¿Hacia el gobierno de los representados?

El debate sobre la minería en Mendoza debe ser resuelto por la dirigencia política en base a criterios objetivos y científicos en vez de moverse por presiones sectoriales, tanto sea de los grupos mineros como de los manifestantes opuestos.

¿Hacia el  gobierno de los representados?

La reapertura del debate por los proyectos mineros en la provincia por parte del gobierno de Francisco Pérez trajo aparejado el resurgimiento de los reclamos de organizaciones que, amparándose en los alcances de la ley vigente sobre dicha actividad económica, por lo general apuntan a la invalidez de los estudios de factibilidad que se realizan y dan a conocer sobre las áreas a inspeccionar y eventualmente explotar.

El ejemplo más claro y reciente lo dio el debate en la Legislatura de la declaración de impacto ambiental del proyecto Hierro Indio, previsto en el departamento de Malargüe. El abordaje del tema generó las habituales reacciones de los grupos que lisa y llanamente parecen querer oponerse a toda posibilidad de desarrollo minero en el territorio mendocino.

Agrava el panorama general una suerte de regionalización de la demanda, que hace que haya zonas o departamentos más afines a la actividad minera y otros en los que prácticamente la protesta insistente ha llevado a internalizar entre los habitantes la idea de que la minería directamente no sirve ni es viable.

En estos momentos dos departamentos del sur provincial, Malargüe y General Alvear, con sus intendentes a la cabeza, llevan a cabo un enfrentamiento por el uso del agua y sus derechos que parece haber sobrepasado el poder de decisión de las autoridades provinciales y que sólo responde a la puja por el proyecto minero en discusión.

Lamentablemente, las presiones sectoriales fueron importantes durante el debate legislativo y ello indudablemente influyó en el ánimo de las autoridades provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, para que el abordaje en el recinto se desvirtuara y el futuro del proyecto minero en cuestión quedara a la deriva.

El proyecto Hierro Indio, lejos de un debate parlamentario serio, fue sometido a tironeos que no sólo terminaron dividiendo caprichosamente la votación sino que desnudaron alarmantes debilidades de la dirigencia, que debería responder según el interés de la ciudadanía a la que representa, es indudable, pero siempre despojándose de pasiones y presiones que por lo general no permiten llegar a conclusiones basadas en sólidas definiciones políticas, como todo proyecto que hace al futuro de la economía que una provincia merece.

En una jornada en la que las protestas públicas abundaron, la Cámara de Diputados rechazó por mayoría y envió al archivo el proyecto que contenía los estudios ambientales del proyecto minero, colocándole un candado a su abordaje y llevando al Poder Ejecutivo  hasta a verse obligado a poner en tela de juicio la factibilidad del mismo luego de haberlo promovido con bombos y platillos, como hizo también con el proyecto Cerro Amarillo, que aún depende del resultado de los estudios correspondientes.

El escándalo y el descrédito provincial fueron de tal magnitud y trascendencia que casi inmediatamente tuvo que primar la sensatez política, y esos mismos legisladores que actuaron bajo presión decidieron, con criterio esta vez, proceder al desarchivo del expediente y su reenvío al Poder Ejecutivo para efectuar las correcciones que correspondan antes de llevar el tema nuevamente al recinto, pero esta vez, cuando los plazos reglamentarios del funcionamiento institucional lo permitan. Es decir que en calma y sin el agobio de las protestas sectoriales, los legisladores terminaron adoptando las medidas que debieron tomar en un principio.

El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas... dice claramente la Constitución nacional en su artículo 22. Sabio precepto mediante el cual el constituyente buscó trazar el límite entre el justo reclamo de la ciudadanía y el rol que le compete a quienes son electos por el pueblo para alzar su voz en su representación. Es de esperar que luego de los recientes incidentes, en los que Gobierno y Legislatura actuaron bajo indudable presión e intendentes departamentales tienden a sobrepasar el límite de sus atribuciones, los criterios republicanos vuelvan a regir a pleno para que debates serios y profundos sobre la Mendoza productiva que viene tengan el marco apropiado.

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