Por Gastón Bustelo - gbustelo@losandes.com.ar
Después de una reunión que se realizó el pasado 14 de abril en el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, todavía hay funcionarios, empresarios y dirigentes vitivinícolas que no salen de su asombro.
La reunión había sido motorizada porque desde el sector vitivinícola manejaban la versión de que en la Legislatura había un proyecto para eliminar el Acuerdo Mendoza-San Juan. Fue así que se los convocó para explicar que no era la idea darle de baja, sino actualizarlo debido a que se creó hace 20 años y hay puntos que deben modificarse. La entidad encargada de controlar el cumplimiento del Acuerdo es el Fondo Vitivinícola, organización que depende de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y funciona como unidad ejecutora de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
Lo cierto es que todavía no paran de hablar de esa reunión por su belicosidad en el sector y muchos funcionarios siguen sorprendidos debido a que el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y del Fondo Vitivinícola, Sergio Villanueva, le ofreció resolver las diferencias a trompadas al legislador Ricardo Mansur.
“Villanueva se comportó como un barrabrava”, es el comentario que se reitera con preocupación en las mesas de café, en varios despachos de la Casa de Gobierno y en diferentes entidades vitivinícolas. Mansur dijo en esa reunión que “los cupos para cumplir con el acuerdo se venden en la peatonal” y citó casos concretos.
"Hay que pegarle al chancho para que grite el dueño", dice Mansur. Consultado Villanueva, sobre el funcionamiento del mercado negro de cupos dijo a Los Andes: "Se cuestiona el sistema y los números están a disposición. Vamos en el sentido de eliminar el mercado secundario; el problema está en el que no hace mosto y quiere que otro se lo haga. Está todo abierto y a disposición, en el Fondo se sientan 10 entidades y ven los distintos casos. Pueden quedar mercados secundarios y veremos en qué medidas son viables o no".
Están las dudas sobre el accionar de Mansur porque es uno de los tantos que se dedica al negocio vitivinícola, como el legislador Marcos Niven que también tiene viñedos. Si como legisladores se advierte que quieren hacer leyes para su beneficio, lo denunciarán diputados de otros partidos y los mismos dirigentes de las entidades vitivinícolas.
Otro problema más, desde Bodegas de Argentina no dan los datos de las inversiones que realizaron las champañeras con el dinero que no le pagaron al Estado en concepto de impuestos por el beneficio de la eximición que se prorrogó, según anunció el gobernador Cornejo.
La gente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este también tiene problemas a la hora de discutir, porque muchas veces sus argumentos son débiles y no continúan los debates. Cada una de estas entidades, entre otras, busca tener aliados en distintos lugares del gobierno.
El ejemplo más claro es Gabriel Fidel, quien trabajó para Bodegas de Argentina y hoy está a cargo de ProMendoza, la Agencia de inversiones y es miembro del Parlasur. Lo mismo hacen gerentes de otros sectores de la economía local. Cuestionar el lobby sería ingenuo, pedimos que sea transparente, saber quiénes lo llevan a cabo y qué buscan. ¿Es mucho?
Tenemos entonces dirigentes que no dan datos, otros que ofrecen piñas y algunos que debaten poco y mal. Bueno, todas estas entidades forman parte de la Coviar, la famosa entidad que los bodegueros mostraban como ejemplo del trabajo entre el sector público y privado. Poco quedó de eso si además de estar con una fuerte interna entre las entidades, comienzan a llevar sus tensiones al sector público. Cómo funciona entonces el lobby vitivinícola, mal al menos para el sector, habrá que ver si les sirve a los que son parte.
¿Quién va a negociar con otros legisladores para que no caiga el estado parlamentario de la ley que exime de impuesto a los espumantes? ¿Así van a dialogar con los legisladores para que avance el proyecto de ley de uso de jugos naturales para que se use el jugo concentrado de uva en la edulcoración de bebidas sin alcohol?
La parte buena es que las instituciones funcionaron en Mendoza. La Legislatura aprobó la creación de una comisión de seguimiento que comenzará a ver cómo ha manejado el Fondo Vitivinícola las excepciones y multas a bodegas que no cumplieron con el porcentaje a mosto. A todos se nos viene a la cabeza la frase de Perón, “si quieren que un problema no se solucione, formen una comisión”, pero en Mendoza tenemos un buen ejemplo.
En los 90 se creó y trabajó bien una comisión que investigó el funcionamiento de los ex bancos provinciales Mendoza y Previsión Social, la que produjo importante información que reflejó el descontrol que había en esas entidades manejadas por el Estado. Servirá además para saber si Mansur dice la verdad o no.
Pero también, hay que seguir discutiendo hacia dónde va la vitivinicultura, qué tipo de uva se priorizará y en qué zonas, cómo avanzará la reconversión y si será necesario erradicar viñedos, una solución que muchos se animan a comentarla por lo bajo pero no por los diarios, entre otros temas de fondo que no están claros todavía.
