El instituto religioso Antonio Próvolo (ubicado en Luján de Cuyo) fue durante años también la sede del infierno para varios chicos y adolescentes hipoacúsicos o sordos que sufrieron todo tipo de abusos sexuales perpetrados por 2 curas y 3 empleados administrativos (quienes hoy se encuentran detenidos).
Las 22 víctimas que ya habían sido confirmadas por el fiscal Fabricio Sidoti la semana pasada pasaron a ser 25 una vez consumadas las primeras rondas de Cámara Gesell que se hicieron entre el lunes y martes, y en las que salieron a la luz que al menos 3 personas más fueron blanco de “corrupción de menores” (una de ellas incluso también con indicios de abuso sexual con acceso carnal), según confirmaron fuentes judiciales.
“Hay 23 que ya declararon, pero aún faltan hacer 15 cámaras Gesell o más, de donde pueden surgir otras víctimas”, destacó el procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé.
Uno de los momentos más shockeantes en la instrucción judicial se vivió a última hora del martes, cuando uno de los chicos que asistía al instituto ingresó a la sala para dar su testimonio en calidad de testigo y, en medio de su declaración, indicó que había sido abusado por 4 de los imputados, para asombro de los presentes. Incluso la madre también se enteró en el momento. Su caso se transformó en el número 23 confirmado.
Según consta en la causa y con detalles aberrantes, los imputados obligaban a los chicos a practicar sexo oral, a tener relaciones entre ellos, les quitaban los audífonos durante los ataques y hasta se mencionan episodios de zoofilia.
Desde la ONG Xumek -una de las querellantes en la causa- adelantaron su intención de solicitar una inspección ocular en el establecimiento a fin de conocer en detalle cada uno de los rincones y poder así ubicar espacialmente la información y los detalles que se desprenden de las declaraciones de los denunciantes.
Más víctimas
Cada nuevo detalle que se conoce del caso Próvolo resulta más indignante y escalofriante, y evidencian la pesadilla que vivieron muchos de los chicos que dormían en el albergue ubicado en Boedo 385, Carrodilla.
Durante esta semana el fiscal Sidoti continúa realizando cámaras Gesell a posibles víctimas o testigos, y justamente en las que se habían desarrollado hasta ayer surgieron las 3 nuevas víctimas (una declaró haber sido sometida sexualmente), que engrosan el expediente de la investigación y agravan la situación de los detenidos.
A raíz de esta novedad, Sidoti solicitó que se las examine en detalle para determinar si hubo abuso anal o vaginal y a ello se suma que habrían aún más personas que han sido agredidas, según se desprende de los testimonios ya recabados. En prácticamente todos los casos estaría comprobado el delito de corrupción de menores, mientras que resta que se confirme cuántos abusos sexuales con acceso carnal se concretaron.
“Al tratarse de chicos con discapacidades, todas las declaraciones se toman por este tipo de cámara. No importa si son menores de edad o no”, explicaron a Los Andes fuentes de la investigación.
Otra situación atípica también se observó durante la tarde del martes en el intermedio de dos declaraciones y quedó constatada en la instrucción.
Una chica hipoacúsica confesó cómo una amiga le contó que había sido violada por el cura Nicola Corradi (82), pero aclaró que los sacerdotes “eran buenos” con ella. Cuando la testigo salió, se encontró con un conocido -que también presenta la misma discapacidad- en los pasillos y, tras saludarlo, una intérprete que estaba presente en el lugar observó que la chica le estaba indicando, mediante lenguaje de señas al otro testigo, que también dijera que los curas eran buenos.
Por este caso se encuentran detenidos en la cárcel de Boulogne Sur Mer desde el 30 de noviembre los religiosos Corradi -máxima autoridad del establecimiento- y Horacio Corbacho (56), además de los administrativos Jorge Bordón (50, monaguillo), José Luis Ojeda (41) y Armando Gómez (46) -estos dos últimos también son hipoacúsicos-. Los cinco están imputados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores”.
Pese a que Corradi y Gómez solicitaron el beneficio de la prisión domiciliaria, Sidoti rechazó ambos pedidos. Además, Corradi y Corbacho también están siendo investigados por episodios similares en la sede del Instituto Próvolo en La Plata.
Detalles aberrantes
Algunos de los actos a los que los chicos vulnerables fueron sometidos -de acuerdo a lo que ellos y sus familias han ido denunciando desde el 25 de noviembre- son macabros y hasta cuesta escucharlos o leerlos con lujo de detalles sin caer en la indignación y el desprecio.
El primero de los casos denunciados data de 2008 y tiene como víctima a un niño sordomudo que, por aquel entonces, tenía 9 años y que era obligado a practicar sexo oral a otro menor, quien luego abusó de él. Su madre hizo la denuncia en el momento, pero la causa se estancó en la Justicia. Hace menos de un mes, cuando estalló el escándalo, el adolescente que hoy tiene 17 años se presentó ante la misma Oficina Fiscal 15 para radicar nuevamente la denuncia.
Según se desprende de las declaraciones recientes, a varios de los menores que se quedaban albergados en el predio los obligaban a practicar sexo oral y a aquellos a quienes sometían sexualmente, les quitaban los audífonos mientras cometían los abusos.
Incluso, denunciaron que una chica fue atada a una reja para que no opusiera resistencia ante una violación y que la cocina fue escenario de otros tantos hechos de abuso.
También los chicos sostuvieron haber sido obligados a observar episodios desagradables, como una ocasión en la que uno de los imputados tuvo sexo con un perro en el lugar. Todos estos aberrantes hechos ahora intenta probar el fiscal de la causa.
Padres reclaman por asistencia oficial
Durante la mañana de ayer, los Padres Autoconvocados de chicos, jóvenes y adultos con discapacidad del Instituto Próvolo mantuvieron una reunión con la responsable del área de Salud Mental de la provincia, Elizabeth Liberal. En la misma solicitaron que el Gobierno conforme y articule el trabajo de los equipos interdisciplinarios para asistir y acompañar a las víctimas del Próvolo y a sus familias.
“Pedimos que haya dos profesionales rotativos presentes en todo momento durante las cámaras Gesell, porque los chicos salen muy golpeados anímicamente de la sala. El hospital Notti tiene recursos para asistir a víctimas de maltrato, pero la causa lleva más de 20 días y no nos ha atendido nadie. Hoy se han comprometido a eso y la reunión ha sido muy positiva”, destacó la presidenta del grupo, Alejandra Berlanga.
“Los padres están mal. Muchos de ellos se sienten golpeados y culpables porque los chicos durante mucho tiempo les transmitían su deseo de no ir al instituto y ellos eran quienes los mandaban”, destacó otra fuente de la causa.
