Pasada la elección democrática más importante para Colombia en los últimos 50 años, la respuesta del pueblo colombiano es una fractura entre el centro del país y la periferia, y una visión internacional de que Colombia no quiere llegar a la paz.
Hace más de un año he tenido la oportunidad de vivir en tierras colombianas y vivenciar el proceso de paz desde sus entrañas. He podido charlar con colombianos de todos los estratos (aquí las clases sociales están divididas por estratos del 0 al 6, al igual que cada barrio o sector), y de distintas regiones: desde Bogotá o Medellín hasta Caquetá, Florencia o Meta, donde a la fecha la guerrilla sigue presente.
Las polaridades son claras y se pueden vislumbrar tres tipos: 1) aquellos ocupados y afectados por el pasado, 2) quienes miran al futuro y 3) quienes el conflicto no les ha llegado. El gobierno trabaja sobre los primeros, pero incidió el que las FARC lleven apenas un mes pidiendo perdón por los actos cometidos y que se hayan cedido muchos beneficios para terminar esta guerra. Los que miran al futuro están de acuerdo. Los que sienten que lo sucedido no puede dejarse de lado, no lo están. Los ajenos al conflicto opinan pero con indiferencia.
¿Colombia votó “no” a la paz? El presidente Santos lo ha dejado claro: tanto los que votaron a favor como los que votaron en contra quieren y buscan la paz. El punto es que no están de acuerdo con los términos negociados en La Habana.
La realidad es que es ínfima la cantidad de colombianos que leyeron las 297 páginas del acuerdo y tomaron una decisión criteriosa. Los dos principales argumentos en contra son el pago de $ 1.800.000 (alrededor de 600 dólares) a los guerrilleros que se entreguen y comiencen el proceso de reintegración, y la creación de un régimen especial de justicia para una gran minoría de los guerrilleros que depongan sus armas.
Los votantes por el “sí” no están del todo de acuerdo pero entienden que son “sacrificios necesarios para solucionar los problemas del campo, sacarlos del monte y comenzar a trabajar una paz más sostenible”, como me comentó una periodista.
Unos miran a futuro. Otros miran al pasado.
¿Qué factores se deben tener en cuenta en el análisis?
Votaron menos de 13 millones de colombianos de casi 36 millones habilitados. Del tercio que votó, la mitad estuvo en contra y la mitad a favor (un poco más de 6 millones por cada lado).
Lo primero a tener en cuenta es que en Colombia el voto es un derecho, no una obligación. En las últimas dos elecciones presidenciales votaron entre 10 y 12 millones, lo cual indica la falta de activismo cívico. Hubo 64% de abstención, una cifra que encuentro preocupante en este ejercicio democrático, no el 18% que votó por el “no”.
Un factor influyente fue el huracán Matthew, que hizo que el sector costeño mermara y sólo votase el 23% promedio de los habilitados. En los últimos 16 años la costa ha tenido una gran incidencia porcentual de asistencia.
Otro es que los uribistas generaron una fuerte incidencia negativa en el voto, así como sectores evangélicos y otros grupos políticos. El nivel de información errónea y oposición en ambos bandos agrietó la sociedad en vez de llevarla por caminos de paz. El discurso de Santos, de un realismo político pocas veces visto, fue unificador e invitó a todos los sectores a participar de una Cumbre de Alianzas del Sector Político para debatir las posibilidades de un acuerdo.
Colombia contiene hoy a dos países. El centro, que estuvo de acuerdo, y el periférico que, aunque afectado por el conflicto, contó con 13 departamentos (provincias) con un “no” como respuesta. Un amigo costeño me definió uno de los grandes sentires: “Mi país es esquizofrénico”. En mi opinión, es así pero no por el resultado sino por la gran ausencia en una decisión trascendental tras 159 años de guerra, de sus 205 de historia”.
Por último, la diferencia fue de 200 mil votos, el mismo número de votos anulados. Sorprende, ya que era poner una cruz al sí o al no. Uno de los porqués fue que una coalición de ciudadanos -Los Constitucionales- a favor del sí anotaron en sus boletas la palabra “constitucionales”, lo cual generó muchos votos anulados.
¿Qué alternativas para la paz tiene Colombia?
En medio de una decisión trascendental para comenzar a generar acciones concretas en favor de terminar con un conflicto de más de 50 años para Colombia, ¿qué alternativas quedan para continuar por este camino?
Posterior al “no” obtenido en el plebiscito el pasado 2 de octubre, Colombia se enfrenta a la evaluación de nuevas alternativas para llegar a la paz. Existen cuatro que podría llevar a cabo el gobierno.
La primera es ir a por la Asamblea Nacional Constituyente, una de las más pedidas por los uribistas y las FARC. Pero este punto implicaría poder hacer cambios en la reforma desde otros lados y en puntos mucho más políticos y partidarios que no tienen que ver con el proceso; además de que llevaría al menos año y medio de trabajo.
La segunda alternativa es que el Congreso de la República rescate los tratados de paz mediante una sentencia de la Corte Constitucional. Es responsabilidad del Estado por la constitución misma de los colombianos que el gobierno garantice la paz para todos sus ciudadanos. Dicho esto, el Congreso podría rescatar el acuerdo a costa de dañar la democracia del país efectuada por la participación ciudadana del 2 de octubre. Es la salida más rápida pero con un costo muy grande para el país en términos de democracia.
La tercera alternativa es la renegociación del Acuerdo. Sería comenzar de nuevo con unas negociaciones que llevan más de 3 años en proceso. Implicaría buscar la construcción de un nuevo tratado y tirar por la borda el anterior, algo que el presidente Santos dejó claro que no está de acuerdo en llevar a cabo.
Por último, la alternativa de generar modificaciones concretas en el Acuerdo a través de la adhesión de un pacto dentro del tratado. Este punto llevaría a sentar a la mesa a los principales opositores al tratado y generar un pacto de adhesión del tratado que modifique ciertos puntos. El problema es que las principales críticas de la oposición son “no negociables” para las partes. Además Santos ya invitó previamente a Uribe a formar parte de la mesa negociadora y obtuvo un no por respuesta. Veremos si este nuevo contexto obliga a Uribe a sentarse a la mesa o si se mantendrá al margen del proceso. Claramente esta última opción implicaría un nuevo plebiscito (que por ley pasaría a ser un referéndum). Este proceso duraría al menos un año más.
En este contexto, se debe tener presente que tanto las FARC como el gobierno colombiano buscarán mantener el tratado en pie y continuar con el proceso actual. Y que Santos tendría en cuenta la decisión tomada por Colombia.
Pero, por otro lado, se debe tener en cuenta que queda en duda la negociación de 450 millones de dólares para Colombia dentro del Congreso de los Estados Unidos, además de todo el dinero que está pendiente por el proceso de paz proveniente para cooperación internacional.
El tiempo corre y no espera procesos burocráticos. El mundo ve a Colombia con ojos de urgencia mientras Colombia quiere tomar el proceso con calma. En medio se encuentra el campesinado, las víctimas, las nuevas generaciones y muchos sectores afectados que tendrán que esperar por esta tan ansiada “paz”.
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Los Andes.
