Ilustración: Gabriel Fernández
En el año 2005 compré mi último disco; fue “Playing the angel” de la banda inglesa Depeche Mode y no recuerdo cuánto me costó pero seguramente no muy barato porque era importado.
Desde entonces, mi colección de música en soporte material sólo se ha incrementado en mis cumpleaños. Y eso fue hasta 2009.
En 2010, para la misma fecha, recibí un pendrive con quince discos dentro. Los bajé a mi computadora y ahora uso el pen para almacenar la información que quiera y llevarla a todas partes.
Me pareció un regalo excelente. El resto de la música que he escuchado y guardado en estos seis años proviene de internet. En total, unos ochenta discos. Una cifra ciertamente irrisoria si se la compara con lo que habrán descargado los verdaderos melómanos en todo ese tiempo.
Todavía conservo una colección de siete vinilos de mis épocas de pubertad que a veces miro pero que no puedo escuchar porque no tengo el aparato apropiado. Cuando me entra añoranza por tal o cual canción, la descargo y listo.
Nunca ha sido motivo de culpa para mí bajar música de la Red y eso que nací en los ’70. Hago hincapié en la década de mi nacimiento, porque cuando las industrias de contenidos presionan a gobiernos y a ciudadanos para frenar lo que ellas llaman “piratería”, se refieren casi siempre a las novísimas generaciones, como si la mía no hubiese visto el milagro de los reproductores de doble casetera.
Así es, olvidadizos: antes de la llegada de los discos compactos, los casetes originales se pasaban de mano en mano para que todos los amiguitos del dueño los pudiésemos grabar.
¿Para qué servían, sino, los TDK vírgenes? ¿Para qué servía ese maravilloso aprendizaje de romper las pequeñas aletas superiores de los casetes cuando la grabación se había consumado? ¿De qué otro modo, por lo demás, se suponía que escucháramos música?
Pero internet y la digitalización suponen una amenaza muchísimo más sofisticada y escurridiza.
La información digital ya no necesita un soporte material para propagarse y las industrias discográficas y las distribuidoras cinematográficas intentan retener los productos culturales -de los que ellas se apropiaron en primer lugar- como un puño que intenta, sin éxito, retener la arena seca.
Tanta saña ponen a diario en condenar la libre circulación de esos bienes, que la defensa de esa circulación se ha convertido ya en una causa de sostenido activismo y, sobre todo, en una cuestión política.
Es preciso, en este punto, establecer una diferencia: una cosa es copiar CDs, meterlos en una caja y venderlos. Allí se está lucrando con el esfuerzo de los artistas y de las industrias que posibilitaron que ese disco viera la luz.
Otra cosa es subir y bajar música de internet, para escucharla y compartirla, sin ánimo de lucro. Los defensores del libre acceso se refieren desde luego a esta última práctica. Los detractores consideran, en cambio, que ambas prácticas deben ser ilegalizadas y penadas.
¿Por qué?
Hace ya diez años, en la llamada “Mesa Antipiratería” que se organizó en Madrid, el actor Juan Luis Galiardo describió así el flagelo: “La piratería no es una chiquillada de tramposos simpáticos o pícaros, sino un delito de mayor cuantía que causa efectos devastadores en la cultura, la economía y el futuro. Debe ser perseguido con todos los medios posibles”.
Los efectos devastadores para la economía a los que refirió Galiardo, tienen que ver con el mercado negro paralelo de productos culturales pirateados, no sólo los digitales, sino también los materiales, como libros enteros, fotocopiados y encuadernados.
Esto resentiría los ingresos de las industrias, dañando toda su cadena de producción, al tiempo que beneficia a personas que hacen dinero con una actividad ilegal (respecto de cuánto dinero hacen y cuánto afecta su negocio a la macroeconomía, habría que realizar un verdadero estudio).
Y esa actividad por su parte, perjudicaría la cultura, pues una película pirata, comprada en la calle, corre el riesgo de tener un pésimo subtitulado, rayas y mal sonido. Un libro pirata, tendrá hojas mal impresas y de mala calidad, etc.
Ahora bien, para las industrias de contenidos es igualmente criminalizable bajar una película o un disco de la web, aunque no se le dé un centavo al mercado negro.
Por eso si Woody Allen tuviese una computadora en casa, sería un candidato a prisión: hace varios años, cuando la “piratería digital” no era aún el boom que es hoy, dijo que le parecía estupenda la posibilidad de ver cuando se le antojara “Raíces profundas” o “Un ladrón de alcoba”, películas que “ya no se exhiben en las salas de cine”.
El periodista francés Jean-Michel Frodon le preguntó si no le molestaba que tantos films estuviesen disponibles en la Red.
“En principio no”, contestó el cineasta. “Pero me temo que en este caso, al igual que en casi todos los demás, las personas que poseen el dinero son las que van a controlarlo todo. Y explotarán las obras guiándose tan sólo por la lógica de los beneficios”.
Y así ha resultado, en efecto: los grandes impulsores de penas de cárcel y de multas astronómicas para quienes descargamos música, series o películas, dicen hacerlo en nombre de los derechos de autor y la protección de la cultura.
Pero se trata de una falacia. No lo hacen en nombre de la cultura ni a pedido de los creadores, sino en nombre de sus propios intereses lucrativos.
Y esta no es una imprecación anticapitalista sino una simple realidad. Al publicar un libro, el escritor le da los derechos de su obra a la editorial. Para grabar un disco, el músico se pone a merced de la discográfica.
Para que su película vea la luz, el cineasta debe firmar contratos con toda una serie de intermediarios que se irán quedando con la tajada más grande de los ingresos de una obra que no gestaron.
“Cuando hablemos del derecho del autor a autorizar la comunicación de sus obras o de prohibir su reproducción, de lo que estaremos hablando es del derecho de las empresas (…) Los autores han cedido sus derechos de explotación para conseguir acceder a la grabación de sus obras y desde ese momento no tienen nada más que decir en ese terreno”.
La cita es de “Copia este libro”, escrito por el abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual David Bravo. Desde su España natal, Bravo se ha convertido en uno de los pensadores y activistas más prolíficos en torno de la libre circulación de bienes culturales y ha estudiado en profundidad los resortes que articulan los falsos dogmas en torno a la supuesta protección del acervo cultural que claman las industrias de contenidos.
Su libro, muy recomendable, es desde luego de descarga gratuita en la Red, bajo licencia de Creative Commons, una iniciativa que propone un nuevo modelo de negocio, sin las restricciones del copyright tradicional y con más beneficios para los propios creadores.
Ante la presión de los lobbies y a punto de tomar medidas para bloquear sitios web de descarga, el gobierno holandés convocó en abril de este año a 4 mil artistas de diferentes edades, incluyendo cineastas, músicos, escritores y fotógrafos, para averiguar hasta qué punto la piratería los afecta.
Buena sorpresa se habrá llevado al descubrir que la mayoría de los encuestados eran, por su parte, “piratas”, primero de música, luego de películas y en menor medida de juegos. Así se comprueba una de las sentencias de David Bravo: las musas, como tales, no existen.
Las musas son las demás expresiones culturales a las que accedemos y que nutren nuestra inspiración y pulsión creativa. Otro descubrimiento del gobierno holandés fue que los artistas creen que la reproducción de su material en internet no los perjudica; antes bien, ayuda a su difusión.
Este tipo de revelaciones, que no hace más que confirmarse día a día, nos lleva a pensar en el inminente aunque no del todo pacífico proceso hacia nuevos modelos de gestión de los derechos de autor.
Como sostiene, una vez más, David Bravo, no se trata de evitar la reproductibilidad digital de una obra, sino de pensar en maneras de sostener a su responsable original para que siga creando esas obras geniales que miles de personas querrán admirar, disfrutar, compartir y distribuir por su cuenta.
La banda inglesa Radiohead ya ha dado pasos en este sentido. Eliminando toda suerte de intermediarios, vende sus nuevos discos “a voluntad” en la red.
A ellos sí, debo confesar, me ha dado algo de culpa descargarlos gratis, pero he pagado lo que sea por verlos en vivo y desde mi individualidad soy una fuente de difusión de su obra como los son millones de fans más.
Lo mismo con Depeche Mode, creadores del último disco que compré pero a quienes fui a ver invirtiendo contenta cada centavo que cobraban. Los músicos saben mucho antes que los grupos económicos que los representan que una de las apuestas para compensar lo que supuestamente pierden por las descargas digitales son las presentaciones en vivo.
Esas amenazas que quieren igualar mi tranquilo domingo viendo Seinfeld por Cuevena.tv (un invento argentino para ver películas y series online que ha atravesado fronteras) al robo de un auto, o esas intimidaciones que buscan comparar la descarga de un disco con el asalto a un supermercado son tan desesperadas como poco realistas. La tendencia es imparable.
En algún momento, forzosamente, las grandes industrias de los contenidos y los funcionarios a los que convencen se cansarán de dar manotazos de ahogado. Lo que venga después empezará por el simple reconocimiento de una revolución cultural que ya está ocurriendo.
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