Por Rosendo Fraga - Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Especial para Los Andes
Las irregularidades electorales que tuvieron lugar en la provincia de Tucumán no son un hecho más como otros registrados en el pasado, porque evidencian un fuerte retroceso en la cultura política argentina.
Es que a casi 32 años del restablecimiento de la democracia, la calidad electoral está retrocediendo y esto ha puesto en evidencia el caso de Tucumán.
A cuarenta días de la primera vuelta de la elección presidencial, no parece que estos hechos puedan reducir la base electoral del oficialismo a nivel nacional, que es de aproximadamente el 40% de los votos, como lo confirmaron las PASO.
Así como las denuncias contra Aníbal Fernández no impidieron a Scioli ganar las primarias por casi 9 puntos de diferencia, las encuestas muestran que ni su controvertido viaje a Italia ni las inundaciones han reducido su caudal de votos. Por ese motivo, es difícil que Tucumán lo haga, pero este tipo de episodios pueden impedir que el oficialismo logre el 45% que le permitiría ganar en primera vuelta o los 10 puntos de ventaja sobre el segundo, si alcanzó 40%.
Hay también efectos que se han precipitado. Sin Tucumán, la foto de Massa, Macri y Stolbizer en una posición común -que el jefe de Gobierno porteño había rechazado semanas atrás cuando la propusiera Massa en la noche del 9 de agosto- no hubiera sido posible. Ello puede o no constituirse en un cambio de tendencia dentro de la oposición que facilite una convergencia electoral si hay segunda vuelta.
Hacia adelante, la cuestión central es si los hechos de Tucumán pueden convertirse o no en un punto de inflexión que lleve a un mejor funcionamiento del sistema electoral argentino y, a través del mismo, a una necesaria mejora en la calidad institucional.
En cuanto a la anulación de la elección, el gobierno de Cristina Kirchner sabía que la justicia contencioso-administrativa de Tucumán podía hacerlo, pero creía más probable que circunscribiera la decisión sólo a las mesas impugnadas. Pero la Suprema Corte de la provincia, que es la instancia de apelación, probablemente revocará el fallo y la causa llegará a la Corte Suprema.
Desde el punto de vista histórico, no hay antecedentes de anulación de elecciones argentinas desde el restablecimiento de la democracia en 1983.
La última vez que se anularon fue en 1962, semanas antes de que Frondizi fuera destituido por un golpe militar y posteriormente detenido.
En esa ocasión se habían realizado elecciones legislativas de medio mandato y de gobernadores en las provincias, pero fueron anuladas por sucesivos decretos del Poder Ejecutivo porque el peronismo había ganado en varios distritos -incluido el de Buenos Aires- y la presión del antiperonismo militar y civil llevó a ello.
El problema que ha generado Tucumán es que ha puesto en duda, debate y discusión la transparencia y confiabilidad de la práctica electoral argentina.
Se realizan ahora elecciones provinciales en Chaco, donde probablemente el oficialismo nacional se impondrá. Si se registran nuevas irregularidades, ello puede aumentar la falta de credibilidad para las presidenciales del 25 de octubre; si la elección es transparente, junto con la eficacia que tengan las medidas adicionales para el control de la elección que está adoptando la Cámara Nacional Electoral, podría recrearse por lo menos parcialmente la confianza perdida.
El problema el 25 de octubre es el particular sistema argentino de balotaje: si el primero tiene más del 45%, aunque sea por un voto, gana en primera vuelta; también se alza con la victoria a partir del 40% si mantiene 10 o más puntos de diferencia sobre el segundo. Resultados ajustados sobre este sistema pueden dar motivo a controversia.
En cuanto a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo utilice la intervención federal en Tucumán, no parece necesaria: el gobierno provincial es un aliado importante del gobierno nacional, que lo apoya en la defensa de la controvertida elección. Más bien parece una amenaza dirigida a la Justicia provincial.
Respecto a Tucumán -donde el año próximo se conmemorará el Bicentenario de la Independencia-, no fue una provincia especialmente violenta en el siglo XIX ni durante el siglo XX hasta comienzos de los setenta, con el surgimiento de la guerrilla.
Podría plantearse una hipótesis alrededor de la industria azucarera. En la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX Tucumán fue, junto con Mendoza (que tenía la industria vitivinícola), una de las provincias más desarrolladas del interior.
Sin embargo, con la declinación de los ingenios, surgieron desajustes sociales y ello puede haber contribuido en el surgimiento de fenómenos como la guerrilla y la inestabilidad que se dio entre fines del último gobierno militar y los primeros gobiernos desde el restablecimiento de la democracia. Entre 1983 y 2001, Tucumán fue la provincia con más paros docentes y más motines policiales.
Cabe agregar que en la Argentina hay dos culturas políticas: la de las provincias grandes (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza), que es más plural y con mayor grado de institucionalidad; y la de los 19 distritos más chicos, donde hay una cultura política más personalista y autoritaria.
Tucumán es el sexto distrito electoral y el más grande de estos 19, los que en conjunto son un tercio del electorado. Hace 20 años que el peronismo viene gobernando Tucumán y Alperovich lo ha hecho durante tres períodos.
Pero la gran cuestión es si lo ocurrido en Tucumán puede transformarse en un punto de inflexión, por el cual la mejora en la transparencia electoral marque el inicio de la marcha hacia una mejor calidad institucional; las urnas del Chaco comenzarán a dar una respuesta a ello.
