La falta de decisiones concretas sobre qué puede llegar a ocurrir con la excepción del impuesto al champán mantiene en vilo a una gran parte de la actividad vitivinícola.
Sucede que el Poder Ejecutivo nacional decidió postergar la excepción hasta el 30 del corriente y los trascendidos indican que, a partir del 1 de mayo, los espumantes podrían volver a tributar, lo que quitaría a la industria una suma superior a los 500 millones de pesos anuales. Mendoza, la mayor perjudicada por la medida, debe actuar y reclamar con la firmeza que el caso exige porque significaría un nuevo golpe a la economía provincial.
El tema tiene su historia. En 2005 el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, decidió aplicar un impuesto del 12% a lo que calificó como bebidas “suntuarias”, entre las que ubicó a las surgidas de destilados y al champán, aduciendo en este caso que los espumantes eran consumidos por un determinado nivel (alto) de la sociedad.
Luego de varios meses de reclamos, la industria vitivinícola logró un acuerdo: las bodegas que elaboren champán dejarían de pagar el impuesto a cambio de que ese dinero “ahorrado” fuera invertido en la actividad, con el objetivo de generar fuentes de trabajo.
El problema fue que la excepción se fijó por decreto, con prórrogas anuales, y ahora el gobierno de Macri firmó la postergación sólo por cuatro meses. En el medio quedaron un proyecto de ley del entonces senador nacional por Mendoza, Adolfo Bermejo, exceptuando al champán de las bebidas suntuarias -aprobado por la Cámara alta, quedó en comisiones de Diputados- y la gestión que están desarrollando actualmente diputados nacionales de Cambiemos. El silencio que han mantenido las actuales autoridades del Ministerio de Economía no hace más que profundizar la inquietud de los bodegueros.
Si el Gobierno nacional no prorroga la medida y no dicta una ley con la excepción definitiva, dejará demostrado que entiende muy poco de la industria vitivinícola porque el champán no es una bebida especial sino un vino gasificado y el vino, además de ser “la” bebida nacional”, está incluido dentro del ramo de “alimentos”, mientras paralelamente, consumido con moderación, es considerado beneficioso para la salud.
Tomado el tema desde el plano económico-financiero, cabría señalar que el Gobierno nacional deja de recaudar aproximadamente 500 millones de pesos anuales, una cifra irrisoria dentro de los miles de millones que se mueven a ese nivel, mientras la industria no se queda con ese dinero sino que lo reinvierte en la propia actividad -superando inclusive esa cantidad de dinero- aumentando las fuentes de trabajo.
El tercer aspecto a abordar es el social. Incluir al vino entre las bebidas “suntuarias” es un completo error porque ha quedado demostrado que es una bebida a la que acceden también las clases “media y baja” de la sociedad, un aspecto que se da no sólo en la Argentina sino que también ocurre en Brasil, donde los sectores más pobres pueden acceder a su consumo, especialmente en las fiestas familiares. Elitizar al champán con una ley sería golpear también al resto de la sociedad.
Mendoza debe estar muy alerta respecto de lo que puede suceder con las leyes impositivas a nivel nacional. Hay versiones que indican que existiría la intención de aplicar nuevos impuestos al tabaco y, para evitar el reclamo regional, extender también la medida a las bebidas alcohólicas, incluyendo al champán y al vino. Si esto llega a ocurrir el golpe podría ser muy duro para una industria que es la base principal de la actividad agrícola provincial, con ingresos que se distribuyen entre un número importante de actores sociales.
