El proyecto de expropiación de YPF contiene una polémica legislativa, constitucional y filosófica: ¿puede una ley votada con mayoría simple obligar a que en el futuro cualquier cambio deba realizarse con mayoría especial de los dos tercios?
Es que el artículo 10 de la iniciativa enviada por el Ejecutivo platea que "se encuentra prohibida la transferencia futura" de las acciones de la petrolera "sin autorización del Congreso votada por las dos terceras partes de sus miembros".
La propia Cristina Kirchner se congratuló de ese agregado, que dificulta cualquier intento de reprivatización en el futuro, con mayorías similares a las necesarias "para reformar la Constitución". Pero ¿se puede hacer así? Para el oficialismo sí, porque se plantea una mayoría especial para una ley "diferente" de la que se está votando.
Para otros en cambio, sería sólo un "artículo testimonial" -una ironía sobre las candidaturas testimoniales de 2009- ya que bastaría una mayoría simple para derogar la ley y, con ella, la obligación de los dos tercios.
La duda fue planteada por el senador porteño Samuel Cabanchik frente a la cúpula de la nueva YPF el día que concurrieron para defender el proyecto. Nadie supo contestarle.
El viceinterventor Axel Kicillof fue poco claro: "Más allá de si por mayoría simple se puede instaurar una mayoría especial -dijo-, que es sólo para la transferencia de las acciones, no es para la reversión de esto, es decir, la expropiación o la reprivatización, sino para la transferencia; no lo sé jurídicamente?" . Aunque repitió que "lo que expresa claramente la voluntad política de dejar en claro que esta medida que se está tomando no sea fácilmente reversible".
La Constitución limita claramente cuáles son los temas que exigen mayorías especiales. Entre otros, la reforma de la propia Carta Magna, o el régimen electoral, o la asignación de fondos coparticipables. Y en ninguna parte admite que una ley pueda exigir al futuro más votos que los que la aprobaron. El secretario parlamentario del Senado, Juan Estrada, dijo que no hay contradicción ni inconstitucionalidad, porque la mayoría no se pide para reformar lo que se está votando, sino para otra ley diferente.
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En la apertura de un simposio internacional la Presidenta detalló que el presupuesto del área creció 10 veces desde 2003 y que el país “tomó un camino que no piensa abandonar” en la materia.
