Las Heras: Janina Ortiz y Osvaldo Oyhenart se resisten a pagar multas impuestas por el Tribunal de Cuentas

Un fallo de casi 50 hojas del Tribunal de Cuentas desparrama multas y cargos por sumas altísimas a ex funcionarios de la Municipalidad de Las Heras por el Ejercicio 2022 de la comuna. Apelarán la medida dispuesta por el presidente del órgano, Néstor Parés y también por los vocales Mario Angelini, Ricardo Pettignano, Héctor Caputto y Liliana de Lázzaro.

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En la lista aparece el propio ex intendente de la comuna, Daniel Orozco, por un monto de $700.000. Para Janina Ortiz, diputada suspendida y ex Secretaria de Gobierno, la suma a pagar es de $1.600.000. Ambos están apuntados por la justicia por la causa de las cooperativas en la que se investiga malversación de fondos públicos.

Carlos Nofal, ex Secretario de Hacienda, $750.000; Osvaldo Oyhenart, ex Subsecretario de Políticas Sociales, $1.500.000; Leandro Tassi, Director de Contaduría, $570.000; Diego Javier Tolín, $80.000 y Patricia Díaz, ex Directora de Tesorería, $480.000 que deberán pagar en 30 días a contar desde su notificación.

Aunque los montos por “cargos solidarios” (dinero erogado sin justificar) son mucho más ostentosos: Janina Ortiz y Osvaldo Oyhenart deberán pagar $59.231.278,64 además de $1.932.142,82. Es decir, más de $61 millones.

Resistencia lasherina

A poco de difundirse el fallo, ya había una decisión tomada entre varios de los sancionados: la de apelar la decisión del órgano de control. “Por supuesto”, fue la respuesta de Janina Ortiz ante la consulta de este medio sobre si cuestionará la decisión. Sin embargo, no respondió por su esposo Daniel Orozco.

En el municipio vieron con buenos ojos el fallo porque entienden que los vicios más groseros estuvieron en la “instancia de la certificación”, no así en la contratación, por lo que entienden que se irá esclareciendo el tema de las responsabilidades.

Martín Ríos, el abogado que defiende penalmente a Osvaldo Oyhenart en las distintas causas que enfrenta, analizaba la estrategia de cuestionamiento. El letrado evaluaba si interponer un recurso revocatorio ante el mismo Tribunal de Cuentas o ir directamente a la Suprema Corte de Justicia.

Como ex subsecretario de Políticas Sociales, Oyhenart quedó en la mira de la justicia por el manejo de las cooperativas con fondos públicos y servicios no prestados. Al abogado le pareció exorbitante la suma impuesta en cargos solidarios, que es la que no tiene documentación respaldatoria para el órgano de control. En otras palabras, donde la cuenta no cierra.

El ex Secretario de Hacienda, Carlos Nofal también le apuntó al órgano de control por los $750.000 que le han dicho que debe abonar. “Claramente voy a solicitar al Tribunal de Cuentas la reconsideración de su fallo, porque no se basan en la ley sino en percepciones subjetivas erróneas”, indicó a este medio.

“Un ejemplo es el de las Órdenes de Pago con firmas faltantes. Lo concreto es que nadie puede obligar a un funcionario a autorizar pagos de expedientes que no cree que estén en condiciones de ser pagados”, dijo.

Diego Javier Tolin, quien fue Director de Contaduría y actualmente es director de Haberes y Liquidaciones decidió pagar los $80.000 de multa que le impuso el tribunal.

“Entiendo que el art 10 inc g), de la 8706, es parte del riesgo de ejercicio de mi profesión en el sector público. Este dice que el contador es el responsable de organizar el control interno tendiente a asegurar la regularidad de su gestión”, expresó el actual funcionario.

Aclara que “es imposible prever las distintas formas en las que se puede vulnerar el sistema de control, sobre todo cuando existe la intencionalidad de burlar los controles, con el fin manifiesto de cometer un delito, como pasó”.

Por qué las sanciones

En el fallo se hace referencia a cuatro expedientes con los que la Municipalidad de Las Heras contrató los servicios de la cooperativa “Manos a la obra”, hoy bajo la mira del Ministerio Público Fiscal y con una cantidad nutrida de ex funcionarios y actuales, imputados.

Los montos de los expedientes fueron $10.260.000, $24.567.200, $11.258.600 y $691.600, lo cual arroja una cuenta total de casi $47 millones. Entre las irregularidades encontradas en las cuatro carpetas, se encuentran: incompatibilidad de funciones, incumplimientos a los requisitos de facturación, ausencia de firmas en Órdenes de Pago, incumplimientos relacionados al Pliego de Condiciones, prestación de servicios no acreditados y evidente sobreprecio pagado en contratación directa.

De todas estas tipologías, el Tribunal de Cuentas posa la lupa en la “Incompatibilidad de funciones” porque advierte que en tres contrataciones “los funcionarios que certificaron el cumplimiento de la prestación del servicio (Subsecretario de Políticas Sociales y Secretaria de Gobierno), lo hicieron en un escenario de incompatibilidad según lo establecido en la normativa vigente”.

“El Órgano Licitante deberá designar una Comisión de Recepción de bienes y servicios, la cual estará integrada por lo menos por dos (2) miembros y sus respectivos suplentes, con la única limitación de que la designación no deberá recaer en quienes hubieran intervenido en el procedimiento de selección respectivo….”.

Se entiende entonces que Osvaldo Oyhenart, el Subsecretario de Políticas Sociales efectuó las Notas de Pedido del servicio, e intervino, además, en el proceso de selección del contratante (Informes técnicos) en cada una de las contrataciones, y la Secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, suscribió como uno de sus miembros, los Informes de la Comisión de Pre-Adjudicación de los dos procesos licitatorios.

Por “Ausencia de cobertura de seguros de accidentes de trabajo para asociados a la cooperativa”, los apuntados son el entonces Director de Contaduría, Leandro Tassi y el Subdirector de Contaduría, Javier Tolín.

A Daniel Orozco lo responsabilizan por haber firmado el Decreto n°1439/21, aprobando los Pliegos, y luego por Decreto n°1816/21, adjudica la licitación sin que la misma cumpla con los requisitos de Pliegos que el mismo aprobó. En el caso de Ortiz, por ser la funcionaria que suscribe el Decreto, cometiendo las mismas faltas que el ex jefe comunal. Ninguno de los dos presentó descargo.

También hay ausencias de firmas en las órdenes de Pago, por ese motivo Orozco también es sancionado, al igual que el ahora ex Secretario de Hacienda, Carlos Nofal y la Tesorera, Patricia Díaz. Ley 8706, art. 58 inc. e; Ley 1079, art. 132)

Por otra parte, se detecta “Prestación de Servicios no acreditados” porque falta documentación auténtica, legítima y suficiente. Por ejemplo, las planillas carecen de las firmas de los cooperativistas, no se especifican los días laborados y horarios. Se indica sólo la cantidad de jornales en el mes por persona y si estos son sábados y domingos, se cuentan dobles a los efectos de la suma total.