesto al vino.
Consultados los dirigentes de las entidades, coincidieron en señalar que conocen de las versiones y que las mismas son "cada vez más consistentes". Destacaron en ese sentido que en el orden nacional se habla de una reforma tributaria que podría aplicarse a partir de octubre, "para mejorar las cuentas y los números fiscales, que están muy ajustados y que actualmente se cubren con deuda externa", agregando que en los borradores se advierte que existe el intento de gravar a las bebidas alcohólicas, a las azucaradas y al tabaco". Recordaron entonces que el vino actualmente no paga impuestos internos y que el champán está eximido por el solo hecho de que anualmente se actualiza el decreto que permite derivar ese dinero a la inversión para generar fuentes de trabajo. "Pero no hemos logrado que esa excepción salga por ley, pese a las gestiones que hemos realizado", dijeron a coro.
Las fuentes consultadas pasaron a enumerar lo que indican las versiones sobre el tema.
En primer lugar, destacan que habría técnicos trabajando en la redacción de un nuevo Código Alimentario Nacional y que el vino podría ser removido del mismo si es considerado alcohol. Expresan que actualmente el vino es considerado "un alimento", pero que las presiones sobre el consumo de alcohol son muy duras. En ese marco, manifestaron que en esa "campaña" se encuentran encumbrados funcionarios y políticos "de primer nivel" que están trabajando, por ejemplo, en la implementación de la tolerancia cero para conducir, "a pesar de que no pueden hacer cumplir ni siquiera los 0,5 actual", a lo que suman lo sucedido en la Capital Federal con la ordenanza que establece la prohibición de la publicidad callejera del consumo de vino. "Esa prohibición surgió por lo ocurrido en una fiesta electrónica y las muertes se produjeron por el consumo de distintas sustancias pero no por el vino, pero nosotros pagamos los platos rotos", dicen.
Los dirigentes coinciden en señalar que la "amenaza" es peligrosa por los personajes que la impulsan, no se tienen en cuenta que están afectando las economías regionales de muchas provincias, desde Salta hasta Neuquén, pasando por Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro y otras donde existe una vitivinicultura incipiente, como Córdoba. "Además, indicaron, las obras bebidas, como las gaseosas, que tienen un fuerte poder de lobbies ya están 'trabajando' con legisladores y funcionarios y con técnicos buscando argumentos en lo referido al Código Alimentario, mientras en el caso de las provincias posiblemente afectadas los sectores políticos parecieran estár más preocupados por las elecciones", se indicó. Aseguraron en ese esquema que hay que tener "mucho cuidado" porque una reforma tributaria no se realiza una vez por año, sino que la misma suele tener perdurabilidad en el tiempo. "¿Cómo haremos para cambiarla en el futuro?", se preguntaron, para afirmar que "debemos trabajar, porque de lo contrario el proyecto va a seguir avanzando y cuando actuemos ya va a ser demasiado tarde".
Según se indicó, la situación fue considerada días pasados a nivel de entidades en el seno de la Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina), oportunidad en que se acordó solicitar audiencias a las autoridades nacionales. En ese esquema, el miércoles se reunirán con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Buryaile y el jueves con el vice jefe de Gabinete nacional, Gustavo Lopetegui. Para el 9 de agosto está prevista una reunión con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La intención de los actores de la industria pasa por informar y tratar de concientizar a los funcionarios en el sentido de que el vino fue calificado por el Congreso de la Nación como "la bebida nacional", con el apoyo de todos los bloques y que inclusive está considerado beneficioso para la salud, recordando en ese sentido aquella afirmación de Luis Pasteur, que la calificó de "la más sana e higiénica de las bebidas".
"Lo que sucede -culminó una de las fuentes consultadas- es que los legisladores de las provincias vitivinícolas no están actuando en bloque a modo de defensa" y hasta llegaron a señalar que "años atrás en el Congreso sobresalía el denominado 'bloque mendocino' que trabajaba más allá de las pertenencias políticas y eso se ha perdido…", expresando que en la estrategia de defensa deben trabajar los poderes Ejecutivo y los legisladores nacionales, en un movimiento de pinzas que evite que la principal base de las economías regionales resulte perjudicada.
