Organizaciones piden que se vete la ley contra la trata

Fue aprobada el 29 de abril y las ONG dicen que facilitará la libertad de los explotadores.

El 29 de abril fue promulgada la "Ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas" (N° 26.364/08), la cual tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar este delito. Esta nueva legislación ha generado polémica entre las organizaciones que luchan contra este delito, las cuales piden que se vete.

Si bien lo consideran un avance en la temática, las organizaciones que luchan contra este flagelo están pidiendo que se vete esta legislación total o parcialmente, pues afirman que se trata de una ley "ineficaz para perseguir a los delincuentes y proteger a las víctimas".

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la trata de personas es una forma de esclavitud sexual o laboral, mediante el secuestro, el engaño o la violencia: "Las víctimas de trata suelen ser reclutadas mediante engaños (falsas ofertas de trabajo u ofertas engañosas) y trasladadas hasta el lugar donde serán explotadas".

Y agregan: "En los lugares de explotación, las víctimas son retenidas por sus captores mediante amenazas, deudas, mentiras, coacción, violencia y obligadas a prostituirse o a trabajar en condiciones infrahumanas".

En el país, no hay provincia que no viva esta realidad. Se estima que en Argentina son alrededor de 500 mil las mujeres desaparecidas que podrían haber sido víctimas de redes de trata. En el caso de Mendoza, la provincia está clasificada en un estudio de la OIM como lugar de destino y traspaso de mujeres con fines de explotación sexual hacia Chile, en especial, a Viña del Mar y Valparaíso.

Una norma que desprotege

La aprobación de una ley que prevenga, penalice y asista a las víctimas de trata está siendo reclamada desde hace muchos años. Sin embargo, las organizaciones que luchan contra este flagelo sostienen que la ley que se acaba de promulgar "deja desprotegidas a las víctimas mayores de 18 años en el trabajo esclavo, en la esclavitud sexual y en las demás formas de trata".

Ya a fines de 2006, cuando la Cámara de Senadores dio media sanción a esta ley (cuya autora es la diputada justicialista Vilma Ibarra), las organizaciones mostraron su rechazo. Éste no era el único proyecto, se contaban las iniciativas de Stella Maris Córdoba (Frente para la Victoria), Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica), Oscar Massei (FPV), Silvia Ausburguer (FPV), quienes trabajaron sus propuestas con las organizaciones y las víctimas.

En un comunicado de prensa de la Red Interinstitucional "No a la Trata" (de la que forman parte organismos de gobierno, movimientos de mujeres y profesionales del país) expresó su oposición a la ley: "No trae nada nuevo en relación a la trata de mujeres mayores de 18 años con fines de explotación de la prostitución ajena. Ratifica la reforma del Código Penal de 1999, que ha demostrado en la práctica su ineficiencia y facilitado la libertad de proxenetas y tratantes".

Para la Red "No a la Trata", la ley considera erróneamente dos formas de trata: una legal o legítima, cuando se refiere a personas mayores de 18 años y si no se prueba que hubo un vicio del consentimiento. "En la práctica significa que los delincuentes quedan en libertad". Por otro lado: una trata ilegal, que "penaliza a los delincuentes en los casos de personas menores de 18 años o (en el caso de mayores de esta edad) si el Estado o la víctima pueden probar que su consentimiento fue viciado".