Por Rosendo Fraga - Analista político. Especial para Los Andes
La movilización de protesta, promovida en forma conjunta por las cinco centrales sindicales, se da en un contexto en el cual parece haberse terminado el período de “luna de miel” que suelen tener todos los gobiernos en sus meses iniciales pero que tiende a acortarse cada vez más.
Esta protesta tiene lugar dos meses después que dirigentes sindicales peronistas destacados, como Moyano y Venegas, asistieran el 1 de marzo al discurso del Presidente, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, en una muestra de buena relación política.
Para analizarla, lo primero a tener en cuenta son las condiciones económico-sociales que llevan al sindicalismo a realizarla antes de que Macri cumpla cinco meses en el gobierno.
Durante el primer trimestre del año, tanto fuentes sindicales como privadas coinciden en que se han perdido aproximadamente 120.000 puestos de trabajo. Sólo en la construcción ha dejado de trabajar el 15% de quienes estaban ocupados, como consecuencia de la suspensión de obra pública en el primer trimestre. A ello se han sumado los despidos y “desvinculaciones” -como se está denominando a la no renovación de contratos en el sector público- que han tenido lugar en el ámbito nacional, provincial y municipal. Se agrega la recesión en el ámbito privado que suma despidos y suspensiones.
Por esta razón, el primer reclamo que planteó la protesta sindical fue la “emergencia ocupacional”, la cual tiene dos herramientas principales: la suspensión de despidos y la doble indemnización como alternativa. Este proyecto cuenta con media sanción del Senado, aunque el Presidente dijo que lo vetará.
Pero, la causa principal detrás de la movilización sindical está en que durante abril ha tenido lugar la tasa de inflación mensual más alta desde el año 2002, con el impacto que ello implica no sólo sobre el poder adquisitivo de los salarios sino, sobre todo, en los sectores sociales más vulnerables del Gran Buenos Aires, que no tienen trabajo en blanco.
Es decir que la protesta sindical se realiza no sólo a raíz de la preocupación por el empleo que existe en los trabajadores representados por los sindicatos sino también por la situación que se vive en los informales que no tienen representación social, más allá de la Central de Trabajadores Precarizados, que por ahora reúne a cooperativas que administran planes sociales.
La protesta tuvo como singularidad que, por primera vez desde que Cristina Kirchner llegara al poder en 2007, la promovieron en conjunto las tres centrales sindicales peronistas, lideradas por Moyano, Caló y Barrionuevo (los tres secretarios generales de gremios del sector privado, aunque la central de Barrionuevo se bajó a último momento para hacer un acto separado por no aceptar que el kirchnerismo se “colara” en la movilización), con la participación de las dos centrales sindicales combativas, no peronistas, encabezadas por Micheli y Yasky (ambos titulares de gremios estatales).
Junto con esta novedad, se dio una constante: la identificación política del sindicalismo con el peronismo. En la movilización que constituyó la protesta se hizo presente la flamante conducción del Partido Justicialista, encabezado por Gioja y Scioli, al igual que varios intendentes justicialistas del conurbano bonaerense.
Mientras tanto, numerosos gremios han estado cerrando acuerdos salariales en base al 40% anual (alimentación, construcción, gráficos, choferes, carne, etc), mostrando que la inflación esperada por el Gobierno ha sido superada.
La historia no se repite pero es una referencia.
Quizás la administración Macri debería reflexionar que, siendo un gobierno no-peronista, está comenzando a enfrentar situaciones análogas a las sufridas por los dos últimos gobiernos radicales.
En los tres casos, la primera protesta nacional del sindicalismo tuvo lugar antes de que se cumpliera un año de gobierno. Para Alfonsín fue el 3 de setiembre de 1984, antes de cumplir 9 meses de gobierno. De la Rúa la tuvo el 24 de febrero de 2000, cuando todavía no llevaba 3 meses. Ahora a Macri le sucede el 29 de abril de 2016, cuando todavía no lleva 5 meses en el poder.
También, antes de cumplir un año, la convergencia del peronismo y el sindicalismo en el Congreso fue el primer límite político que enfrentó el Gobierno. Retomando la analogía: el rechazo a la ley de reordenamiento sindical en el caso de Alfonsín, la reforma laboral en el de De la Rúa y ahora la emergencia ocupacional.
El estadista tiene la capacidad de mirar la historia para inspirarse en los aciertos y recapacitar sobre los errores, y este puede ser el caso hoy.
La experiencia de los gobiernos no peronistas del pasado reciente fue que sin incorporar a un sector del peronismo resulta difícil gobernar.
Hasta el último día, tanto De la Rúa como Alfonsín, no compartieron el poder con el peronismo en el Gabinete, como sucede hoy con Cambiemos.
Que en la última semana de abril el oficialismo haya tenido (con sólo dos días de diferencia) su primera derrota en el Senado y su primera protesta sindical nacional antes de cumplir cinco meses en el poder puede ser un buen punto para debatir si no necesita cambiar su enfoque político sobre el sindicalismo en particular y sobre el peronismo en general.
