Treinta y cinco años desde la guerra por las Malvinas; a treinta y tres del restablecimiento de la democracia. Este aniversario, sin embargo, encuentra otra vez a la Argentina en un lugar conocido: en medio de uno de los habituales giros de nuestros gobiernos electos sobre un derecho de soberanía que a estas alturas debería contar ya con una estrategia de consenso, como corresponde a un asunto de Estado tal cual es éste.
Por el contrario, prevalecen las interpretaciones políticamente intencionadas, las desacreditaciones cruzadas de las políticas de quien fue oficialismo y hoy es oposición, y viceversa; las definiciones con propósitos encubiertos. Nada conducente, en definitiva, hacia la construcción de una política de Estado.
Así, el Gobierno nacional descalifica la política malvinense de los gobiernos Kirchneristas por “agresiva en su tono y su contenido”, particularmente por las intervenciones en foros internacionales de la ex presidenta Cristina Fernández. “Todo esto condujo al no diálogo y a una mala relación con Londres”, según conclusión de la Cancillería.
De ese modo justifica la política de los últimos dieciséis meses, a la que la oposición, por su parte, define de “desmalvinización y de premeditada pérdida de soberanía y de autonomía de la Argentina”, según el balance del diputado del Frente para la Victoria (FpV) Guillermo Carmona, hoy vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, a la que presidió en la última etapa del kirchnerismo. “También en esto -agrega- (Mauricio) Macri hace lo contrario de lo que prometió en la campaña. No entregaremos la soberanía de las Malvinas”, dijo.
La primera decisión del gobierno de Cambiemos sobre Malvinas consistió en pasar a subsecretaría, al frente de la que designó a la diplomática de carrera María Teresa Kralikas, lo que desde 2015 había sido una secretaría, que llegó a ocupar Daniel Filmus, cuando se jerarquizó la histórica dirección de Malvinas de la Cancillería. La oposición considera que esa “degradación” es sintomática del supuesto lugar secundario que haría pasado a ocupar el asunto en la política exterior macrista, pero desde el Palacio San Martín le quitan toda connotación: se trató de una “decisión técnica” del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, como parte del plan de reestructuración ministerial.
Sea como fuere, el hecho alrededor del cual se desató la mayor controversia por la política malvinense del gobierno Macri, con fuertes cuestionamientos desde el kirchnerismo pero aun desde sectores oficialistas, como radicales y cívicos, fue el comunicado conjunto que firmaron el martes 13 de setiembre el entonces vicecanciller Carlos Foradori y su contraparte británica, Alan Duncan. Fue la primera declaración conjunta de ambos países desde 1999 y que en la misma no se haya tocado el tema de la soberanía (ambos datos remiten a la política de acercamiento y “seducción” de los ‘90, primero con Carlos Menem y después con Fernando De la Rúa).
En ese momento, el mismo Duncan, a propósito del comunicado, se encargó de recordar: “Desde ya que el diálogo no incluye la soberanía”. Seis meses después, la semana pasada, hizo lo propio el embajador británico Mark Kent ante un auditorio en la Universidad Austral: “No está en la agenda”. Desde la Cancillería argentina se acepta esta argumentación: “Si no está en la agenda de ellos, tampoco en la nuestra. No está en el diálogo (bilateral) porque ellos no quieren”, dijo aquella alta fuente, que reafirmó que el Gobierno continuará con la búsqueda de apoyos diplomáticos al reclamo de soberanía. Entre ellos mencionó los que Argentina logró construir durante los gobiernos kirchneristas, como los del Grupo de los 77 más China.
El comunicado setembrino resultó en el primer avance diplomático formal hacia el abandono de la hostilidad del kirchnerismo, al tiempo que la reapertura de las consultas bilaterales de alto nivel con Gran Bretaña que se habían iniciado en 2002, siempre bajo el “paraguas de soberanía” que se estableció a fines de 1989, poco antes de reanudarse las relaciones diplomáticas.
Ambos compromisos, según el diputado Carmona, “están en línea con las pretensiones de los kelpers, quienes de este modo empezaron a ser reconocidos implícitamente como ‘la tercera silla’ en la disputa de soberanía”. No opinan lo mismo desde la Cancillería: “No es así ni permitiríamos que así fuera. Los isleños están sumamente interesados en los vuelos pero me pregunto cuánto interés tienen en ello -dijo aquella fuente- que no aceptan nuestros ofrecimientos”.
Los kelpers pretenden un segundo vuelo semanal, que se sumaría al actual que hace LAN desde Chile con una escala por mes en Río Gallegos, pero lo quieren desde terceros países (Brasil o Chile). Tampoco hubo pasos en cuanto a reformar la legislación argentina sobre la explotación hidrocarburífera en Malvinas, que durante el gobierno de Cristina Fernández estableció primero sanciones administrativas y luego también penales para empresas que operaran con concesiones kelpers.
No hay unanimidad siquiera en cuanto al acuerdo incorporado en el comunicado de setiembre respecto de la identificación de los cuerpos de los 123 soldados argentinos sepultados sin nombre en el cementerio de Darwin con la participación de la Cruz Roja Internacional. El legislador del FpV sostiene que no es un logro del gobierno de Macri en tanto Gran Bretaña está obligado a hacerlo por razones humanitarias. Pero desde la Cancillería replican que “se trata de un gran avance, quizás el mayor en estos casi 16 meses respecto de Malvinas. Por primera vez se logró firmar un acuerdo así con Londres y la Cruz Roja, que estará concluido entre junio y setiembre. Si Gran Bretaña está obligada, ¿por qué no lo hizo en 35 años?”, se preguntó la alta fuente diplomática.
“El gran avance -agrega- ha sido tender puentes, abrir espacios de diálogo y de cooperación”.
