Tras más de una década de inventar y reeditar restricciones al comercio exterior, el Gobierno Nacional actual ha iniciado el camino para abolirlas o reducirlas. Ya eliminó el cepo cambiario y el impuesto a las exportaciones (salvo a la soja y sus derivados).
Queda muchísimo por hacer: las importaciones aún tienen bloqueos arbitrarios e ilegales (las SIMI son la copia exacta de las nefastas DJAI), se encuentran gravadas con “anticipos” y “valores criterio” que son exacciones encubiertas y están dificultadas por mil imaginativos métodos (aduanas “especializadas”, requisitos y autorizaciones previas, estampillados, etiquetados y leyendas varias). Un verdadero muestrario de trabas.
Las exportaciones tampoco están exentas de ellas. Eliminar los derechos de exportación y dar un plazo para el ingreso de divisas de 5 años para todos los productos fueron medidas positivas, pero falta mucho.
Olvidando a Leopoldo Marechal (“de todo laberinto se sale por arriba”) y al señero decreto de desregulación (2.284/91), parecería que se intenta destrabar, manteniendo las trabas, en la esperanza de hacerlas más eficientes, menos arbitrarias, más amigables. El reciente decreto 1.079/16 que crea la Ventanilla Única del Comercio Exterior Argentino (Vucea) es una muestra.
Fantaseamos con medidas que vayan al hueso de nuestra falta de competitividad como:
- Hacer un acuerdo de libre comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay, liberarnos del Mercosur y pactar acuerdos comerciales bilaterales con países y bloques comerciales, como Uruguay busca hacer con China y como Chile ha hecho durante 40 años, como política de Estado, con gobiernos de distinto signo político.
- otro decreto de desregulación.
- Un esquema arancelario bajo y uniforme.
- Reformar el Código Aduanero para focalizar la acción aduanera en la protección de la renta fiscal, actualmente dispersa en variados objetivos, lo que retarda y encarece toda la operativa de comercio exterior, tanto para los administrados como para la propia Aduana.
- Derogar la Ley 19.359 (penal cambiaria) y todo el andamiaje de regulaciones cambiarias del BCRA.
Sin embargo, comprendemos que el gradualismo es el imperativo político de la hora y en esta dirección nos permitimos sugerir medidas para mejorar la eficiencia del comercio exterior:
1. Derogar ya el decreto 2.581/64 que exige cambiar compulsivamente por pesos las divisas logradas en la exportación, permitiendo -al mismo tiempo- una moratoria de las causas en proceso por la ley penal cambiaria (19.359) y hasta con fallo firme, de modo que los productores y fabricantes nacionales puedan pensar nuevamente que la exportación no es una actividad de alto riesgo.
2. Analizar todas y cada una de las regulaciones que afectan a las exportaciones e importaciones preguntándose si mantenerlas realmente contribuye a que nuestras exportaciones despeguen y nuestra productividad aumente o si, por el contrario, aumentan costos, sin un resultado concreto positivo y medible. Por ejemplo, la intervención del INAL previa a la exportación de alimentos (que fue implantada en 1993 basándose precisamente en el Decreto de Desregulación) sería una de las candidatas a un estudio más profundo. En importaciones también hay decenas de ejemplos. Una muestra: la exigencia de "requisitos esenciales de seguridad" para la importación de bicicletas. Y así siguiendo. El trabajo que –cumpliendo el decreto 1.079/16- ya ha iniciado la Comisión encargada de instrumentar la Vucea es la oportunidad para estos análisis. Tenemos suerte los mendocinos de que los primeros productos elegidos para implementar la Ventanilla Única sean soja (y sus derivados) y vino.
3. Derogar todo el régimen de "aduanas especializadas" que, por ejemplo, impide que por la Aduana de Mendoza se puedan importar juguetes, bisutería, bicicletas y calzados, cuando otras Aduanas como Buenos Aires, Ezeiza, Paso de los Libres o Salta (tuvo mejor "lobby" que Mendoza) pueden importar sin ninguna restricción.
4. Establecer "cabeceras" de verificación aduanera compartida entre Chile y Argentina, en ambos países, de modo que los camiones sean verificados por ambas aduanas y otros organismos intervinientes (sanitarios, de transporte, etc.) en el punto de partida y luego ingresen en el país de destino con una simple verificación de precintos. Esto es posible. La actual verificación documental de turistas y sus vehículos en Los Libertadores y Horcones por funcionarios chilenos en Horcones y argentinos en Los Libertadores demuestra que conviene tener un solo espacio compartido. La tecnología actual disponible lo permitiría: trabajar en un país en sistemas operando en otro país, internet mediante; precintos electrónicos inviolables, seguimientos on line con GPS, etc. Los tiempos de "cruce" podrían reducirse a la mitad y también sus costos asociados, mejorando la calidad de la verificación. En una segunda etapa, este accionar conjunto exigirá la compatibilidad de procedimientos y mejoras informáticas que no son difíciles, habida cuenta que nos guiamos por la misma nomenclatura aduanera básica, que es universal, y que los sistemas de declaraciones en aduana en ambos países no difieren mayormente. Esta verificación compartida ya existe entre Argentina y Brasil, en el centro unificado de fronteras del Puente Santo Tomé/Sao Borja, ubicado del lado argentino, desde 1998, por lo que sus experiencias serían aprovechables para extender este sistema a las otras fronteras.
5. Incorporar en los trámites que realizan los administrados ante las distintas reparticiones, y no sólo los de comercio exterior, más casos de otorgamiento de lo peticionado por aquéllos si el que debe decidir o controlar no lo hace en un tiempo perentorio. Esto ya existe en Aduana por ej. cuando el importador queda autorizado a disponer de la mercadería de importación estampillada si la aduana no verifica dentro de los 3 días de haber recibido su notificación de haber cumplido el estampillado.
En caso de que el otorgamiento por el simple paso del tiempo (sin control por el funcionario que debe hacerlo) pueda generar perjuicios a la sociedad, establecer penalidades claras a quien debió obrar y no lo hizo en tiempo oportuno, teniendo en cuenta que el funcionario público no sólo debe cumplir su función sino también facilitar y agilizar el trabajo de sus administrados.
La lista podría seguir con otras reformas, algunas más fáciles de lograr que otras, pero todas dirigidas a liberar al comercio y a la industria de una pesada carga de trabas acumuladas a lo largo de décadas, que asfixian a la mayoría y sobre todo a las nuevas actividades y emprendedores, pero que benefician copiosamente a unos cuantos avispados que evitan así competir para repartirse con colegas el menguante mercado interno.
