(Roberto Salvadores / Los Andes)
La empresa provincial de energía es casi un hecho, aunque el radicalismo se debate en dos temas que parecen ser definitorios de la posición que mantendrán hoy en el recinto del Senado y en Diputados, cuando el proyecto oficial pase a la Cámara Baja en revisión. Los dos temas son la inclusión de la oposición en el directorio de la futura firma estatal y la participación de ésta en la explotación de uranio.
Este tema, vinculado a la supuesta reapertura de Sierra Pintada es motivo de una convocatoria impulsada por algunas organizaciones ambientalistas para concentrarse en la mañana de hoy en las puertas de la Legislatura provincial.
Desde el oficialismo niegan esta opción acerca de la reapertura de Sierra Pintada. Argumentan que la ley 7.722 y la sentencia judicial que prescribe que antes de cualquier extracción de mineral hay que remediar los pasivos ambientales constituyen un corset casi inviolable. "La ley de la empresa no avanza sobre la ley 7.722, ni sobre la decisión judicial" dice el senador Fernando Simón (PJ).
Pero además, hay otra limitación al respecto. La palabra minería fue eliminada de todo el proyecto de ley, por lo que algunos observadores entienden que no hay margen para que la empresa pudiera participar de una eventual extracción de uranio. Pero el fantasma se agitó a partir de declaraciones públicas de algunos funcionarios oficialistas, incluido el propio gobernador.
Algún senador opositor dijo en voz baja: "Eso es desconocer hasta la tabla periódica de los elementos. El uranio es un mineral y si la minería no está incluida entre las atribuciones de la futura empresa, no hay lugar para que se explote uranio".
Pero además está la decisión judicial que obliga a que, antes de empezar a hablar de reactivación de Sierra Pintada, hay que remediar los pasivos ambientales que se hayan dispuestos allí: 14.300 kilos de uranio junto a otras impurezas, distribuidos en tambores de 200 litros. El gran problema es que, para remediar, lo que se usa es ácido sulfúrico, derivado del azufre que está prohibido por la Ley 7.722, por lo que resulta imposible iniciar la remediación. Esto es un escollo que transformaría a la reapertura de Sierra Pintada en una novela de ficción.
Sin embargo, desde el radicalismo, particularmente los legisladores oriundos del Sur, aún así se agita la duda y quieren una frase en el texto de la ley que disipe a todos los fantasmas del uranio.
En esta postura está el senador Armando Camerucci. "Nadie puede asegurar qué va a suceder. La Comisión Nacional de Energía Atómica explotó Sierra Pintada desde el ?75 hasta el ?95 y la ley 7.722 es posterior a eso. La Comisión, entonces, podría alegar que tiene derechos adquiridos y desatar un conflicto legal. Y ya sabemos cómo es el Gobierno nacional en eso de avanzar", dice el presidente del bloque radical.
El otro ítem que divide a la UCR es la presencia de la oposición en el directorio de la empresa. En el texto que está en discusión, está prevista la participación de un director de cada partido de la oposición. Camerucci es partidario de que el radicalismo no participe de ese directorio. Históricamente, el senador sanrafaelino se opuso a la participación del radicalismo en Aysam, por lo que ahora también está en contra y, en parte, responderle al argumento de los demócratas de que el radicalismo apoya la iniciativa por cargos.
Por lo pronto, en la tarde noche de ayer, los radicales se juntaban a debatir estos dos temas que los desvelan. Su apoyo ya está comprometido en el acuerdo alcanzado la semana pasada, incluso varios de los senadores radicales han firmado el despacho en disidencia parcial.
Al mismo tiempo, desde el Sur se agitan los ambientalistas que no quieren la reapertura de la mina. Ya en la Fiesta de la Ganadería, Francisco Pérez fue muy mal recibido por un grupo de ellos, quienes lo increparon por Sierra Pintada y el Gobernador dijo que todo era un malentendido generado por la prensa.
Esos mismos manifestantes ahora prometen venirse a la Legislatura y están agitando la participación de otros grupos del Gran Mendoza para lograr una manifestación antiuranífera que impacte.
El Gobernador dijo que el incremento salarial no podrá superar el 25%. Además confirmó que no se medirá más el IPC local como se venía haciendo. Seguirán congeladas designaciones de personal.
"Vamos a demostrar que somos mayoría”, lanzó el gastronómico Luis Barrionuevo tras reunirse con el sector de los "Gordos". Pegarán el faltazo al encuentro de mañana convocado por el camionero.
