El candidato a conducir la Procuración General de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, es considerado por muchos como un "mano dura". Él no cree ser así, aunque asegura que ha solido mantener firmeza en sus sentencias como integrante de la Sexta Cámara del Crimen, donde trabaja hace 26 años.
“No me tiembla la mano ni me temblará. Si eso llega a ocurrir, me voy”, dijo, un poco advirtiendo cuál será su impronta, si es confirmado por el Senado como jefe de los fiscales.
El hombre propuesto por el Gobernador, Alfredo Cornejo, para remplazar a Rodolfo González, tiene claros ejemplos de su severidad. De hecho, él mismo confirma tener "más de 30 condenas a prisión perpetua" dictadas.
Pero insiste en que lo que hace es "cumplir con la ley", y defiende su postura. "Hay que mensurar la naturaleza de la acción que define a un delincuente. Pero también, el daño que ha producido a la víctima", señala.
Por eso, en varios de sus fallos suele repetir frases como que hay delitos “que no sólo ocasionan daños físicos sino que, además, destrozan la psiquis de las víctimas y corroen su alma”.
Así se puede apreciar en algunas de sus sentencias, a las que Los Andes tuvo acceso. Como en la que condenó a 18 años de prisión a Elio González Bazán, en julio de 2008, a quien sentenció por hechos reiterados de abuso sexual "gravemente ultrajantes" y con acceso carnal a dos pequeñas hermanas de 10 y 8 años.
También usó una frase similar en el fallo condenatorio de Alejandro Lopresti Giorllente, a quien le dio 20 años de prisión, en junio de 2012, por abuso sexual gravemente ultrajante, "agravado por la calidad de guardador y por ser la víctima menor de 18 años", una nena de 6 años, hija de la concubina del reo. En este caso, Lopresti se suicidó cinco días después de haber sido condenado por la Cámara.
A veces, incluso, el todavía juez suele tener disidencias en el tribunal que preside. Así ocurrió en el caso en que condenó a 35 años de prisión a Darío Rodríguez Contreras, acusado de asesinar a dos personas en el barrio Olivares y a una tercera en el barrio San Martín, en diciembre de 2005.
En esa oportunidad, si bien la jueza Liliana De Paolis adhirió a la postura de Gullé, el otro camarista, Alejandro Brizuela, votó en disidencia porque entendía “de justa aplicación” que fueran 25 y no 35 los años de encarcelamiento.
Hay quien dice que Brizuela “suele ir hacia abajo” en esas condenas. Gullé, en tanto, reafirma para justificar sus decisiones: “Si bien la cárcel implica una resocialización, hay que entender que también requiere una cuota de sanción”.
El mismo criterio ha utilizado para fallar en homicidios en los que ha dictado prisión perpetua. Como el caso de Joel González, que en 2013 mató a Hugo Montecino y a su madre “para no dejar testigos” de la otra muerte. Gullé no encontró atenuantes ante ese homicidio “simple” ni el otro, que consideró de “criminis causa”.
O para el caso en el que mandó a la cárcel de por vida a Juan Carlos García Cappadona, en marzo de este año, tras comprobar que el acusado mató a su mujer, lo que consideró un homicidio agravado por el vínculo y con uso de arma de fuego.
O también, en el resonante caso de la muerte de la pequeña de 13 años, Micaela Tati, ocurrida en marzo de 2012 cuando paseaba con su tío Rafael Molina, a quien iban los disparos que la mataron.
Gullé decidió dar 26 años de prisión a Jorge "el Loco" Barroso, tras considerar el hecho como "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego", aunque también consideró que hubo "tentativa de homicidio simple" e igualmente agravado, por el arma. Este caso tuvo un desenlace negativo para Gullé, ya que la Suprema Corte bajó la pena de 26 a 8 años.
En el Poder Judicial, a Gullé lo consideran “un duro” también. “Está claramente ubicado del lado de los severos”, señaló una fuente que trabaja en el Ministerio Público. “No está precisamente del lado de los garantistas”, destacó otro habitante de Tribunales, que además señaló que “si él tiene que elegir entre 5 y 8 años para condenar a una persona, seguramente no elegirá 5”.
Gullé, en tanto, rechaza esa visión. “Yo fui quien falló por primera vez a favor del criterio de oportunidad y lo hice en soledad. Después la Suprema Corte me dio la razón”, indicó.
Efectivamente, en el caso Sosa Morán (2005), en el que unos jóvenes estudiantes iban a ser condenados por pintar las paredes de una escuela, Gullé consideró que era aplicable el “criterio de oportunidad”, es decir “prescindir de una acusación penal por un hecho menor”.
Sobre aquel hecho, hubo un pedido de inconstitucionalidad del entonces fiscal, que fue refutado por la Suprema Corte, en favor de la posición de Gullé. “No se puede estigmatizar a una persona”, dijo el nominado para procurador en favor de esa idea, que no deja de decir que “lo que se debe hacer es cumplir con la ley”.
Los motivos de la elección
Cuando Alfredo Cornejo informó que Alejandro Gullé era el elegido para remplazar a González, no ahondó en los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.
Las razones, entonces, quedaron en el ámbito de las especulaciones. Así, el hecho de ser “un duro” fue quizás lo que más trascendió. Esto “concuerda” con la política de seguridad que quiere llevar adelante Cornejo, con las diversas leyes aprobadas desde que asumió, en materia de Justicia Penal, sobre todo.
En el entorno del Gobernador siguen sin dar detalles, pero hay quien asegura que se lo eligió “un poco por todo eso”. Aunque no ven a Gullé tanto como “un duro”, sino más bien como que “garantiza justicia”.
Además, se supo que integra los equipos de seguridad de Cornejo “desde hace tres o cuatro años”. También dicen que “se mueve, no está atado a un escritorio”, algo que precisamente busca el Gobernador en ese cargo.
Una condena que bajó Palermo
Una pelea en silencio entre el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia parece tener un correlato en la designación de Gullé.
En diciembre de 2015, la Suprema Corte revirtió la pena a 26 años de prisión que la Sexta Cámara del Crimen -encabezada por Gullé- dio a Jorge Barroso por la muerte de Micaela Tati. El Máximo Tribunal provincial hizo lugar, en parte, al pedido de la defensa de un recurso de casación, y le bajó a ocho años la sentencia.
En ese momento, la Sala 2 de la Suprema Corte, con la opinión de Omar Palermo, la adhesión de Mario Adaro y la disidencia de Herman Salvini, hizo lugar en parte al reclamo de “irregularidades” que hizo la defensa sobre el fallo de Gullé, aunque le dio la razón en el hecho de que hubo un “error de golpe”, es decir que sí atendió la intención de querer matar al tío de la pequeña, Rafael Molina.
“Siguieron la tesis de (el ex juez de la Corte nacional, Eugenio) Zaffaroni y consideraron que sólo fue tentativa de homicidio y no dolo eventual como consideramos nosotros”, dijo Gullé al respecto, contrariado por la medida.
“Había intención de matar al tío de la nena. La prueba es la gran cantidad de disparos que hubo”, destacó el aspirante a procurador general, en clara oposición a la decisión que impulsó el ministro Palermo.
