¿Por qué los 8 de marzo?

Se dice que hubo al menos tres 8 de Marzo que entraron en la historia. Tres sucesos enlutados por la represión. Dos los forjaron las obreras neoyorkinas por alcanzar mejoras en las condiciones de trabajo y por la reducción de la jornada laboral. El tercero, en la Rusia zarista, por pan y trabajo. Todos ellos protagonizados por la lucha de las mujeres. Por eso, este 8 de marzo, con el Paro Internacional, no sólo recordamos la historia de las mujeres y las huelgas que hemos sostenido, sino que empezamos a concebir ese colectivo capaz de transformar las relaciones sociales de desigualdad para las mujeres.

El primer 8 de marzo fue en 1857, cuando miles de trabajadoras textiles marcharon por los barrios más ricos de Nueva York en protesta contra sus miserables condiciones de trabajo. El segundo, en 1908 y en la misma ciudad, alrededor de 20.000 costureras industriales de grandes fábricas se declararon en huelga en reclamo por mejores salarios, la reducción de la jornada laboral, contra el trabajo infantil y por el derecho a unirse a los sindicatos. Fue en el transcurso de esta huelga donde murieron encerradas y carbonizadas 146 trabajadoras de la fábrica Cotton Textile Factory.

En 1910 Clara Zetkin en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en Copenhague, propone el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para promover las reivindicaciones por las que las mujeres luchaban: derecho al sufragio, derechos laborales y en contra de la guerra.

A partir de los años 70, el movimiento feminista amplía sus demandas en torno a la sexualidad y las violencias contra las mujeres, al sostener que lo personal es político. Así, pone en evidencia cómo ámbitos privados tradicionalmente considerados ajenos a la política y lo público, tales como la familia o la sexualidad, son espacios donde se desarrollan relaciones de poder que están en la base de las estructuras de dominación. Se trata de extender a toda la vida social, incluido el interior más privado, relaciones igualitarias entre varones y mujeres, sin que ello implique renunciar a la diferencia.

En América Latina y el Caribe, fue el movimiento de mujeres de la región el encargado de instalar la fecha en la agenda pública. En Argentina, el 8 de marzo se conmemoró por primera vez en 1984. Mujeres de partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y feministas se autoconvocaron en la Plaza de los Dos Congresos para rememorar el Día Internacional de las Mujeres y reclamar por sus derechos, después de la más sangrienta de las dictaduras militares que dejó 30.000 desaparecidos y desaparecidas, de los cuales el 30% fueron mujeres.

Por eso cada 8 de marzo reconocemos a aquellas mujeres que hicieron ese enorme trabajo de verdad y justicia por quienes amaban. Nuestras Madres de Plaza de Mayo, nuestras Abuelas que aún hoy buscan a sus nietos y nietas. También a las mujeres de sectores populares cuyos derechos fueron socavados y, a pesar de las prohibiciones, salieron a reclamar por paz, pan y trabajo. Otro ejemplo histórico de cómo las mujeres somos capaces de inventar modos de lucha y trabajar juntas por la libertad, la igualdad y la transformación social.

Siempre somos las mujeres quienes nos ocupamos, dentro del hogar y en la comunidad, de quienes necesitan ayuda y cuidados. Somos así el servicio social, médico y comunitario que nunca es reconocido como tal, ya que se considera que es “normal y natural” que lo hagamos.

Aunque las reglas del mercado impactan a todos las y los trabajadores tienen efectos más profundos y devastadores en nosotras. Además de soportar extensas jornadas de trabajo con paga más baja, somos las principales responsables de las tareas domésticas y de cuidado, trabajo que no es reconocido ni remunerado. Las mujeres hacemos dos tercios del trabajo no remunerado y los hombres solo un tercio; esto significa dobles y triples jornadas laborales que pesan sobre nuestra salud psíquica y física.

Entonces, son éstas las relaciones de poder que debemos transformar si queremos ganar en la lucha contra la desigualdad.

En el plano de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de los numerosos reclamos y de la Campaña Nacional llevada adelante hace ya 11 años, no logramos garantizar aún los derechos en que se sustenta: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Se controla nuestra salud reproductiva, nuestro derecho a disfrutar de una sexualidad placentera, disponer libremente de nuestros cuerpos y ejercer autonomía. La heterosexualidad obligatoria condena a las mujeres, especialmente a las lesbianas a reprimir sus deseos y a no disfrutar libremente de sus sentimientos y su sexualidad.

La maternidad forzada de jóvenes, niñas y adultas; la penalización del aborto que induce a la ilegalidad y la discriminación social -las mujeres de escasos recursos sufren las más graves consecuencias para su vida y salud-[1]; el SIDA junto con otras enfermedades de transmisión sexual, constituyen factores de riesgo centrales para la salud de las mujeres.

La violencia sexista que se ejerce sobre nosotras se ha extendido gravemente y tiene efectos devastadores: los femicidios, las violaciones, el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación laboral y sexual, el abuso sexual infantil, son algunas de las expresiones más violentas y visibles. En Mendoza seguimos luchando por la aparición con vida de Soledad, Johana y Gisela, desaparecidas.

En 2009 se sancionó la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Hasta la fecha no se ha hecho efectiva debido fundamentalmente a la falta de presupuesto para implementarla y a la inexistencia de políticas de estado articuladas entre los ámbitos judicial, legislativo y ejecutivo.

En nuestro país una mujer muere cada 18 horas por causa de la violencia machista. En lo que va del año 2017 se han registrado 57 femicidios, más de un femicidio por día. Desde el Estado no hay estadística oficial que dé cuenta de los femicidios, ni de sus víctimas colaterales (niños y niñas que quedan sin sus madres), ni tampoco estrategias para detenerlos.

En Mendoza durante el año pasado se registraron 21 femicidios, cifra que sitúa a nuestra provincia entre los primeros lugares a nivel nacional en violencia machista.

La falta de respuestas ante estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, hablan de la violencia institucional ejercida contra nosotras. Las instituciones que deberían proteger y defender a las víctimas, son las que se ensañan con ellas, convirtiéndolas muchas veces en responsables de aquello que les sucede.

En 1995 en la IV Cumbre Mundial de Mujeres de Pekín, 189 países adoptaron acuerdos con el objetivo de poner fin a la discriminación que sufrimos las mujeres en el mundo, por el simple hecho de ser  mujeres. Veintidos años después, aún se nos mata por honor, se nos sigue manteniendo bajo tutela masculina, se nos mutila genitalmente, se nos viola y desaparece. En el mundo, incluida la Argentina, la violencia, la pobreza, el tráfico de personas -fundamentalmente, de mujeres y niñas- el analfabetismo, siguen teniendo, en mayor proporción cara de mujer.

Las discriminaciones abiertas y encubiertas, el machismo y el sexismo están a la orden del día. Por ello, es preciso insistir desde la educación y los medios de comunicación en actitudes y prácticas no sexistas que contribuyan a la construcción de otra mirada y trato hacia las mujeres. Promover modelos y representaciones sociales de las mujeres para alcanzar otras formas de relación entre los géneros, despojadas de estereotipos.

Por todo esto, cada 8 de marzo, cada día del año, año tras año, exigimos al estado políticas públicas integrales de prevención, asistencia y protección de las mujeres, así como programas educativos, sociales y económicos.

Para nosotras, cada 8 de marzo es una jornada militante que actualiza nuestra historia. Nuestra lucha se hace en las casas, en los trabajos, en las fábricas, en el campo, en las escuelas, en las calles, en las plazas del país, en los Encuentros Nacionales de Mujeres. En cada uno de esos espacios reivindicamos nuestro derecho a la autonomía, a decidir sobre nuestros cuerpos, a vivir nuestras vidas libres de violencia patriarcal con el objetivo de construir una sociedad más justa, libre e igualitaria para todos y todas.

[1] Los abortos clandestinos siguen siendo la principal causa de muerte de mujeres gestantes en nuestro país. Más de 500 mujeres mueren por año por esta causa.

El Instituto de Estudios de Género y Mujeres (IDEGEM) depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Uncuyo, fue creado en 2008 y puesto en marcha en marzo de 2009, con el objetivo de realizar actividades de investigación, formación y transferencia en el campo de problemas ligados a los estudios de género, con vistas a lograr incidencia en el campo social, y contribuir al debate de políticas públicas capaces de incorporar la perspectiva de género. Actualmente sus autoridades son  la Dra. Eva Rodríguez Agüero (Secretaria General) y Abogado Carlos Lombardi (Vicepresidente del instituto)