Constituiría un error señalar que la dirigencia política provincial no se ha preocupado por el tema de la inseguridad, pero se ha ocupado poco del problema, o al menos no lo suficiente.
Desde hace años que funciona una comisión bicameral, integrada por representantes de la totalidad de los bloques de las dos Cámaras legislativas y que es presidida -porque así lo establece la ley- por un dirigente de la oposición.
Esa comisión mantiene reuniones semanales, se debaten iniciativas, se discute, pero no se advierten resultados concretos. Más aún, pareciera ser que nuestra dirigencia política actúa con movimientos convulsivos y así, cuando se produce un caso impactante, todos se juntan para actuar de inmediato pero, pasado un tiempo, todo vuelve a la “normalidad”.
Si para muestra sólo hace falta un botón, podríamos remitirnos a lo sucedido a fines de abril, cuando un turista neocelandés fue asesinado en las inmediaciones del Estadio Provincial, en un hecho que conmocionó a la ciudadanía y que tuvo trascendencia internacional.
La reacción fue inmediata de parte del vicegobernador de la Provincia, quien solicitó la aprobación de una ley que estableciera la emergencia en seguridad y que, en un principio, por iniciativa de una legisladora justicialista, contemplaba el tratamiento y la aprobación, en un plazo perentorio -en un principio era de 30 días- de todas las iniciativas que se encontraran en tratamiento en la comisión Bicameral de Seguridad.
El radicalismo, por su parte, impulsó una iniciativa que consideraba la posibilidad de ampliar en mil plazas el establecimiento Almafuerte, del sistema penitenciario provincial, entre otros aspectos.
Luego de intensas conversaciones, a principios de junio terminó aprobándose en el Senado un proyecto de ley que constituía un mix entre los dos anteproyectos, a la vez que se decidía declarar, por un año, la emergencia en seguridad.
Entre otros aspectos, esa norma legal contemplaba la incorporación de agentes policiales, la adquisición de móviles a distribuir en todo el territorio provincial, la incorporación de tecnología, el fortalecimiento de un plan de video-vigilancia, la ampliación de Almafuerte y la puesta en funcionamiento de un registro de ADN, a lo que se sumaba el análisis y aprobación de leyes, con proyectos ya presentados, referidos a la portación de armas ilegales, la competencia de la Justicia provincial en narco criminalidad, reformas en la seguridad vial con la creación de cuerpos especiales, sanciones por las llamadas falsas al 911 y el control de ingresos y egresos en el tránsito de bienes y personas.
El proyecto fue aprobado por amplia mayoría -sólo hubo un voto en contra- y pasó de inmediato a la Cámara de Diputados para su consideración.
Es aquí cuando comenzaron los inconvenientes. Desde el Poder Ejecutivo partieron algunas voces de disconformidad y algunos señalan que fue porque no tuvo participación directa en el tema, mientras desde sectores de la oposición se puso la mira en la necesidad de no otorgar plena libertad al Gobierno para el destino de las partidas presupuestarias.
Hasta se ha llegado a manifestar que no extrañaría que se jueguen algunos intereses políticos, en razón de que nos encontramos en los meses en que se podrían posicionar algunas candidaturas. El hecho cierto y concreto es que a casi un mes del ingreso del proyecto a la Cámara baja, muy pocos hablan del tema.
En síntesis, los problemas de inseguridad persisten y concentran la preocupación de la población pero pareciera ser que los tiempos que maneja la gente son distintos a los que considera la clase política.
La seguridad necesita un debate rápido y también que se acelere la toma de decisiones. Resultaría lamentable que el tema vuelva a ser puesto en la palestra cuando se produzca otro hecho de trascendencia como el sucedido con el turista neocelandés, porque ratificaría que la política actúa sobre todo con el peso de las decisiones viscerales.
