El 1 de febrero entró en vigencia la resolución que obliga a los comercios a transparentar sus precios, especificando valor al contado y financiado. Se busca fomentar un proceso de mayor transparencia en los precios, atento al cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor y a la búsqueda de una mayor competencia entre empresas que podrá redundar en mejores opciones para los consumidores.
En los hechos implicó la desaparición de las cuotas sin interés, dado que en ellas ya estaba implícito el costo del comercio por financiar un producto.
"Ahora 12" continúa vigente, pero con un 28% de interés anual y el recientemente lanzado "Ahora 18" tiene un costo financiero total del 30% anual. El Banco Nación, por su parte, lanzaría un programa con financiaciones menores que los referidos programas. En tanto que, se estima, las compras con tarjeta de crédito, o débito, en un solo pago y, por supuesto, en efectivo tendrán un precio menor del orden del 10%.
Esta medida que ha generado controversias ¿es acertada? ¿Podrá generar impactos positivos en la tasa de inflación y en el consumo?
Dos de los aspectos más criticados de la gestión. Para poder analizar sus posibles impactos, necesitamos revisar el contexto en que se aplica.
Contexto de aplicación de la medida
Caracterizado por un 2016 complejo, con contracción del PBI que probablemente se ubique en el 2,5%. El año se inició con una fuerte devaluación de la moneda e incrementos tarifarios que repercutieron en el nivel de precios, siendo la inflación uno de los puntos débiles al alcanzar un 40% bastante lejano del 25% inicial fijado como meta por el Gobierno.
La caída del salario real fue del orden del 7%, con paritarias que cerraron en los 33 puntos porcentuales. La situación incluso más compleja fue la de trabajadores en negro quienes no contaron con ese tipo de “protecciones”.
Por otra parte el combo de inflación, aumentos en servicios, apertura de importaciones, estímulo a las inversiones financieras, repercutió fuertemente en la actividad industrial y, con ella, en el desempleo, el cual, de acuerdo a la UCA, se ubica en el orden del 10%, afectando a más de 1,7 millón de personas, mientras que el subempleo escaló hasta el 18%. Más allá de las diferencias aún vigentes entre cifras oficiales y privadas, en contextos recesivos difícilmente pueda crearse empleo.
De este modo el consumo se resintió de manera marcada, observándose caídas en supermercados del orden del 5%, proceso acompañado por la decisión de los consumidores de orientarse hacia segundas marcas y a la adquisición de bienes de primera necesidad.
Paradójicamente sólo crecieron productos premium como por ejemplo vinos finos, mostrando un comportamiento con dos lecturas. Por un lado, la de quienes afirman que ante la recesión el consumidor optó por elegir un producto de mejor calidad para disfrutarlo en su hogar. Por otro, quienes ven en ello una tendencia a la concentración de los ingresos.
Impacto negativo en inflación y consumo
Es probable que las buenas intenciones del Gobierno se vean opacadas por una inadecuada coordinación de políticas. Veamos por qué.
Inflación:
1) Aumento del costo de los bienes con financiación. Resulta discutible la potencial reducción de los precios contado en efectivo, con débito o en una sola cuota. Hay relevamientos que hasta este momento dan cuenta de comercios en donde efectivamente se han registrado rebajas y otros en los que las rebajas han sido menores al 10% o nulas, habiéndose encarecido -de este modo- el costo del bien financiado.
2) Aumentos inoportunos. La implementación de la medida, casi conjuntamente con los aumentos de combustibles de enero y los próximos en servicios esenciales (luz, gas, agua), dista de contribuir a la estabilidad de los precios y menos a su baja. Difícilmente los comercios internalicen esos mayores costos, los que se trasladarán a los precios de los bienes.
Consumo
1) Chau débito, hola crédito caro. A finales de 2016 se dejó sin efecto la devolución del IVA para compras con tarjeta de débito, fundado ello en el costo fiscal que tenía para el Gobierno. La medida es contraria a los propios intentos del Gobierno por bancarizar a la población y eliminar el uso de dinero papel de las transacciones. Si bien el estímulo era pequeño, constituía un incentivo para realizar compras, ya que uno recibía un pequeño descuento sobre el precio final. Ahora, además de perderse la posibilidad de registrar transacciones (posible mayor uso de dinero en efectivo), le sumamos la aplicación de una medida que encareció el costo de financiación de los bienes. Crédito en hasta 12 y 18 cuotas, sí. Pero a precio de mercado.
2) Contado efectivo para pocos. Ya describimos el contexto complejo de caída del salario real, de desempleo y subempleo. Pues bien, en situaciones de ese tipo, quienes realmente pueden beneficiarse de una medida como la anunciada son los sectores altos capaces de abonar sus compras en un solo pago. El resultado se muestra inequitativo.
3) De la privación relativa a la absoluta. La deuda en cuotas sin interés, incluso con el costo ya cargado al precio del bien, era una opción para la clase media y sectores medios bajos. En contextos complejos, la misma constituía una forma de no verse privados del acceso al consumo. Sin embargo, en el contexto actual, el posible encarecimiento de algunos bienes, sumado al impacto del aumento de servicios y del crédito, dificultarán el acceso de estos sectores al consumo con tarjeta, mientras que el consumo en efectivo de los mismos se verá aún más restringido.
