Así es el plan que quiere implementar Cornejo para conseguir dinero y construir más viviendas del IPV

El Gobierno provincial busca cómo encontrar recursos para fondear el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), en medio de una crisis importante en términos macroeconómicos; más un Gobierno Nacional que ha paralizado casi el 100% de las obras que realiza en la provincia.

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Con este contexto, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, presentó este miércoles en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley en términos fiscales, que tiene como objetivo principal “mejorar el equilibrio y manejo eficiente de los recursos y activos del Estado”.

Dentro del articulado, resalta el artículo 5, que deja abierta la posibilidad al Gobierno de vender la cartera de créditos “potables” del IPV a inversores, a cambio de dinero “líquido y fresco”, para fondear al organismo y poder así disponer de recursos para la construcción más ágil y rápida de casas a lo largo y ancho de Mendoza.

Se estima que el Instituto reúne un monto cercano a los $10.000 millones entre créditos e hipotecas que podrían tentar a organismos privados para su adquisición, ya que ofrecen intereses mayores debido a que se actualizan a través del Coeficiente de Variación Salarial y no con cuotas de bajo interés, que eran mayormente favorables a los tomadores de préstamos (esos no se tomarán en cuenta). Se trata de 850 hipotecas, según precisaron desde el Gobierno.

“Queremos que el IPV tenga mayor liquidez y que pueda acelerar el plan de obras, que hoy es uno de los más importantes de ejecución de la provincia”, dijo Fayad en conferencia de prensa.

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El Ministro sostuvo que el Instituto tiene “muchos activos”, que son préstamos e hipotecas que no son “líquidos”; y que, por otro lado, tiene una “necesidad enorme de financiamiento”.

“Lo que creemos es que esos activos tienen valor y que eventualmente se pueden vender para entregar los fondos al IPV y que pueda cumplir sus objetivos de forma más ágil”, razonó Fayad.

Créditos e inversores “a largo plazo”

Como se mencionó, del 100% de créditos e hipotecas que hoy cuenta el IPV, no todos son “potables” para los posibles compradores e inversores. Fayad desechó, por ejemplo, la posibilidad de que puedan ingresar aquellas que generan cuotas fijas, que no son rentables.

La clave será, para el Ministro, conocer en cuánto valoraría el mercado esos $10.000 millones de valor de las hipotecas, y los descuentos que se analizarían hacer al respecto para tentar al mercado.

En tanto, Fayad expresó que este negocio está direccionado a “inversores de largo plazo”, tales como compañías de seguro principalmente, algunos organismos institucionales; y eventualmente bancos, como los hipotecarios, “que tengan una visión más a largo plazo”, enfatizó, por lo que desechó que haya interés, por ejemplo, de parte de los fondos comunes de inversión.

“No sabremos bien hasta que diseñemos el producto”, dijo Fayad, quien agregó que deben “relevar todas las hipotecas, empaquetarlas, analizar qué plazo les queda, qué mora tienen y cuál es la consecuencia del no pago”, entre otros, para conocer a ciencia cierta quién podría pensar en invertir.

En este sentido, acotó que probablemente este artículo, si sale a la luz, “tenga efecto más hacia fines de año que ahora”. Pero la idea es, frente a la falta de fondos, hacer el intento de hacer ‘líquido’ ese ‘activo’ para tener recursos que hoy faltan”.

Qué dice el artículo del proyecto

El artículo que habla sobre los créditos del IPV el es quinto, el cual faculta al IPV “a disponer sus carteras de créditos, pudiendo cederlas a efectos de mejorar la posición de liquidez para el financiamiento del plan de viviendas y de proyectos de inversión del sector productivo”.

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Además, establece que la operación de titulización “deberá realizarse a través de Mendoza Fiduciaria S.A. u otros fiduciarios autorizados por la Comisión Nacional de Valores en el marco de los Articulos N° 1690 a 1692 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

Finalmente, indica que a los efectos previstos anteriormente, el Poder Ejecutivo Provincial “deberá informar a la Legislatura en un plazo de 30 dias el detalle de las operaciones realizadas en el marco de la presente ley”.