Es fundamental que los poderes legislativos, todos, no sólo el mendocino, garanticen que los ciudadanos accedan a su información. La ausencia de una normativa de acceso a la información pública obstaculiza fuertemente el control ciudadano de nuestra Legislatura y demás instituciones públicas, e impide garantizar un derecho fundamental que permite mejorar la calidad de vida de las personas.
Recordamos que, en diciembre de 2012, la Corte Suprema de la Nación resolvió el caso "Asociación por los Derechos Civiles contra Estado Nacional (PAMI) s/ amparo ley 16.986". Allí, la ADC consiguió que el tribunal reconociera por primera vez el derecho de acceso a la información como un derecho autónomo, de raigambre constitucional, vigente en las condiciones en que el mismo ha sido reconocido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto permitió poner en evidencia las limitaciones de las regulaciones existentes y la necesidad de contar en Argentina con leyes acordes a los estándares internacionales que garanticen su ejercicio.
Tal como lo señalamos en una nota del 20/3/'17, Mendoza aún es una de la cuatro provincias que no han logrado sancionar la Ley de Acceso a la Información Pública, lo cual implica una fuerte deuda con la democracia. Esto, a nuestro criterio impide hablar de Legislatura Abierta en el sentido propio de la palabra. El acceso a la información pública es una herramienta ciudadana que obliga a los funcionarios a responder y a entregar información que puede ser vital tanto para el ejercicio de otros derechos fundamentales -derecho a la salud, la seguridad, la educación, entre otros- y como para permitir el control mismo de la gestión estatal. No se trata de un favor, donde los gobiernos de turno suponen qué tipo de información tiene que dar, se trata de un derecho humano que el Estado debe garantizar de conformidad con los estándares y buenas prácticas en la materia.
En respuesta al artículo publicado el 25/4/'17 del doctor Diego Mariano Seoane, secretario legislativo de la Cámara de Senadores, queremos aclarar que -tal como surge de la nota del 20 de marzo elaborada por esta parte- no desconocemos la "idea de participación y Legislatura Abierta, encabezada por la vicegobernadora, Laura Montero"; sino que nos focalizamos, y lo seguiremos haciendo, en algo que consideramos medular para poder hablar de Legislatura Abierta, y es en la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es decir que como condición previa a sostener una Legislatura Abierta, los ciudadanos deben contar con esta herramienta normativa básica. De lo contrario, no estamos haciendo honor a lo que intentamos transmitir a la población.
Cuando hablamos de Legislatura Abierta, estamos invocando una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos, a través del cual se fomenta la apertura y transparencia, con la finalidad de garantizar el acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y altos estándares de ética y probidad en la labor parlamentaria.
Nosotros, desde la ADC, y como ciudadanos particulares, no pretendemos desconocer los esfuerzos que -desde la Vicegobernación- se vienen realizando por promover la apertura en el gobierno y valoramos las acciones concretas que se han realizado hasta el momento en forma positiva. No obstante, queremos dejar en claro, que no hemos confundido, las cuestiones intrínsecas al funcionamiento del Poder Legislativo, en todo caso nuestro artículo se centró en la necesidad imperiosa de darle a esta provincia una Ley de Acceso a la Información, realizar aportes desde nuestro lugar, y estimular un debate para la concreción de este objetivo democrático. El doctor Seoane hace referencia en su columna, a que el accionar legislativo, se ha sostenido sobre la calidad, transparencia y participación; y que a partir de ellos se ha planificado y ejecutado distintas acciones cotidianas. Consideramos respetable su opinión, pero como aquella vez, deseamos remarcar la necesidad de una ley provincial que le permita al ciudadano hacer valer sus derechos.
Finalmente, es importante señalar que las medidas llevadas adelante y mencionadas por el doctor Seoane tales como: Plan de Modernización del Circuito Legislativo, implementación de un sistema de transmisión en vivo de sesiones y audiencias públicas y presentación de estadísticas de productividad legislativa, son un avance en cuestiones de transparencia y rendición de cuentas que atañen a la implementación de buenas prácticas de gestión pública y apertura legislativa. Pero, el reclamo de una Ley de Acceso a la Información Provincial en modo alguno debe sentirse como una crítica o un ataque, sino como una contribución ciudadana, propia de un ejercicio democrático, para la garantía efectiva de este derecho humano. Nuestra tarea está en cooperar a fin de abrir una nueva instancia de comunicación y de acción entre quienes gobiernan y los ciudadanos, y que estos puedan involucrarse en las políticas públicas y la gestión estatal mediante herramientas que permitan acceder a la información en poder del Estado, entendiendo que esta información que genera o gestiona es, en definitiva, de todos los ciudadanos.
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Diario Los Andes.
