Ni 500, ni 300, ni 230. Sólo 50. Un salvataje de la Nación era la última carta de la gestión Pérez para desactivar una movilización de la vitivinicultura en la mañana de hoy que, desde los distintos oasis productivos de la provincia a Casa de Gobierno, con inédito apoyo de cámaras locales y hasta nacionales, promete ser multitudinaria.
Finalmente, la presidenta Cristina Fernández le aseguró a la provincia sólo $ 50 millones con “posible ampliación progresiva” del Tesoro para intentar enfriar la crisis vitivinícola. Una cifra insuficiente si se quiere quitar 200 millones de litros excedentes que presionan los precios y menos para debilitar un camionetazo que viene orquestándose desde la semana pasada por la falta de medidas y por otras, como el bloqueo de hasta el 40% del vino 2015, que generó casi unánime rechazo del sector.
Fernández, acompañada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, los ministros de Economía, Axel Kicillof, de Agricultura, Carlos Casamiquela, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, firmó “un acuerdo de colaboración para implementación de un fondo de financiamiento de la cadena de valor vitivinícola”, que implica transferir $ 50 millones a Mendoza Fiduciaria para la “absorción del stock”, con el compromiso de una contraparte de Mendoza y de San Juan. Además, reglamentó el Observatorio de Precios, a fin de”evitar conductas oligopólicas y fijar precios de referencia para proteger el interés de los consumidores”.
El ministro de Agricultura de Mendoza, Marcelo Costa, dijo que aunque ahora la Nación bajará $ 50 millones, el compromiso de la Presidencia es aportar los $ 500 millones solicitados en un principio, los que irán llegando en base a las necesidades.
Antes de partir a Buenos Aires, tanto Pérez como Costa sembraron pistas alentadoras respecto al salvataje financiero. Y a la confirmación anticipada de medidas sectoriales (renovación por un año del decreto que exime del 12% de impuestos internos a espumantes, y la implementación del Observatorio), le sumaron la promesa de un Fondo Anticíclico, reclamo que viene desde 2013.
En este contexto, el subsecretario de Industria, Martín Hinojosa, coincidió con Costa al argumentar que “las respuestas están, por lo tanto la marcha no tiene sentido”. Costa aclaró que además de los $ 50 millones de la Nación, ahora Mendoza aportará $ 50 millones más y San Juan otros $ 20 para formar un fideicomiso para comprar uvas, retirar excedentes y otorgar créditos de cosecha y acarreo. “La semana que viene llamaremos a licitación desde Mendoza Fiduciaria para sacar excedentes e incentivar la exportación”, prometió el ministro. También se acelerarán los reintegros de las exportaciones.
En un contexto previo y posterior de críticas por decisiones inconsultas, hubo un cambio de discurso. “Queda analizar en una mesa con entidades las mejores alternativas para ese dinero. También se evaluará si sigue la inmovilización del vino, y en qué porcentaje. Pueden reverse hasta la pauta para mosto”, admitió Hinojosa. En los días previos, Costa había reconocido “estar estudiando” un porcentaje que no supere 30% por considerarlo inconveniente. Un tema del que los mentores del camionetazo exigen definiciones.
Los planteos y los temores
En principio, con la noción de que llegarían no menos de $ 300 millones se analizaban varias vías para canalizarlo: la desnaturalización del vino excedente, un Fondo Anticíclico, un fideicomiso de compra y subsidios para exportar. Pero la confirmación de sólo $ 50 millones para recortar sobreestock con posibilidad de “ampliación progresiva” moderó esas opciones; pese a los anuncios posteriores debido a cierta desconfianza de que los fondos lleguen.
La variable precio es el quid de la cuestión. A priori, el Gobierno apostaba a un piso de $ 3 por litro de vino, pero el cálculo de productores da un valor hasta 50% mayor que, de no darse, pone en duda la conveniencia de cosechar.
Según un estudio de Acovi y la Asociación de Viñateros, un productor de 15 hectáreas debe vender su blanco escurrido a $ 4,08 para saldar costos variables. Pero endeudándose, trepa a $ 4,22.
En el caso del tinto genérico, la relación apunta a cobrar $4,50 y más de $ 4,60, respectivamente, para no tener rentabilidad negativa. De ahí la defensa de una propuesta en ciernes: activar un fideicomiso que pague por no cosechar.
“Ya no se trata de financiar cosecha: las bodegas hoy le piden al productor dinero por adelantado para elaborar. Y si pedís un préstamo no hay condiciones accesibles. Así está la crisis”, resumió Emiliano Palazzo, de la Federación de Cámaras Vitivinícolas.
No obstante, para Hinojosa hay que evitar que se destine dinero a no cosechar.
Sin embargo, cabe la duda sobre el impulso a las ventas al exterior, cuya caída explica en parte el sobre stock en el mercado interno y la depresión de los precios.
“El negocio está complicado y se da una situación parecida a la sufrida entre 1980 y 1990, cuando hubo un sobre stock muy grande. El equilibrio se da cuando las existencias alcanzan para 90 días de demanda, pero hay reservas para 270 días”, comparó Andrés Méndez, del CREA Aconcagua.
