Esta semana se conocieron algunas de la escuchas telefónicas en las que se apoyó la instrucción para darle continuidad al procedimiento y una de ellas hace directa referencia a una charla entre Jesús Madrigal Vargas y el mendocino Marcelo Cuello, uno de los titulares de la empresa mendocina Minerales Aconcagua. En las mismas el mexicano le pide que si puede llevar la Amarok para ahí... para Bahía y ante la pregunta de Marcelo "para cuándo", Jesús le responde "antes del lunes...", arreglando el regreso del mendocino por avión para ese mismo día.
Aquí hay que recordar que del galpón de Minerales Aconcagua, sobre la ruta 40, de Luján, la policía secuestró 450 kilos de cocaína y varios vehículos, entre ellos una Amarok.
Otro dato por el momento desconocido (por lo menos para la prensa), pese al anuncio de la ministra Patricia Bullrich, es cómo llegó esa droga desde Chile, aunque se sospecha que no habría sido utilizando el Paso Internacional Cristo Redentor, lo que pondría a las fuerzas aduaneras de ambos países en un serio problema. De otro modo el traslado se habría hecho recorriendo algunos de los pasos clandestino que tiene la cordillera de Los Andes, o como también se especuló en su momento, utilizando un avión que logró eludir los radares de frontera.
Allanamientos y escuchas
El operativo que previamente incluyó agentes encubiertos, una treintena de allanamientos en domicilios surgidos a través de más de un centenar de escuchar telefónicas, se concretó durante el domingo 18.
Ese día se festejaba el Día del Padre y fueron aprehendidos los mexicanos: Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Rodrigo Naged Ramírez y Max Rodríguez Córdova, al que se le encontró un documento con domicilio en Luján de Cuyo, concretamente en el mismo barrio donde vive y después fue detenido, uno de los hermanos Cuello.
Aprehendidos
Los 18 aprehendidos hace diez días, tras dejar al descubierto el caso que trascendió como "BB de acero" (por bobinas blancas de ese material) y que significó el secuestro de dos toneladas de cocaína, continuarán detenidos hasta pasado este jueves.
Así se informó por fuentes del Juzgado Federal de Campana, en la provincia de Buenos, donde se sustancia la causa por el delito de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa, en concurso ideal con tráfico de estupefacientes, en la modalidad de almacenamiento agravado y que llevó a la instrucción a señalar estar ante la posible comisión de un delito "extremadamente grave".
Esa calificación también les fue impuesta por el juez federal de Campana, Adrian González Charbay a los tres mendocinos: Marcelo, Darío y Cristian Cuello y por eso los hermanos continuarán alojados, pero ahora en calidad de comunicados, en un penal de la provincia de Buenos Aires.
Cuando la investigación que, con datos aportados por la Drug Enforcement Administration (DEA), orientó a la Policía Federal Argentina, hacia el desbaratamiento de la organización, junto con el descubrimiento de ocho bobinas de rollos de acero que escondían en su interior los 1.500 kilos de clorhidrato de cocaína.encontradas en el Parque Industrial de Bahía Blanca, y que tenían como destino final, según se sospecha, algún puerto de Europa o Canadá.
Para esto se tuvo en cuenta los "contactos" con una empresa del norte de América y por lo cual, uno de los primeros en ser detenido fue el despachante de Aduana, Damián Limanski, al que inmediatamente se le sumaron otros tres hermanos: Leandro, Gastón y Juan Ignacio Guasch, titulares de una la empresa familiar con domicilio en Bahía Blanca.
Caso resonante, a debate oral
La jueza federal Zunilda Niremperger, recogió los argumentos del Ministerio Público y resolvió que el abogado Carlos Salvatore (ya condenado a 21 años de prisión como organizador de una asociación ilícita que envió más de una tonelada de cocaína a Portugal y España, escondida en contenedores con carbón vegetal, desde el puerto de Campana) vaya a juicio.
El letrado está acusado junto con otras cuatro personas, entre ellas su esposa, Silvia Vallés Paradiso; su suegro, Santiago Vallés Ferrer; su hija, Carla Yanina Salvatore y su socio Ricardo Gassan Saba. Y serán enjuiciados por darle apariencia legal a las ganancias producidas por el narcotráfico.
El pedido había sido presentado por el fiscal Carlos Sanserri, a cargo de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, conjuntamente con los fiscales cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta en mayo pasado.
