La información no deja de sorprender: un concejal de San Martín, un hombre que en su función de representar al pueblo que lo votó tiene la obligación de dar el ejemplo, se ha sentido molesto porque en su bono de sueldo le descontaron los días no trabajados. Lo grave del caso pasa porque no fueron uno ni dos los días en que no asistió a cumplir sus obligaciones en las comisiones que integra, sino que lo hizo sistemáticamente a lo largo de todo marzo. Resulta preocupante el hecho de que, en lugar de dar las explicaciones correspondientes ante las autoridades y el pueblo del departamento, el edil haya calificado al descuento como una reacción política por las críticas que realiza a la gestión departamental.
Desde el mismo momento en que asumió, el gobernador Alfredo Cornejo anunció una serie de medidas destinadas a "ordenar" la administración pública, ante los problemas -según su óptica- que habían surgido de las dos gestiones anteriores. Se revisaron contratos, cumplimiento de los mismos y se avanzó sobre lo que se calificó como un alto grado de ausentismo en los distintos estamentos del Gobierno.
Entre esas medidas figuró el famoso Ítem Aula, dirigido al sector docente, una iniciativa muy cuestionada por el gremio del SUTE en razón de que aseguraba que se estaba castigando a justos por "algunos pocos" pecadores y que, en los hechos, se estaba obligando a los docentes a trabajar a pesar de encontrarse enfermos, incluyendo en este último caso a enfermedades contagiosas. Pese al reclamo, el ítem se implementó y en los dos primeros meses de aplicación el propio mandatario, junto al titular de la Dirección General de Escuelas, manifestaron su satisfacción porque la cantidad de docentes que se tomaron licencia bajó un 36% respecto de marzo y un 32% respecto de abril de 2015. Según el Gobierno, la aplicación de la medida influyó también durante el último paro de la CGT y por ese motivo los docentes concurrieron a las escuelas, indicando que, si no hubo clases en forma regular, fue porque faltaron los alumnos.
Teniendo en cuenta esos antecedentes, valiosos por supuesto, es que llama severamente la atención el reclamo de un concejal radical de San Martín, que se quejó porque en su bono de sueldo de marzo se habían descontado los días en que no había asistido a cumplir con sus obligaciones.
Según se indica, las "obligaciones" de un concejal son dos: asistir a las sesiones y a las reuniones de comisiones. Sergio Dubé, el edil al que hacemos mención, integra tres comisiones: Relaciones con la comunidad, Cultura y Obras. A las dos primeras faltó todo marzo, sin justificar ninguna de las inasistencias, de manera tal que, de 12 días en que tuvo la obligación de concurrir (8 a las comisiones y 4 a las sesiones), el concejal faltó a 6, lo que debería determinar que la reducción de sólo el 30% del salario no se adaptó tampoco a la realidad.
La información señala también que los concejales de San Martín perciben una dieta de alrededor de 40 mil pesos por "trabajar" (cumplir con sus obligaciones) 12 días al mes, cinco veces más que lo que percibe un trabajador municipal que cuenta con un salario promedio de 8 mil pesos por concurrir los cinco días de la semana y con siete horas diarias. A ese trabajador municipal, si falta un día sin justificar, se le descuenta el presentismo, que constituye un ítem importante dentro del sueldo mensual.
Ante la aplicación de la medida, el edil no justificó sus inasistencias sino que denunció que se trataba de un castigo por sus críticas a la gestión municipal, de allí que resultaría oportuno que el radicalismo, que ha tomado como bandera la transparencia de la gestión, llame a la reflexión del edil y lo reconvenga para que cumpla con la función que el pueblo le encomendó a través del voto.
