El fiscal de Estado, Pedro Sin, anunció ayer que dejará el cargo a fin de mes. Aseguró que es porque quiere y no porque se lo pidió el gobernador Celso Jaque, aunque la decisión surgió luego de una arremetida del Gobierno en su contra, con sospechas incluidas de haber sido funcional a la gestión de Julio Cobos.
Esta avanzada justicialista se consumó ayer cuando Héctor Belavita, un ex legislador y ex funcionario peronista que compartió la Cámara de Diputados provincial con Jaque en los ´90, pidió formalmente a la Legislatura que se someta a un jury de enjuiciamiento a Sin por haber perdido un expediente judicial.
Hasta anoche, en el Gobierno decían que no habían recibido ninguna llamada del fiscal de Estado para comunicar su decisión.
Sin, que tiene 69 años y ha estado ocho al frente de la Fiscalía que debe controlar la legalidad de los actos del Gobierno y cuidar que no se atente contra el patrimonio provincial, aseguró ayer a radio Nihuil que venía planeando la renuncia hace mucho tiempo. "Desde el año pasado ya estaba decidido a irme", dijo.
Sin embargo, el fiscal dejó en claro que su actuación no ha sido cercana al cobismo. "Solamente hemos cumplido con las funciones nuestras. Nosotros hicimos muchas observaciones en muchos temas, como el transporte, en el que hicimos modificar decretos", afirmó.
Esta independencia de Sin respecto de la gestión anterior es sostenida por allegados de Cobos. "¿Cómo van a decir que nos ayudó, si le hizo la vida imposible al Julio?", dijo un hombre cercano al actual vicepresidente y ex gobernador.
El 27 de junio, Sin cumpliría ocho años como fiscal de Estado, desde que fue designado tras haber sido propuesto por el radical Roberto Iglesias en el inicio de su gestión.
El fastidio oficialista contra el fiscal se hizo manifiesto hace una semana y el portador del mensaje fue el secretario general de la Gobernación, Luis Alejandro Cazabán, un hombre de extrema confianza de Jaque, quien se quejó porque la Fiscalía de Estado no actuó con celeridad ante la denuncia que presentó el Ejecutivo por irregularidades en la licitación del área petrolera Pampa del Sebo, entre otros temas.
Para prescindir de Sin, según habían indicado allegados al Gobernador, había tres opciones: la renuncia, la jubilación o un jury (la única forma de echar a un funcionario con rango constitucional). Para evitar una salida forzada, el Ejecutivo estaba apurando un acuerdo con la Nación para seducir al fiscal con pagarle como jubilado el 82% de su sueldo actual, al igual que a los otros ocho funcionarios extrapoder de Mendoza (un beneficio que ya se otorgó a los jueces).
Pero antes de que se confirmara esta posibilidad, el abogado Belavita anunció, tal como publicó ayer Los Andes, que pediría el juicio político de Sin por el extravío de un expediente. Ese documento contenía el proceso de una acción civil planteada para resarcir con 236 mil pesos a dos familias de Rivadavia damnificadas por una irregular operatoria de vivienda. Los organismos estatales demandados son la Municipalidad y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Luego de cuatro años de desarrollo en el Juzgado Civil de Rivadavia, la pieza donde se acumulaban los actos en uno de los dos juicios desapareció en la Fiscalía de Estado en la etapa de los alegatos. Es decir, cuando la causa estaba por resolverse.
El mismo organismo de control reconoció la pérdida a través de Eliseo Vidart, subdirector de Asuntos Jurídicos, quien recomendó la reconstrucción del expediente. Pero para Belavita esto "es material y jurídicamente imposible".
Igualmente, ahora el camino está despejado. Sin dice que el 1 de junio estará en su casa y dejará el despacho en Casa de Gobierno. Por lo que Jaque y sus allegados ya piensan en el nombre de su sucesor, cuyo nombramiento debe ser aprobado por el Senado provincial.
En las declaraciones radiales de ayer, el fiscal sostuvo que en las próximas horas se reunirá con el Gobernador "a quien voy a poner al tanto de mi decisión". Sin embargo el titular de la Fiscalía dijo que "ya había hablado hace un tiempo" con Jaque y le había informado de su cansancio al frente de ese organismo de control por lo que "estaba esperando terminar con los papeles de la jubilación".
Sin tiene más de 40 años de servicio en el Estado provincial y en sus declaraciones expresó que su actuación al frente de la Fiscalía de Estado "no ha sido ni cercana ni lejana al cobismo, ni al iglesismo, ni cuando estuve la vez anterior como abogado jefe de la Fiscalía, ni con ninguno de los gobernadores tampoco".