América Latina seguirá siendo una región de baja prioridad para Estados Unidos luego de las próximas elecciones legislativas en el país del Norte, pero no se puede descartar un nuevo acercamiento a Cuba incluso si los republicanos toman el control de las dos cámaras del Congreso, según coincidieron varios analistas.
El “Grand Old Party”, como se le conoce tradicionalmente en inglés, tiene buenas posibilidades de capturar las seis bancas en el Senado en los comicios del 4 de noviembre, lo que les concedería control absoluto del Congreso pues su mayoría en la Cámara Baja se da por descontada.
Esto congelaría cualquier iniciativa legislativa que el presidente Barack Obama impulse en los dos últimos años de su administración.
Expertos consultados coincidieron que, en cualquier caso, la región tendrá una prioridad baja para Washington ante la magnitud de las crisis internacionales derivadas del ébola, la aparición del grupo Estado Islámico y la inestabilidad en Ucrania.
Las novedades más importantes de los próximos dos años, dicen, podrían provenir de la Casa Blanca en relación a la política con Cuba.
Tomás Bilbao, director ejecutivo del apartidista Grupo de Estudio de Cuba -el cual busca facilitar un cambio democrático de forma pacífica-, afirmó que están dadas las condiciones para que la Casa Blanca anuncie una mayor apertura para viajar a Cuba, incrementar la transferencia de tecnología de telecomunicaciones o interactuar con los empresarios independientes en la isla comunista.
Bilbao indicó que el anuncio debería ocurrir antes de la Cumbre de las Américas, prevista en abril próximo y cuyo anfitrión Panamá ha adelantado su intención de invitar a Cuba pese a que la isla comunista no forma parte de la OEA.
“Si Cuba va a participar, lo mejor es poner en evidencia que Estados Unidos ha dado pasos unilaterales para incrementar el flujo de personas y eso pone a Cuba en evidencia de que les toca a ellos tomar medidas para mejorar la relación”, agregó. “También es importante para el legado del presidente Obama”.
En 2009, Obama eliminó el límite entonces vigente para que los cubano-estadounidenses pudieran visitar parientes en Cuba cada tres años. Y en 2011, autorizó a los estadounidenses a viajar legalmente a la isla siempre que sean programas que busquen establecer contacto con ciudadanos cubanos.
Estados Unidos mantiene un embargo comercial contra Cuba desde 1962 y los dos países no tienen relaciones diplomáticas.
La realidad no es muy diferente en el aspecto comercial.
Ernesto Talvi, director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), señaló que Estados Unidos se dedicará a culminar las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) y del Acuerdo Trans-Pacífico (TPP por sus siglas en inglés).
Debido a que la participación de América Latina en el TPP se limita a Chile, Perú y México, Talvi sugiere que los 11 países que mantienen tratados comerciales con Estados Unidos se dediquen a armonizar esos acuerdos tal como ya lo están haciendo las cuatro naciones que integran la Alianza del Pacífico.
“Eso induciría a que Brasil, Argentina y Uruguay se sumen. Pero esa iniciativa tiene que surgir de América Latina”, expresó.
Kevin Casas-Zamora, secretario para asuntos políticos de la Organización de Estados Americanos, cree que un congreso republicano complicaría aún más las posibilidades de lograr una reforma a las leyes de inmigración, al que calificó como el “único tema con perspectiva clave” para la relación entre Estados Unidos y América Latina.
“Será más difícil porque hasta ahora, los grupos más opuestos están en el partido republicano”, indicó.
La minoría republicana en la Cámara Baja rehusó debatir un proyecto de ley aprobado por el Senado en 2013, que concedía la opción de la naturalización a una parte de los 11 millones de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin autorización.
Carl Meacham, director del programa sobre las Américas en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS por sus siglas en inglés) coincidió en que el tema principal para la región será la reforma migratoria y agregó que si los republicanos obtienen el Senado tendrán la “oportunidad de pasar de la retórica a la acción”.
“Pero los próximos dos años son conocidos como ‘temporada boba’. Será muy difícil lograr cosas y es importante ajustar las ambiciones a la realidad”, advirtió.
Harold Trinkunas, director de la Iniciativa Latinoamericana en Brookings Institution, señaló que un debate para sancionar a funcionarios venezolanos por cuestiones de derechos humanos solo cobraría relieve en el Congreso si ocurre un “recalentamiento” de la política en la nación sudamericana, independientemente del partido que controle el Congreso.
“Es difícil para Estados Unidos lograr influencia porque Venezuela ha recortado sus relaciones, así que el tipo de cosas que puede hacer el Congreso son básicamente por el lado de las sanciones”, agregó.
La Cámara Baja aprobó en mayo un proyecto de ley para sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos, pero se estancó en el Senado ante varias objeciones.
El Departamento de Estado suspendió en julio las visas de 24 funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos durante las protestas que sucedieron en la nación sudamericana a comienzos de año y dejaron 43 muertes.
